El gobierno de Pedro Castillo no ha cedido en sus objetivos políticos, no ha declinado en su propósito de convocar a una Asamblea Constituyente y ante la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso; se pudo comprobar como desde el exterior, partidos y organizaciones afines ideológicamente a Perú Libre no tuvieron reparo en respaldar explícitamente a Pedro Castillo y denunciar ante la comunidad internacional, los intentos de la «ultraderecha peruana» de promover un «Golpe de Estado» en nuestro país.
El llamado «socialismo del siglo XXI», el «Foro de Sao Paulo» y el «Grupo de Puebla» responden a una dirección política que no duda en respaldar a la dictaduras de la Habana, Managua o Caracas por un lado o a gobiernos signados por la corrupción y la ineficiencia, como el de Alberto Fernández en la Argentina o Pedro Castillo en el Perú. La injerencia política se pone de manifiesto, no como la expresión de gobiernos y partidos amigos; sino como la demostración de un activismo político sin límites, que en el caso de Evo Morales tiene su máxima expresión.
El ex presidente de Bolivia, fue recibido como si aún fuera Jefe de Estado, en la ceremonia oficial de transmisión de mando del 28 de Julio, viene visitando nuestro país para promover organizaciones políticas y sindicales integrantes del MAS de Bolivia y como líder cocalero promueve un trabajo conjunto con las organizaciones cocaleras en nuestro país.
El proceso político en América Latina, debe ser analizado desde varias perspectivas, no se puede soslayar la necesidad de promover una confrontación política e ideológica con los partidos políticos, que desde una lectura neomarxista de nuestra realidad, no sólo se han propuesto ganar elecciones, sino sobre todo la toma del poder, el control político de las instituciones militares y policiales, como a la vez someter a jueces y fiscales bajo el imperio de gobiernos autoritarios. Perú Libre y el M.A.S. de Bolivia supuestamente pretenden estrechar los lazos entre los pueblos altoandinos; sin embargo sus objetivos comunes están orientados a la ampliación de los cultivos de hojas de coca, la expulsión de la DEA, el fortalecimiento de economías cocaleras estrechamente vinculadas al narcotráfico internacional. No pretenden integrar nuestras fronteras, buscando la integración de ambos países a un proyecto político autoritario; los lazos políticos entre Pedro Castillo y Sendero Luminoso no han sido desvirtuados, tampoco puede descartarse que los sectores disidentes de la FARC en Colombia (opuestos a los Acuerdos de Paz) mantienen vínculos con las organizaciones cocaleras de Perú y Bolivia.
No estamos ante la insurgencia de los pueblos originarios, tampoco ante el clamor de quechuas y aymaras por libertad y mejores condiciones de vida; todo lo contrario, nos enfrentamos a proyectos políticos de signo autoritario, que no tienen reparo en promover el narcotráfico.
El gobierno de Pedro Castillo en un primer momento optó por designar como Ministro de Relaciones Exteriores a Héctor Béjar, quedando en evidencia la aproximación de Torre Tagle a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia y la virtual desaparición del «Grupo de Lima». La renuncia de Héctor Béjar y la designación del Embajador Maúrtua de Romaña, no ha representado un giro significativo en la política exterior peruana; más aún cuando se observa como los lazos políticos con los gobiernos de la Paz y Caracas se han afianzado recientemente.
El Ministro de Relaciones Exteriores debe informar ante el Congreso, los alcances de lo tratado por los presidentes Castillo y Arce (hace unas semanas) en materia de acuerdos energéticos y en lo que concierne a las aspiraciones bolivianas por lograr una salida soberana al mar.
El Perú debe afirmar su soberanía, nuestra política exterior debe convertirse en instrumento al servicio de una mejor inserción de nuestra economía a los mercados internacionales; sin desvirtuar la genuina vocación integracionista del Perú como parte de la comunidad latinoamericana.
La democracia descansa en la separación de poderes, el Congreso como primer poder del Estado debe exigir que el Canciller Maúrtua comparezca ante la representación nacional, para que detalle la naturaleza de las sucesivas visitas a nuestro país, que viene realizando el ex presidente Evo Morales; la injerencia política es inaceptable y no puede ser presentada como parte de las relaciones políticas entre partidos políticos afines.
Evo Morales pretendió ser reelecto de forma fraudulenta en Bolivia, el gobierno de México (López Obrador) le concedió asilo, posteriormente lo hizo el de Argentina (Alberto Fernández); nunca respeto las normas de conducta de un asilado, por que tuvo la complacencia de gobiernos que forman parte del «Grupo de Puebla» y desde el exterior siguió haciendo activismo político, para respaldar la candidatura presidencial de Luis Arce en Bolivia. Evo Morales se sigue sintiendo presidente de Bolivia, seguramente postulará en las próximas elecciones generales; hoy pretende convertirse en un referente de la política nacional, con la complacencia del gobierno de Pedro Castillo. Los pueblos tienen derecho al bienestar, bajo los signos de la libertad; América Latina hoy no es acechada por la guerrilla alentada por el gobierno de la Habana, ni puesta en jaque por el terrorismo de Sendero Luminoso o el de los «tupamaros uruguayos»; sin embargo la tarea política y la confrontación ideológica no puede cesar; más aún cuando se observa que los líderes del «socialismo del siglo XXI» desarrollan un trabajo de organización y proselitismo político en toda la región.
El discurso tiene matices y se expresa en liderazgos con poca energía como el de López Obrador en México, desafiantes y altisonantes como el de Nicolás Maduro, grotescos como el de Daniel Ortega en Nicaragua, reivindicativo como el de Evo Morales, demagógico como el de Cristina Fernández; sin dejar de mencionar a Lula que postulará el próximo año a la presidencia de Brasil. En pocos días se realizará la segunda vuelta electoral en Chile y el próximo año elecciones en Colombia; siendo los candidatos Boric y Petro, las cartas políticas, más allá de las diferencias, que son respaldadas por los líderes del «socialismo del siglo XXI».
El gobierno de Pedro Castillo no merece la confianza ciudadana, el desgobierno y la corrupción no tienen límites y por ello el hacer política exige que confrontemos ideológicamente con los partidos y movimientos que impulsan proyectos autoritarios en el Perú y en nuestra región.