ECL.-  La  Sala de Primera Instancia IX de la Corte Penal Internacional («CPI» o «Corte») declaró a Dominic Ongwen culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el norte de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. El veredicto podrá ser apelado por cualquiera de las partes en el proceso dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo.

La Sala de Primera Instancia IX de la CPI, integrada por el Juez Presidente Bertram Schmitt, el Juez Péter Kovács y el Juez Raul Cano Pangalangan, analizó las pruebas presentadas y discutidas ante ella en el juicio y concluyó, más allá de toda duda razonable, que el Sr. Ongwen es culpable de los siguientes delitos:

1. ataques contra la población civil como tal, asesinato, intento de asesinato, tortura, esclavitud, atentados contra la dignidad personal, saqueo, destrucción de propiedad y persecución; cometidos en el contexto de los cuatro ataques específicos contra los campamentos de personas desplazadas internamente («campamentos de desplazados internos») Pajule (10 de octubre de 2003), Odek (29 de abril de 2004), Lukodi (el 19 de mayo de 2004 o alrededor de esa fecha) y Abok (8 de junio de 2004);
2. delitos sexuales y de género, a saber, matrimonio forzado, tortura, violación, esclavitud sexual, esclavitud, embarazo forzado y atentados contra la dignidad personal que cometió contra siete mujeres (cuyos nombres e historias individuales se especifican en la sentencia) que fueron secuestradas y colocadas en su casa;
3. Una serie de otros delitos sexuales y de género que cometió contra niñas y mujeres dentro de la brigada Sinia, a saber, matrimonio forzado, tortura, violación, esclavitud sexual y esclavización; y
4. El delito de reclutar a niños menores de 15 años en la brigada Sinia y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.

La Sala determinó que estos crímenes se cometieron en el contexto de la rebelión armada del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) contra el gobierno de Uganda. El LRA, incluido Dominic Ongwen, percibía a los civiles que vivían en el norte de Uganda como asociados con el gobierno y, por lo tanto, como enemigos. Esto afectaba en particular a quienes vivían en campamentos de desplazados internos establecidos por el gobierno.

La Sala determinó que Dominic Ongwen es plenamente responsable de todos estos delitos. No encontró pruebas que respaldaran la afirmación de que padeciera alguna enfermedad o trastorno mental durante el período al que se refieren los cargos, ni que cometiera estos delitos bajo coacción o amenazas. El Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, no prevé la pena de muerte; la pena puede ser de hasta 30 años de prisión (y, en circunstancias excepcionales, cadena perpetua) y/o una multa. Además, se abrirá una fase dedicada a la reparación a las víctimas.

l juicio en este caso se inició el 6 de diciembre de 2016. La Fiscalía y la Defensa concluyeron la presentación de sus pruebas. Los Representantes Legales de las Víctimas también citaron a testigos a comparecer ante la Sala. El 12 de diciembre de 2019, el Juez Presidente declaró el cierre de la presentación de pruebas en el caso. Los alegatos finales se presentaron el 24 de febrero de 2020. Los alegatos finales tuvieron lugar del 10 al 12 de marzo de 2020.

A lo largo de 234 audiencias, la Fiscalía de la CPI, Fatou Bensouda, presentó a un total de 109 testigos y peritos; el equipo de la defensa, dirigido por Krispus Ayena Odongo, presentó a un total de 63 testigos y peritos; y los representantes legales de las víctimas que participaron en el proceso convocaron a siete testigos y peritos. Los jueces garantizaron el respeto de los derechos garantizados por el Estatuto de Roma a cada una de las partes, incluido el derecho a interrogar a los testigos.

Un total de 4095 víctimas, representadas por sus asesores legales, Joseph Akwenyu Manoba y Francisco Cox, así como Paolina Massidda, respectivamente, han tenido derecho a participar en el proceso. Han expresado su postura sobre los asuntos tratados ante la Sala y se les ha autorizado a interrogar a testigos sobre cuestiones específicas.

La Sala de Primera Instancia emitió 70 decisiones orales y 506 decisiones escritas durante la fase de juicio. El expediente total, compuesto por los escritos de las partes y los participantes, y la decisión de la Sala, incluye actualmente más de 1760 escritos

 El 4 de febrero de 2021, la Sala de Primera Instancia IX  declaró a Dominic Ongwen culpable  de un total de 61 delitos que comprendían crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el norte de Uganda entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. El 6 de mayo de 2021, la Sala de Primera Instancia IX  condenó  a Dominic Ongwen a 25 años de prisión. El 15 de diciembre de 2022, la Sala de Apelaciones  confirmó  las decisiones de la Sala de Primera Instancia IX sobre la culpabilidad y la condena de Dominic Ongwen. La condena y la sentencia son firmes. El 18 de diciembre de 2023, el Sr. Ongwen fue trasladado a Noruega para cumplir su condena de prisión. El 6 de mayo de 2021, la Sala de Primera Instancia IX inició el procedimiento de reparaciones emitiendo una  orden de presentación de alegatos sobre reparaciones.

El 25 de marzo de 2025, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (“CPI” o “Corte”) emitió una orden programando la audiencia para emitir su sentencia sobre la apelación del Sr. Dominic Ongwen  contra la decisión de la Sala de Primera Instancia IX titulada “ Orden de Reparaciones ” en audiencia pública el lunes 7 de abril de 2025 a las 14:30 (hora local de La Haya).

El 28 de febrero de 2024, la Sala de Primera Instancia IX de la CPI fijó la responsabilidad financiera del Sr. Ongwen en 52.429.000 EUR y ordenó reparaciones colectivas basadas en la comunidad centradas en la rehabilitación y medidas simbólicas/de satisfacción, consistentes en programas de rehabilitación colectiva, así como una indemnización simbólica de 750 EUR para todas las víctimas elegibles y otras medidas simbólicas comunitarias.

La Sala de Apelaciones que decide sobre esta apelación está integrada por la Jueza Solomy Balungi Bossa, Jueza Presidenta, la Jueza Tomoko Akane, la Jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, el Juez Gocha Lordkipanidze y el Juez Erdenebalsuren Damdin.

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