Mario Amoretti sobre prisión preventiva “Los jueces y fiscales tiene que aplicar el acuerdo plenario y las ejecutorias supremas”

24 de octubre 2019

ANÀLISIS DE CASOS JUDICIALES MEDIÁTICOS.-  El reconocido abogado penalista y jurista Mario Amoretti Pachas, analizò respecto de la solicitud de prisión preventiva para el caso de Melisa González y en lo que respecta al pedido prisión preventiva para el caso de los arbitrajes ilegales que habrìan favorecido a la empresa corrupta odebrecht en el que se encuentra comprendido 16 abogados, siendo uno de ellos Humberto Abanto Veràstegui, abogado de Jaime Yoshiyama razòn por la cual llamò la atención de la prensa.

CASO MELISA GONZALES G. 

El doctor Amoretti consideró respecto al caso de Melisa González G, que la aplicación de la prisión preventiva no ha tomado en cuenta el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia ni las ejecutorias supremas respecto a las consideraciones de arraigo y cuando es que una prisiòn preventiva deberìa ser aplicada.

En este caso, hubo sospechas graves infundadas por parte del Ministerio Pùblico, al considerar que una persona tiene arraigo cuando se acredita un lugar donde reside permanentemente, un trabajo, pero no se puede decir que “hay sospecha grave” por el hecho de que no sea casada y no tenga hijos. No se puede hacer distinciones donde la Ley no distingue. 

En lo que respecta al récord migratorio de salidas recurrentes del país  que fue otro argumento del Ministerio Público, el doctor Amoretti citó ejecutoria suprema respecto a un español que tenía domicilio en Perú y que su familia también radicaba en Lima, pero por razones de trabajo viajaba a España. En ese sentido, comentó Amoretti que la ejecutoria suprema sostuvo que el arraigo se da cuando se tiene un domicilio fijo, un trabajo. Esta ejecutoria suprema debió ser considerada para este caso.

Otros de los puntos débiles fueron la conclusiones de unas de las pericias, en el sentido de que no se puede decir “más allá de los razonable”  así no concluye una pericia, lo que se debe hacer es concluir sì utilizò o no la velocidad requerida. Hay que recordar que estamos frente a un homicidio culposo que ante la de falta de previsiòn, la cual no fue con el ánimo de causar un accidente, pero la consecuencia fue fatal, porque tuvo como resultado dos muertes y dos lesiones, entre ellos jóvenes a quienes se le privó su proyecto de vida.

El jurista además señalò que en estos casos, se pudo llegar a una terminación anticipada del proceso, que significa reconocimiento de culpabilidad, fijar una reparación civil y hasta podría haber tenido una condena suspendida. Recordar que el homicidio culposo fue un accidente no doloso.

CASO DE ARBITRAJES ILEGALES.– El jurista criticó  una vez más el mal uso del requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público y que los Magistrados deben respetar el ejercicio profesional y el debido proceso. No se puede aceptar tajamente la declaración de un aspirante a colaborador eficaz para sustentar la prisión preventiva. 

En ese sentido, hago un llamado al Colegio de Abogados de Lima, a los Colegios de Abogados del Perú para que se puedan pronunciar respecto a la defensa del ejercicio profesional y el debido proceso. Sí un abogado ha cometido un delito y está demostrado entonces se le aplica la Ley. Asimismo, consideró que uno de los árbitros comprendidos que salió fuera del país podría concebirse como una fuga. 

El criterio establecido en el acuerdo plenario es que se sigue una investigación en libertad y la prisión preventiva es una medida excepcional. No se puede utilizar la prisión preventiva para luego investigarlo, soltar información y luego te suelto. 

CASO LUCIANA LEÒN.- Luciana León es aún congresista porque es miembro de la Comisión Permanente. Si en esa condición, comete un delito común se necesita aprobación del pleno para investigarlos.

El allanamiento es parte de una investigación preliminar y ésta a su vez parte de una investigación preparatoria. En consecuencia, sí no hubo una aprobación del pleno del Congreso, es nulo todo lo actuado porque se violó el debido proceso. Al allanar la oficina parlamentaria 

Los miembros de la comisión permanente terminan su mandato el 26 de enero de 2020. Pero aquí hay que distinguir, la inmunidad parlamentaria es para lo casos en que un congresista haya cometido un delito en el ejercicio de función no para delitos comunes. Por ejemplo. Si Luciana León termina su mandato el 26 de enero de 2020, a los 30 días se vence su inmunidad, es decir, a partir del 01 de marzo de 2020, ella podría no solo ser investigada sino hasta detenida por delitos comunes. Por ejemplo “cohecho pasivo” que uno de los delitos que se le imputa. 

Pero en caso de que se le atribuya un delito en ejercicio de función, lo que se tendría que hacer es que formular una denuncia constitucional, acusación constitucional y el pleno lo decide, esto tendría que hacerlo de ser el caso, el próximo congreso 2020. “El antejuicio político”. En el caso de Luciana se le imputa tráficos de influencia, porque habría utilizado su cargo para beneficiar a un tercero”.

Por ejemplo, los Congresistas que cesaron con la disolución del Congreso, su inmunidad vence a los 30 días, es decir, el 30 de octubre, lo cual significa que a partir del 01 de noviembre los 103 exparlamentarios que no son miembros de la Comisión Permanente, pueden ser investigados sin privilegios incluso hasta detenidos.

CONDUCTORA Abog. Lesly LLatas Ramírez, especialista en derechos humanos.-

Quisiera para finalizar el Programa, decir que tanto el doctor Mario Amoretti y yo somos abogados con distintas especialidades pero nos une una misma vocación y en nuestro país tenemos exigir desde la perspectivas de nuestros derechos y deberes fundamentales, el respeto a la Constitución y a la Ley, el respeto a las normas y reglas de un debido proceso. La Constitución es la cúspide de todo nuestro ordenamiento jurídico, tenemos acuerdos plenarios, ejecutorias supremas, pronunciamientos del TC, es decir, contamos con doctrina, jurisprudencias y herramientas jurídicas como para entender, aprender y aplicar cómo y en qué casos debe formularse una prisión preventiva, no se puede perjudicar ni la dignidad ni la libertad de las personas ahì donde no hayan argumentaciones jurídicas sólidas.

Todo ciudadano que comete un delito ya sea por dolo o culpa, se le debe investigar pero con sujeción a un debido proceso. Sí nosotros nos exigimos ese respeto, entonces vamos a tener una “sociedad salvaje” que no se regla por normas ¿Entonces para qué tenemos un Estado de Derecho?.

Señores Miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, Señores Ciudadanos, Señores Miembros de los Colegios de Abogados del Perú. presten atención a todo lo que  viene sucediendo con todos los casos en la que hoy en día se hace más exigible la institucionalidad del debido proceso.

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