Reacciones frente a la devolución de aportes de la ONP: Entérate aquí sobre la presentación de la acción de inconstitucionalidad “Un lío tremendo”

Presentación de la demanda de inconstitucionalidad.-

De acuerdo con la nota publicada por el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Transición de Francisco Sagasti, finalmente presentó  la demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la Ley 31083, que decreta la devolución de los aportes de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La denuncia fue interpuesta por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, argumentando que la referida norma afecta una serie de normas constitucionales.

Entre sus principales argumentos es el hecho de que la  norma aprobada por insistencia  por el Congreso de la República, atenta contra el derecho a la pensión, la intangibilidad de los fondos, y que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Los artículos 10, 11 y 12, sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones. Al respecto, en la demanda se afirma que la Ley afecta el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos. Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la Ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones.

El artículo 43º de la Constitución, que reconoce el principio de separación de funciones, que comprende la obligación de cooperación entre órganos constitucionales. En el presente caso, se señala que la Ley ha sido emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país.
El artículo 118, numerales 3 y 17, sobre la competencia del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública. Al respecto, se señala que la Ley 31039 genera un gasto público con repercusión en el presupuesto nacional, pues tendría que ser cubierta con fondos públicos. Dicha norma no fue resultado de alguna iniciativa legal planteada por el Poder Ejecutivo. Además, a pesar de las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo respecto a la falta de sostenibilidad financiera y presupuestal de las propuestas, el Congreso decidió aprobar la Ley.
El artículo 79 de la Constitución, sobre la proscripción de la iniciativa de gasto del Congreso. Esto es importante, pues los congresistas no pueden emitir normas que generen un gasto público no presupuestado. Asimismo, en la demanda se alega que el impacto fiscal de lo aprobado por la referida Ley asciende a 15,000 millones de soles, cifra que no se encuentra prevista en el presupuesto público.
El procurador Luis Huerta puntualizó que, una vez presentada la demanda, el TC debe pronunciarse sobre su admisibilidad. Con base en experiencias previas, esto puede ocurrir en una semana, luego de lo cual la demanda será remitida al Congreso para que sea contestada en el plazo legal de 30 días hábiles.  Si el Congreso espera hasta el último día para contestar (a finales de enero del 2021) la audiencia pública podría realizarse entre febrero y marzo, dependiendo de la decisión que tome la presidencia del TC.  Luego de la audiencia pública sigue la elaboración de la ponencia y la deliberación del caso, que podría realizarse en marzo.
Resolución
Es necesario señalar además que el proceso de inconstitucionalidad más rápido resuelto por el Tribunal Constitucional en fechas recientes se dio respecto a la Ley sobre suspensión del cobro de peajes, proceso que se realizó en su totalidad de manera no presencial.  La demanda respectiva fue presentada por el Poder Ejecutivo el 2 de junio del 2020 y el TC emitió sentencia el 25 de agosto del 2020, lo que hizo que el proceso durará cerca de tres meses. Se espera que algo similar pueda ocurrir en el caso de la demanda contra la Ley 31083.

Por su parte el  constitucionalista Alejandro Rospigliosi estimó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentará el Ejecutivo contra la ley para la devolución de aportes a la ONP podría conocerse en un plazo no menor de tres o cuatro meses. “Una vez que se presenta la demanda, el Tribunal la va a analizar, la admitirá a trámite y, luego, notifica al Congreso para que, a través de su procurador de defensa de las leyes, la responda. El Congreso tiene hasta 30 días hábiles, no calendario”, comentó en Ampliación de Noticias. “Una vez que se notifica (al Congreso), se responde. Se convoca a una audiencia pública de forma oral, donde están ambas partes; y, posteriormente, se emitirá la sentencia. Estamos hablando de un tiempo no menor a tres o cuatro meses, en el mejor de los casos”, añadió.

“Crearon expectativas”

En comunicación con la multiplataforma de Exitosa Noticias,  el economista  Gonzales Izquierdo  criticó las contradicciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien en principio enfatizó que la ley debería cumplirse, pero luego declinó su postura con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“La premier (Violeta Bermúdez) está dando marchas y contramarchas. Dijo que el Gobierno iba a respetar la ley y que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie ellos no iban a hacer mayor cosa para impedir que se inicien la devolución de los aportes. Asimismo manifestó que la “Ley ONP” deberá beneficiar a la población, ya que están disconformes con el mencionado sistema de aportes.

No debe seguir así. Tengo una crítica al sistema de la ONP. Por ejemplo, me sacan todos los meses 13% de mi sueldo. En ese plan estoy 19 años y 6 meses. Miren la cantidad de tiempo. Casi dos décadas. Llego a la edad de jubilación, le toco la puerta a la ONP y les digo: ‘Señores, ¿Y ahora? ¿Me van a dar mi pensión? Y ellos me contestan que no me darán ningún centavo’”, puntualizó.

Finalmente, González Izquierdo aseveró que el Ejecutivo y el Congreso de la República se encuentran “en un lío tremendo”, ya que “le crearon expectativas a la gente, quienes son cientos de miles”.

Precisiones de la  Jefa de  Gabinete

Violeta Bermúdez, invocó al TC darle celeridad a la demanda, la misma que fue aprobada por el Consejo de Ministros. “Como Ejecutivo hemos evaluado que la vía es la acción de inconstitucionalidad, ojalá el Tribunal Constitucional le dé prioridad una vez que reciba la demanda. Al Congreso, que debe responder, tiene hasta 30 días útiles, le pediríamos que responda a la brevedad, es importante zanjar la constitucionalidad”, apuntó. (Fuente Diario El Peruano) 

Preocupante forado

Bermúdez sostuvo que la implementación de la norma demandará del Estado 16,000 millones de soles, de acuerdo a las proyecciones, que no está considerado en el presupuesto para el 2021 aprobado en el Congreso y afectan el principio de sostenibilidad financiera establecido en la Constitución. “El TC tiene el gran desafío de dar una respuesta rápida porque, así como planteamos estos problemas que a la larga son un problema de todos tener un forado en el presupuesto, también hay una expectativa ciudadana que tiene derecho de conocer cuál es la decisión lo más pronto posible”, reiteró.

Sostuvo que la afectación que tendría la norma en el presupuesto afectará las previsiones del gobierno, entre ellas las inversiones que se deben hacer para la compra de las vacunas y la reactivación económica.

“El jueves tenemos reunión del pleno, y decidiremos quien es el ponente, conversé con mis colegas del tribunal y tenemos la intención de darle la primera prioridad a este caso por su implicancia, pero hay plazos que no podemos manejar. Lo que podemos manejar es mirar rápido la demanda y, si no tiene defectos, pasarla al demandado que es el Congreso”, dijo.

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