!Me vale!. devolución de aportes de la ONP, fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República ¿A caso el Parlamento tiene iniciativa de gasto?

El Parlamento ha hecho caso omiso a  distintas opiniones serias y válidas sobre la inconstitucionalidad de la Ley que faculta de la devolución de aportes de la ONP por única vez, incluso el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. El parlamento con su aprobación por insistencia  ha expresado literalmente  la frase !me vale!. ! no me importa!. 

Un dolor de  cabeza más para el Ejecutivo, el Pleno del Congreso  debatió y aprobó la insistencia del dictamen que propone un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuya autógrafa fuera observada por el Poder Ejecutivo.

En la sesión virtual del miércoles 2 fueron sustentadas las propuestas de las cuatro comisiones dictaminadoras: Economía, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo, que respaldaron la insistencia. Cabe precisar que, con 33 votos a favor, 86 en contra y 1 abstención, fue desestimada la cuestión previa planteada por la congresista Carmen Omonte Durand en el sentido de que se invite al ministro de Economía y Finanzas a la sesión y pueda encontrarse una salida viable por parte del Estado, Congreso y Ejecutivo, dijo la legisladora.

La propuesta establece -de manera excepcional y por única vez- la devolución de los aportes, hasta por una unidad impositiva tributaria (UIT) a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. La devolución de los aportes mantiene la condición de intangibles no pueden ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa sin distingo en la cuenta en la que hayan sido depositados. No se aplica a las retenciones judiciales o convenciones derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30 % de lo retirado.

Mediante una Disposición Complementaria Final se precisa que las personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes efectuados.

Además, precisa que la ONP otorgará -por única vez- a los pensionistas del Decreto Legislativo 19990 una retribución extraordinaria equivalente a una Remuneración Mínima Vital (930 soles).

la Pregunta es ¿Cómo es posible que el Parlamento apruebe una iniciativa de ley que le genera gastos al Ejecutivo, sí por mandato de la Constitución y de la Ley le están prohibidos?. Frente a ello, se viene opinando las posibilidades de presentar una demanda de inconstitucionalidad y la otra es una demanda competencial con una medida cautelar  impida la ejecución de la ley aprobada por insistencia. Por el lado de la demanda competencial porque el Parlamento ha incurrido en un abuso de su competencia  al aprobar una ley que genera gastos cuando el está prohibida  por Ley, y de inconstitucionalidad, porque estaría trasgrediendo el sistema nacional de pensiones.

La devolución de aportes por ejemplo de las AFP no es lo mismo que el de la ONP, en donde la administración de los fondos tienen procedimiento distinto y compromete la cosa pública.

¿Qué problemáticas trae la aprobación de esta Ley? 

Según la Portal web la Ley, esclarece aspectos  jurídicos/constitucionales que se vulnerarían.  El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se caracteriza por ser un sistema de fondos comunes; es decir, estamos frente a una contribución solidaria. Esto en contraposición del Sistema Privado de Pensiones, en el cual los aportes se realizan en fondos individuales.

Visto cuál es el modelo de las ONP, podemos apreciar que en la devolución masiva de sus fondos a sus respectivos afiliados se está contrariando al modelo previsional público que nuestra Constitución rige. Entonces, se estaría atentando contra el principio de solidaridad del SNP, ya que los aportes ingresan a un fondo común y no a una cuenta individual de ahorros en el que se pueda disponer su retiro sin afectar a otros.

Del mismo modo, nos encontraríamos ante una afectación al principio de intangibilidad de los fondos comunes de pensiones y al derecho fundamental a la pensión. Esto se puede observar en el artículo 12° y 11° de nuestra Carta Magna respectivamente. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia N° 00014-2007-PI/TC estableció que los fondos de pensiones comunes no pueden destinarse a fines diferentes que el aseguramiento del pago de una pensión.

