La conflictividad en la región sufre uno de sus momentos más candentes de su historia, lejos incluso de las luchas contra las dictaduras militares de los años setenta que reclamaban el retorno a los sistemas democráticos. Hoy es imprescindible y necesario que los gobiernos escuchen a la población y den una respuesta realista que pueda servir para la pacificación social.

A las no atendidas causas de los conflictos sociales en la región como son los problemas de tierras, temas laborales, reivindicaciones gremiales, reconocimientos a los pueblos indígenas, violaciones a los derechos humanos de las mujeres, exclusión y discriminación a la diversidad social, violación a los derechos políticos, acceso a la justicia, etc. se agregan las demandas para que desde los gobiernos haya respuestas por las crisis que ha ocasionado la pandemia y además en algunos países las crisis políticas por acciones de sus propios gobiernos.

Ya no es como en décadas pasadas cuando la clase obrera y el campesinado eran los actores centrales de la movilización social, hoy vemos en las calles especialmente a jóvenes, minorías étnicas, mujeres, estudiantes, artistas, profesores, grupos feministas, desempleados, adultos mayores, etc. quienes asumen una identidad de grupo para demandar cambios a todo nivel. La diversidad de actores, los diferentes medios para ejercer la protesta y las variadas demandas hacen que su trato desde los gobiernos sea muy complicado, agregado a que no hay en la mayoría de los casos ni voluntad ni estrategia para manejar la conflictividad.

Las sociedades están cansadas y han llegado al hartazgo que las promesas electorales de sus gobiernos no son cumplidas, hay un malestar social -muchas veces incomprendido desde algunos sectores- no solo por la necesidad de insistir en las demandas básicas recurrentes, sino también por aquellas en que los tiempos en que vivimos son necesarias para sus habitantes.

Las ultimas movilizaciones sociales en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Brasil, Puerto Rico, Republica Dominicana y México responden también al uso de la digitalización universal, ya que a diferencia del pasado donde las protestas eran organizadas a través de reglamentos de los sindicatos, hoy basta con un mensaje a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp o Instagram para que las movilizaciones convoquen en corto plazo o mejor organizadas a miles de personas.

La mayoría de los países de América Latina son gobernados con una “bomba de tiempo permanente” llamada conflictividad social, esperando a que explote para que los gobiernos usen métodos violentos para combatirlos. No existe país en la región que tenga como política de Estado la prevención de la conflictividad social.

Por otro lado, y bajo los principales estándares nacionales e internacionales, los estados deben de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social que es una combinación entre la libertad de expresión y del derecho a reunión; sin embargo, los estados responden con el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la tortura y malos tratos, que violan las convenciones ratificadas por los mismos estados sobre la protección de los derechos humanos.

Ante un panorama preocupante en América Latina de la creciente conflictividad social, es necesario que los Estados adopten una serie de medidas no para combatirlos, sino para prevenirlos. El derecho internacional contiene innumerables Convenciones que han sido ratificadas por los Estados y como tal tiene que ser incorporadas a su derecho interno.  América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y el descontento popular crece cada día. Los Estados no pueden seguir pasivos ante esta problemática.

Sigo pensando que es imprescindible contar con una Convención Interamericana para la Prevención de la Conflictividad Social, que permita a la región salir de la crisis social para en primer lugar entender y atender las demandas básicas de la población; y, en segundo lugar, para incorporar a la sociedad civil en estrategias de prevención de los conflictos sociales. Al final se un gana-gana para todos.

Una Convención Interamericana para la Prevención de Conflictos Sociales, debe de contener acciones para 1. Prevención de los Conflictos Sociales. 2. Capacitación a funcionarios de los gobiernos local, regional y nacional para la prevención de los conflictos sociales y, 3. Leyes modelo para una Política de Estado de prevención de los conflictos sociales. No debe concentrarse “qué hay que hacer” sino en el CÓMO, en el CUÁNDO y en el QUIÉNES, para ayudar a los estados en aterrizar, focalizar, concretar y pongan en práctica medidas para evitar la conflictividad social en los países. Se necesita un punto de partida, la triste experiencia de los actuales países con conflictos sociales debe servir de marco generador para esta Convención.

Es necesario que las organizaciones internacionales en lugar de emitir simples comunicados de prensa condenando hechos violentos o de violaciones a los derechos humanos que todos los condenamos vengan de donde vengan, asuman su real compromiso de ser artífices de liderar esfuerzos pacificadores y de dialogo político y social; y, de esta forma ayudar a los estados a adelantarse en buscar soluciones a las justas demandas sociales.

Los estados tienen la obligación de buscar salidas consensuadas a sus crisis y enfocarse por ahora en evitar más muertos y contagios por la pandemia que vivimos, pero también crear planes y acciones reales para mitigar y prevenir más daños a la población y la única manera es no aprovechando la pandemia para hacer de sus gobiernos lo que les venga en gana.

Hasta la próxima semana.