Sobre el fallo de la demanda competencial del TC

En el derecho por supuesto que las formas cuentan, sobre todo cuando se trata de sustracción de la materia, donde al juez no le queda otro camino que declarar improcedente la demanda al haber desaparecido los supuestos jurídicos de la demanda, pues de ocurrir lo contrario, más aun de fallar sobre otro hecho que no corresponde a la materia en disputa simplemente cae en prevaricato. En materia procesal constitucional, tratándose de un proceso competencial donde está en disputa competencias y atribuciones entre dos órganos públicos, la sustracción de la materia implica que los supuestos jurídicos que motivaron la demanda ha desapercibido o no llego a concluir su ciclo para efecto de demostrar su realización, de tal forma es un despropósito creer que el juez constitucional está obligado a pronunciarse, declarando fundada o infundada dicha demanda.

Que el órgano público, a través de su procurador no presentó una segunda demanda sobre un hecho distinto, a pesar de ser parecida a la primera, es responsabilidad de él, más no del juez constitucional. Que fue una oportunidad para regular la incapacidad moral permanente, es relativo, pues no puede suplir el rol del poder constituyente reformador ni del legislador positivo, salvo el de ser supremo interprete de la Constitución, sin embargo, dicho rol debe hacerlo cuidando las formas, siempre y cuando exista una litis en curso.

Así funcionan las cosas en un sistema constitucional garantista.

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