En el día de la Mujer, la lucha continúa.

A diferencia de los años anteriores, este 8 de marzo que se conmemora el “Dia Internacional de la Mujer” nos encuentra en una situación complicada para la humanidad y particularmente difícil para las mujeres ya que la pandemia ha hecho que muchos de sus derechos alcanzados se hayan detenido lo que nos reta a recuperar el camino por la igualdad de los mismos.

La base de datos Mujer, Empresa y el Derecho del Banco Mundial del 2020, presenta datos sobre las leyes y reglamentos que afectan a la inclusión económica de las mujeres en 190 países. Las categorías temáticas que aborda incluyen movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, maternidad y paternidad, empresariado, activos, jubilación.

En este informe se muestra que las mujeres sólo tienen tres cuartas partes de los derechos legales concedidos a los hombres en términos de seguridad económica, crecimiento profesional y conciliación entre la vida laboral y familiar y, concluye que cuando la ley garantiza mayor igualdad de oportunidades económicas entre las mujeres y los hombres, la participación de las mujeres en el mercado laboral es mayor.

De 190 países que entraron en el estudio y análisis se concluye que en 115 se garantiza un permiso de maternidad pagado de 14 semanas o más, aunque sólo en 97 de estos países el Estado se encarga de cubrir la totalidad del permiso; y, sólo hay 38 países que prohíben el despido de trabajadoras embarazadas.

En 102 países no existe legislación que obligue a la igualdad salarial por un trabajo del mismo valor. En 43 países, los descendientes no tienen los mismos derechos sucesorios sobre la herencia familiar, y en 44 países las viudas no tienen los mismos derechos sucesorios que los viudos para heredar los bienes de su cónyuge fallecido.

Por otro lado, la reconocida encuesta World Values Surveys analiza las opiniones de la ciudadanía en 60 países sobre algunos de los factores determinantes de la participación económica de las mujeres. Concluye que el 43,5% de los hombres y el 41,7% de las mujeres creen que un niño de preescolar sufrirá si su madre trabaja; 21,5% de los hombres y el 16% de las mujeres piensan que la educación universitaria es más importante para un niño que para una niña; 36,9% de los hombres y el 26% de las mujeres piensan que los hombres son mejores que las mujeres en los cargos directivos de las empresas; 63,5% de los hombres y el 62,9% de las mujeres consideran que ser ama de casa es tan satisfactorio como realizar un trabajo remunerado; 36,6% de los hombres y el 30,2% de las mujeres piensan que, cuando los puestos de trabajo son escasos, se debe dar prioridad a los hombres para acceder al empleo y prescindir de las mujeres; 37,1% de los hombres y el 36,3% de las mujeres piensan que, si una mujer gana más dinero que su marido, es probable que esto genere problemas; y, 19,6% de los hombres y el 18,8% de las mujeres se declaran como miembros activos de un sindicato.

La base de datos de la Unión Interparlamentaria (UIP) sobre mujeres parlamentarias, ministras y mujeres en las altas esferas del Gobierno, sobre carteras femeninas y cuotas electorales, señala que, en el 2020 en todo el mundo, las mujeres representaban el 24,9% de parlamentarios, el 20,5% de los portavoces parlamentarios, el 20,5% de los vicepresidentes, el 6,6% de los jefes de Estado y el 6,2% de los jefes de Gobierno.

La pandemia que ha golpeado muy fuerte a América Latina, un informe del Banco Mundial para la región señala que, en 13 países al inicio de la crisis, las trabajadoras tenían un 44% más de probabilidades que los hombres de perder sus trabajos. Y a medida que los trabajadores temporalmente desempleados han comenzado a reincorporarse al mercado laboral, la pérdida de puestos de trabajo persistió más entre las mujeres: el 21% de las mujeres ocupadas antes de la pandemia reporta haber pedido su trabajo. Este estudio estima que mantener las brechas de género en la participación laboral y la educación podría costarle a América Latina y el Caribe en promedio cerca del 14% del PIB per cápita en las próximas tres décadas.

Mientras que en Europa la crisis que ha dejado la pandemia ataca con más fuerza a las mujeres. Una investigación publicada por el Parlamento Europeo hace dos semanas recordaba que los patrones de segregación sectorial y ocupacional por sexos hacen que la exposición al coronavirus sea desigual. Ahí nace la primera brecha. «Está claro que la exposición al virus es especialmente elevada para los trabajadores de los sectores sanitario y asistencial», donde se encuentra el personal de hospitales, residencias y atención domiciliaria. Según las estadísticas del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), las mujeres constituyen el 76% de los 49 millones de trabajadores sanitarios de la Unión Europea y el 82% de quienes se dedican a la asistencia domiciliaria formal. Sin contar con los cuidados informales, la eterna doble jornada que asumen las mujeres en la privacidad del hogar –el 70% de las tareas domésticas las asumen las mujeres, según el Instituto de la Mujer–.

Según el Parlamento Europeo, las crisis y epidemias pasadas «se asociaron con un aumento de los niveles de violencia contra las mujeres y los niños» y en este caso el confinamiento ha generado «el aumento de la violencia doméstica» como «consecuencia no deseada de los encierros». Hay muchas razones, expone la investigación, por las que las cuarentenas pueden aumentar los riesgos de violencia doméstica y abusos. «Las víctimas están confinadas con los maltratadores y aisladas de las redes de apoyo y tienen menos vías de escape», pero además «los agresores pueden aprovechar las medidas de encierro de poder y control”, vigilando el uso de los teléfonos y las computadoras.

En el Dia Internacional de la Mujer reafirmemos el compromiso de la lucha por la igualdad de derechos que sigue estando postergada por las sociedades patriarcales, machistas y discriminatorios que no entienden que todos los seres humanos somos iguales. La lucha continúa.

Hasta la próxima semana.

 

 

Sobre Luis Felipe Polo

Doctor en Teología, MBA, docente y experto en resolución de conflictos y derechos humanos.

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