Presentación de la demanda de inconstitucionalidad.-

De acuerdo con la nota publicada por el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno de Transición de Francisco Sagasti, finalmente presentó  la demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la Ley 31083, que decreta la devolución de los aportes de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La denuncia fue interpuesta por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, argumentando que la referida norma afecta una serie de normas constitucionales.

Entre sus principales argumentos es el hecho de que la  norma aprobada por insistencia  por el Congreso de la República, atenta contra el derecho a la pensión, la intangibilidad de los fondos, y que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Los artículos 10, 11 y 12, sobre el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones. Al respecto, en la demanda se afirma que la Ley afecta el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde el otorgamiento de pensiones a los actuales pensionistas se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos. Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la Ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones.

Por su parte el  constitucionalista Alejandro Rospigliosi estimó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentará el Ejecutivo contra la ley para la devolución de aportes a la ONP podría conocerse en un plazo no menor de tres o cuatro meses. “Una vez que se presenta la demanda, el Tribunal la va a analizar, la admitirá a trámite y, luego, notifica al Congreso para que, a través de su procurador de defensa de las leyes, la responda. El Congreso tiene hasta 30 días hábiles, no calendario”, comentó en Ampliación de Noticias. “Una vez que se notifica (al Congreso), se responde. Se convoca a una audiencia pública de forma oral, donde están ambas partes; y, posteriormente, se emitirá la sentencia. Estamos hablando de un tiempo no menor a tres o cuatro meses, en el mejor de los casos”, añadió.

“Crearon expectativas”

En comunicación con la multiplataforma de Exitosa Noticias,  el economista  Gonzales Izquierdo  criticó las contradicciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien en principio enfatizó que la ley debería cumplirse, pero luego declinó su postura con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Si bien señalé que las leyes son para cumplirse, hemos optado por la vía constitucional para cuestionar la norma. La demanda debe estar ingresando esta semana al TC.

— Violeta Bermúdez (@VBermudezV) December 8, 2020

“La premier (Violeta Bermúdez) está dando marchas y contramarchas. Dijo que el Gobierno iba a respetar la ley y que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie ellos no iban a hacer mayor cosa para impedir que se inicien la devolución de los aportes. Asimismo manifestó que la “Ley ONP” deberá beneficiar a la población, ya que están disconformes con el mencionado sistema de aportes.

“No debe seguir así. Tengo una crítica al sistema de la ONP. Por ejemplo, me sacan todos los meses 13% de mi sueldo. En ese plan estoy 19 años y 6 meses. Miren la cantidad de tiempo. Casi dos décadas. Llego a la edad de jubilación, le toco la puerta a la ONP y les digo: ‘Señores, ¿Y ahora? ¿Me van a dar mi pensión? Y ellos me contestan que no me darán ningún centavo’”, puntualizó.

Finalmente, González Izquierdo aseveró que el Ejecutivo y el Congreso de la República se encuentran “en un lío tremendo”, ya que “le crearon expectativas a la gente, quienes son cientos de miles”.

Precisiones de la  Jefa de  Gabinete

Violeta Bermúdez, invocó al TC darle celeridad a la demanda, la misma que fue aprobada por el Consejo de Ministros. “Como Ejecutivo hemos evaluado que la vía es la acción de inconstitucionalidad, ojalá el Tribunal Constitucional le dé prioridad una vez que reciba la demanda. Al Congreso, que debe responder, tiene hasta 30 días útiles, le pediríamos que responda a la brevedad, es importante zanjar la constitucionalidad”, apuntó. (Fuente Diario El Peruano) 

Preocupante forado

Bermúdez sostuvo que la implementación de la norma demandará del Estado 16,000 millones de soles, de acuerdo a las proyecciones, que no está considerado en el presupuesto para el 2021 aprobado en el Congreso y afectan el principio de sostenibilidad financiera establecido en la Constitución. “El TC tiene el gran desafío de dar una respuesta rápida porque, así como planteamos estos problemas que a la larga son un problema de todos tener un forado en el presupuesto, también hay una expectativa ciudadana que tiene derecho de conocer cuál es la decisión lo más pronto posible”, reiteró.

Sostuvo que la afectación que tendría la norma en el presupuesto afectará las previsiones del gobierno, entre ellas las inversiones que se deben hacer para la compra de las vacunas y la reactivación económica.

“El jueves tenemos reunión del pleno, y decidiremos quien es el ponente, conversé con mis colegas del tribunal y tenemos la intención de darle la primera prioridad a este caso por su implicancia, pero hay plazos que no podemos manejar. Lo que podemos manejar es mirar rápido la demanda y, si no tiene defectos, pasarla al demandado que es el Congreso”, dijo.