La Carta Democrática Interamericana adoptada en Lima en el 2001, es una Resolución de la Asamblea General de la OEA, que condensa las necesidades de conjugar el principio de no intervención, con la necesidad de afrontar los quiebres democráticos, no siendo un tratado, su aplicación y vigencia se basa en la legitimidad política que le asiste, desde su origen, pues respondió a un mandato de los presidentes de las Américas.

En ella, se establecen los principios esenciales de la democracia y especifica las acciones que se pueden adoptar para defenderla, siendo la máxima sanción la suspensión del Estado ante la organización, que sólo puede aprobar la Asamblea General por una mayoría calificada, como ocurrió con Honduras el 2009.

La Carta Democrática ha sido aplicada en sus dos décadas de vigencia en una diversidad de ocasiones, veinte en concreto. Cuando se resume el accionar de la OEA a través de la designación de una Misión de Observación o de Alto Nivel se aprecia tres tipos de intervenciones: la gestión de los golpes de estado, la prevención de las alteraciones constitucionales y, la supervisión del proceso democrático.

En todas ellas vamos a tener un patrón de conducta, se suele  fomentar una Mesa de Negociación y Acuerdos, o una Mesa de Diálogo, donde el objetivo va a ser la búsqueda de una salida a la crisis pacífica, electoral, democrática y constitucional, con una participación del amplio espectro de los representantes de la sociedad, donde se acuerda como mecanismo de salida al conflicto político, la realización de una reforma constitucional y/o la realización de un referéndum, Casos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua (precisando que en éste último ejemplo lo que se tiene es el pedido de retiro de la OEA presentado por el Presidente Ortega).

Dicho esto, cuando se dictó la Carta Democrática la composición política del continente era otra, hoy se utilizan las normas para el auto golpe, cuando no para preservar las dictaduras y, se vive una instrumentalización del paradigma democrático en función a un determinado contenido político.

La Misión de Observación compuesta mayoritariamente por Cancilleres en funciones, genera la impresión de venir a proteger al Presidente Castillo, aliado de los paises que representan, y hasta con el informe final elaborado. Espero que los funcionarios de la OEA que los asesoran, eviten que ello ocurra, procurando que en los dos días de la visita oficial tomen un real conocimiento de lo que acontece en el Perú, donde hay una crisis de gobernabilidad propiciada mayormente por la falta de capacidad del poder ejecutivo para cumplir con sus funciones de desarrollar políticas públicas y servicios ciudadanos, cuando no por evitar responder ante las acusaciones de corrupción que rodean al presidente y su entorno mas cercano.

Espero que la Misión de Observación no se transforme en un instrumento presidencial, para lograr a través de una Mesa de Diálogo la imposición de una asamblea constituyente que propugna desde sus días de candidato, y que no ha sido aceptada por las instancias constitucionales nacionales

Fuente/ Diario El Comercio