COVID y el derecho a la libertad

Y pasó lo que muchos temíamos. Estados Unidos atraviesa su peor momento de la propagación del COVID 19, los últimos días ha marcado cifras récord con más de 200 mil contagios diarios lo que suman casi 15 millones de enfermos y acercándose rápidamente a 300 mil fallecidos. El coronavirus se ha desplazado por el país en distintas fases, ha ido de región en región, aunque los lugares más poblados son los que más están sufriendo.

El número de hospitalizaciones en un mes se han duplicado, las camas en las unidades de cuidados intensivos están casi al tope y lo que se viene son semanas muy duras y dolorosas. Es cierto que se logró contener los contagios gracias a las medidas estrictas de restricción de movimientos impuestas en los Estados más golpeados; sin embargo, al flexibilizarlas los expertos temen que en los próximos días se empiecen a notar aún mucho más dramáticamente los efectos de los desplazamientos y las reuniones familiares del puente de Acción de Gracias, que tuvo lugar la semana pasada, agregado a las celebraciones de fin de año.

Para nadie es un secreto que el gobierno del presidente Trump desde el inicio no le dio la importancia que ameritaba e incluso la minimizó al decir que era “un simple resfriado” y que iba a desaparecer muy pronto. Ni siquiera porque el propio presidente, su familia y cercanos colaboradores ha sido contagiados por el virus, se han tomado decisiones científicas para evitar los contagios, a la par de las restricciones impuestas por gobernadores estatales y acaldes de ciudades que, en algunos casos en lugar de incentivar por ejemplo el uso de las mascarillas, apelaban al derecho de libertad constitucional de usarlas, para reunirse o asistir a las iglesias de manera masiva, etc.

 Esta semana el director de los CDC, que es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuya responsabilidad a nivel nacional radica en el desarrollo y la aplicación de acciones para la prevención y control de enfermedades, salud ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud, declaró que  diciembre, enero y febrero serán tiempos duros y que “de hecho, que van a ser el momento más difícil en la historia de la salud pública de esta nación”.

Los CDC han pedido a que las personas viajen en Navidad y recomendaron, por primera vez, la utilización de máscaras en espacios cerrados diferentes al propio hogar y han advertido que el país ha entrado en “una fase de alto nivel de transmisión” a medida que las bajas temperaturas y la temporada vacacional empujan a las personas hacia los espacios cerrados, ya que los últimos estudios indican que cerca del 50% de la transmisión del virus se produce por personas asintomáticas.

Mientras que el presidente electo Joe Biden anunció que, cuando llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, pedirá a los ciudadanos que lleven máscara durante los primeros cien días de su mandato por lo menos de manera obligatoria y hasta donde alcance su competencia, como por ejemplo en edificios federales, viajes interestatales o transporte aéreo; el presidente Trump desde que perdió las elecciones el pasado 3 de noviembre, no ha realizado ninguna comparecencia pública significativa para abordar el agravamiento de la pandemia y está enfocado a no aceptar su derrota como era previsible, aduciendo un fraude inexistente aceptado incluso por sus más cercanos colaboradores de su gabinete.

En Estados Unidos la discusión va más allá del tema de salud. La Primera Enmienda de su Constitución que fue adoptada el 15 de diciembre de 1791, prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

Apelando a este mandato constitucional y en medio de esta pandemia muchas iglesias se negaron a cerrar, millones de personas se niegan a usar mascarillas a pesar de mandatos impuestos por sus gobiernos estatales y, otras tantas, se niegan a dejar de reunirse con otras, lo que hace mucho más fácil la propagación del COVID 19.

Por otro lado, si bien es cierto que el control global de la pandemia depende de las vacunas, una reciente encuesta en Estados Unidos arroja que solo un 51% está dispuesto a recibirla. El tema sigue siendo más político que científico y de salud, ya que la gran mayoría de los que dicen que no se vacunarán son seguidores de Trump y los pro vacuna son en general personas que votaron por Biden. De la vacuna no sólo depende la salud de más de 300 millones de estadounidenses sino del resto de la humanidad y, es que científicamente si 50 millones de esas personas no se vacunan el virus seguirá contagiando en forma masiva.

La guerra entre la pandemia y la campaña negacionista ha dividido a este país en dos. Por un lado, los que usan mascarillas y toman medidas de salud preventivas; y, por el otro los que creen que la libertad personal está por encima de todo, entre los que se encuentran algunos cristianos que rechazan las vacunas porque creen que la pandemia es parte del fin del mundo agregado al grupo que prefieren esperar y ver cómo reaccionan los que si se vacunarán.

El movimiento antivacunas en este país consiguió más de 8 millones de nuevos miembros este año y los “anti-vaxxers” constituyen una masa de 58 millones de personas en las redes sociales, con 31 millones de seguidores en Facebook y 17 millones en YouTube. Ellos creen que las vacunas traen mayores consecuencias negativas que ventajas y temen que la modificación genética en la que algunas de ellas están basadas, puedan hacer un daño irreversible al ser humano, sumándose así a campañas conspiratorias alucinantes. El Dr. Fauci, especialista en enfermedades infecciosas, estima que al menos tres de cada cuatro personas necesitarían ponerse una vacuna para alcanzar una inmunidad suficiente como para controlar la pandemia.

La “libertad” es un derecho humano individual indiscutible e inviolable, pero no debe usarse como excusa para atentar contra el derecho colectivo a la salud. El futuro de la humanidad depende de millones que acepten vacunarse y vacunar a sus hijos. Yo creo en la ciencia y por ello es por lo que asumí el compromiso de ser voluntario de la vacuna Pfizer, no me arrepiento y lo volvería a hacer de ser necesario para que mis hijas y sus hijos tengan la oportunidad de vivir en un mundo mejor.

Sobre Luis Felipe Polo

Doctor en Teología, MBA, docente y experto en resolución de conflictos y derechos humanos.
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