El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen  que contiene  proyectos de Ley 5905-2020-CR y otros sobre «Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de a enfermedad por coronavirus SARS-Cov-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud», por 92 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones.

El debate que tuvo lugar con la participación de legisladores de distintas bancadas, dio como consecuencia el nuevo texto sustitutorio, presentado por el presidente de la Comisión de Salud y Población, Omar Merino López (APP), en el que se eliminó el carácter obligatorio de la vacunación, respondiendo al pedido coincidente de todos los que hicieron uso de la palabra.

El congresista Posemoscrowte Chagua Payano (UPP), autor del pedido de la reconsideración de la primera votación del texto anterior, sostuvo, además, que la vacunación no debe ser condicionante para cualquier trámite sea de carácter legal, educativo, laboral, tanto en el sector privado como en el público.

La congresista Martha Chávez Cossío (NA) cuestionó que la iniciativa, en el texto original, planteaba la comercialización de la vacuna, cuando debería ser gratuita.

Los congresistas Jorge Pérez Florez (SP), Edwin Tito Ortega (FP) y Alfredo Benites Agurto (Frepap), entre otros, llamaron la atención sobre que la nueva vacuna se encuentra en estado experimental, Fase III, y que en esas condiciones no podía ser obligatoria.

Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) consideró necesario que se informe a la población de los efectos colaterales que pudieran producirse y a los que estarían expuestos. “La población tiene el derecho a negarse que se le administre la vacuna, si considera que no es conveniente”, anotó.

En esa línea también se manifestó la congresista Tania Rodas Malca (APP), quien planteó que la vacunación debe ser voluntaria, facultativa, no condicionante e informada.

Por su lado, el congresista Orestes Sánchez Luis (PP) demandó que la vacuna contra el virus tenga la debida certificación y que esté en la fase IV, es decir, con estudios concluidos.