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ECL.- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentò su informe Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario que ha documentado amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario.
El informe señala que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, golpes y aislamiento prolongado -que en algunos casos podría constituir tortura- contra estudiantes y profesores, especialmente los detenidos arbitrariamente, por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al Gobierno.
“El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político,” afirmó Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos. “La comunidad académica merece espacios seguros y libres para expresar ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restaurados urgentemente. Con estas acciones, el Gobierno está hipotecando el futuro del país.”
El informe destaca el cierre de múltiples universidades en las que se habían permitido movimientos sociales o de oposición al Gobierno, y la expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades.
En las universidades que no se cerraron, el Gobierno ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación de las personas percibidas como opositores. Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y de debate.
El Grupo de Expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Estado nicaragüense a restablecer la autonomía universitaria y garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el ámbito académico.
Lèase el informe
A_HRC_55_CRP_6_SPdescargar
