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ECL. Secuencias de protestas sociales con situación de violiencia ha despertado la alarma ante los organismos interncianales regional y global. En el caso de Francia, el movimiento social comenzó el 17 de septiembre de 2026 como una protesta de estudiantes de secundaria en Créteil por la falta de docentes y el deterioro de la educación pública. En el lapso de cuatro semanas, la movilización evolucionó hacia un descontento social generalizado por el alto costo de vida y la falta de respuesta gubernamental, desembocando en violentos disturbios e implementación de toques de queda por parte del Ejecutivo.
- 17 de septiembre: Alumnos del liceo Saint-Exupéry en Créteil (región parisina) inician el bloqueo de su instituto en respaldo a profesores en huelga por plazas docentes no cubiertas y malas condiciones de estudio.
- 29 de septiembre: Se realiza una primera huelga general en la educación pública; los bloqueos se extienden a más de 400 liceos en todo el país con el apoyo de padres y funcionarios.
- 1 de octubre («Acto II»): Las protestas se extienden a universidades y grandes ciudades como Lyon, Marsella, Lille, Nantes, Estrasburgo y Toulouse. El Gobierno crea una unidad de crisis.
- 6 de octubre («Acto III»): Marchas masivas reúnen a entre 250.000 y 450.000 manifestantes. Las protestas suman la indignación por la violencia policial tras resultar gravemente herido un estudiante de 15 años en Lens.
- 10 de octubre: El Ejecutivo promete desplegar 3.000 profesores suplentes y restringir el uso de ciertas granadas policiales, medidas que los manifestantes rechazan por considerarlas insuficientes.
- 13 de octubre («Acto V»): Masivas marchas nacionales reciben el respaldo de dirigentes políticos como Jean-Luc Mélenchon y generan intensos debates parlamentarios.
- 17 de octubre: La protesta alcanza su punto máximo al sumarse el movimiento de los «chalecos amarillos». Pese a movilizaciones pacíficas, la jornada registra saqueos a comercios e incendios de edificios públicos, entre ellos la alcaldía de Limoges.
- 19 de octubre: El primer ministro Sébastien Lecornu decreta toques de queda parciales y localizados en París y grandes ciudades, luego de que el presidente Emmanuel Macron exigiera firmeza ante los desmanes.
La representación de derechos humanos subrayó que la libertad de asamblea es un pilar fundamental en las sociedades democráticas que los Estados deben proteger. A pesar de condenar firmemente los actos vandálicos, saqueos e incendios provocados por grupos minoritarios, la ONU y el Consejo de Europa recordaron que los incidentes aislados de violencia no privan al resto de la ciudadanía de su derecho constitucional a protestar.
Los organismos internacionales manifestaron especial alarma ante las cifras de aprehensiones y la gravedad de las lesiones registradas entre los manifestantes. Se instó a revisar las tácticas antidisturbios empleadas por las fuerzas de seguridad, remarcando que cualquier uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario, proporcional y orientado a minimizar daños.
Frente a las movilizaciones impulsadas por el aumento en el costo de vida y las deficiencias presupuestarias en la educación pública, la ONU y las organizaciones sociales enfatizaron que la salida a la crisis no debe ser únicamente policial ni punitiva, sino política.
Se hizo un llamado a establecer un diálogo directo con estudiantes y sectores laborales para abordar sus demandas mediante compromisos presupuestarios y reformas concretas
El cerco a la ciudad yemení de Taiz amenaza con provocar una catástrofe humanitaria, mientras el Alto Comisionado para los Derechos Humanos condena la violencia en las protestas de Albania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal y exige investigar el uso excesivo de la fuerza. La agencia de la salud publica el primer análisis global sobre las desigualdades en las enfermedades no transmisibles, que causan el 75 % de las muertes en el mundo: los pobres y las personas con menos educación tienen peor salud. Y expertos de la ONU denuncian la celebración de festejos en el antiguo centro de tortura de Colonia Dignidad, en Chile. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha expresado su alarma por el cerco de Taiz por parte de las autoridades de facto en Yemen. Türk ha denunciado que el cierre de la única ruta de suministro que conecta Taiz con Adén está poniendo en grave riesgo a los civiles, bloqueando la ayuda humanitaria y cortando los suministros esenciales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre las protestas masivas en Albania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. Türk ha condenado todos los actos de violencia y ha pedido rebajar las tensiones. «La gente tiene derecho a protestar pacíficamente y a que su voz sea escuchada. Los Estados deben facilitar estos derechos», ha afirmado.
Türk se ha mostrado preocupado por los informes sobre un uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, incluidos niños, y ha exigido investigaciones rápidas, efectivas e independientes. También ha instado a los Estados a dialogar con los manifestantes, especialmente los jóvenes, y a abordar las preocupaciones sobre educación, servicios públicos, vivienda, coste de la vida y desigualdad.
- Despliegue militar: Se aprobó el envío de 500 efectivos del Ejército italiano a Milán para reforzar las labores de patrullaje de la Policía y los Carabinieri dentro del marco de la operación pública Strade Sicure (Calles Seguras).
- Declaraciones oficiales: Meloni condenó firmemente los desmanes, señalando que «manifestarse es un derecho, pero destruir ciudades no lo es», calificando a los responsables de «matones que aprovechan marchas legítimas para sembrar el caos».
- Arresto diferido (arresto differito): Permite a las autoridades detener a sospechosos horas o días después de las manifestaciones basándose en la identificación por grabaciones de cámaras de seguridad y redes sociales.
- Sanciones sobre menores: Se endurecen las penas penales para menores involucrados en destrozos en la vía pública y se extienden responsabilidades administrativas a los padres.
- Tipificación de daños agravados: Se fijan penas de prisión obligatorias para actos de devastación y saqueo durante reuniones públicas.
El impacto de las protestas sociales de octubre de 2026 en Francia sobre la Unión Europea (UE) y el Consejo de Europa se ha centrado en dos frentes principales: la protección de los derechos fundamentales y el uso proporcional de la fuerza, por un lado, y las limitaciones del marco fiscal comunitario, por el otro.
El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, declaró formalmente que «el derecho a la manifestación pacífica es un derecho fundamental en todos los países democráticos y debe ser protegido».Condena categórica de la violencia: Al mismo tiempo, la Comisión califica de «inaceptables» los actos de violencia, saquéo, incendios provocados y ataques contra personas o edificios públicos cometidos durante los disturbios. Presión sobre las reglas fiscales europeas: Reportes de análisis económico como los publicados por Al Jazeera destacan que la crisis deja al Ejecutivo francés con escaso margen de maniobra. Francia presenta un déficit público del 5,1% de su PIB, muy por encima del promedio del 3,1% de la Unión Europea, lo que restringe la capacidad del Estado francés para emitir cheques o subsidios sociales sin transgredir los límites presupuestarios comunitarios.
El Consejo de Europa enfatiza que la respuesta de las autoridades debe garantizar que todo uso de la fuerza policial sea estrictamente necesario, proporcional y enfocado en minimizar daños, expresando especial preocupación por las cifras de detenciones y lesiones graves sufridas por manifestantes jóvenes y menores de edad.
Los organismos internacionales expresaron su alarma ante el saldo de más de 6.800 personas detenidas (de las cuales el 86% son menores de edad de entre 15 y 18 años) y el uso de armamento antidisturbios como granadas aturdidoras (blast balls), que causaron mutilaciones y heridas graves a estudiantes.