Por otro lado, también se cuestiona el marco de actuación que tuvo el Congreso con la aprobación de esta ley, ya que, en principio, estaría vulnerando el artículo 79° de la Constitución al estar creando nuevos gastos públicos al Estado. Esto debido a que las ONP tendrán que depender, en gran medida, de las arcas del Estado para completar el dinero a todos los aportantes. Este gasto no había sido previsto en el presupuesto del Estado, por lo cual claramente se afecta el artículo mencionado.

Lo mencionado en el párrafo anterior, nos lleva a pensar también acerca de la sostenibilidad financiera, prevista en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución. Las sumas de dinero que desembolsará el Estado excedería las cifras presupuestarias para satisfacer a todos los afiliados, lo cual comprometería el funcionamiento del mismo Sistema Público de Pensiones, generando una crisis en esta.

Aquí el pronunciamiento de la  Defensoría del Pueblo 

Frente a la posible promulgación por insistencia del Parlamento Nacional de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que permite el retiro masivo de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

  1. Reconocemos que el Congreso de la República y un importante sector de la población peruana han expresado su rechazo a las reglas vigentes del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo requisito de 20 años de aportes dificulta ostensiblemente que miles de peruanas y peruanos puedan acceder a una pensión de jubilación, dadas las condiciones actuales del mercado laboral. Consideramos, sin embargo, que la propuesta de devolución de fondos solidarios presentada por el Poder Legislativo afectaría las bases elementales del sistema de seguridad social.
  2. Tal como lo ha manifestado en anteriores pronunciamientos, para la Defensoría del Pueblo, el proyecto en mención resulta abiertamente inconstitucional, pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, así como la garantía de intangibilidad institucional de los fondos y reservas de la seguridad social. Esta garantía permite que el dinero de los aportantes, que va a un fondo común, solidario y colectivo, sirva para pagar las pensiones de las personas adultas mayores durante su vejez. Cabe señalar, asimismo, que una eventual promulgación de la ley podría dejar a miles de aportantes sin acceso a los servicios prestacionales que brinda EsSalud, lo que los pondría en una situación de mayor vulnerabilidad.
  3. Es de conocimiento público que el Sistema Nacional de Pensiones enfrenta desafíos estructurales que deben ser atendidos, y resueltos. En particular, urge remediar el crónico déficit financiero que le obliga a requerir transferencias anuales del Estado para cumplir con el pago de los pensionistas. Sin embargo, el camino para hallar una solución, con respeto al marco constitucional vigente, pasa necesariamente por implementar una reforma previsional integral de largo aliento, que permita a un mayor número de personas acceder a pensiones dignas. Este trabajo, que viene siendo impulsado por la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, sería perjudicado de aprobarse por insistencia la referida norma.
  4. En ese orden de ideas, consideramos que el Congreso de la República debe continuar el debate técnico de una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones, antes que insistir en la devolución de aportes. Hay que recordar que el Poder Ejecutivo observó esta iniciativa debido a que carece de fuentes de financiamiento, contraviene el principio de equilibrio presupuestal y el de intangibilidad de los fondos pensionarios, e incurre en iniciativa de gasto, lo que está expresamente prohibido por la Constitución Política.
  5. Por ello, urge que el Congreso de la República evalúe fórmulas alternativas que permitan armonizar las necesidades inmediatas de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, afectadas por la pandemia, y el respeto al marco constitucional. Así, por ejemplo, una opción a debatir es el Proyecto de Ley 6114/2020-CR que, en el corto plazo, busca otorgar pensiones a las personas mayores de 65 años con mínimo diez años de aportes, y permite percibir, a la vez, una pensión e ingresos por razones de trabajo. Adicionalmente, en el marco de la emergencia sanitaria y recogiendo en parte la iniciativa del Congreso de la República, el Ejecutivo ha propuesto la entrega de una bonificación excepcional de S/ 760 a los actuales pensionistas, así como a aquellos hogares con personas afiliadas a la Oficina de Normalización No Previsional (ONP), en situación de vulnerabilidad económica.
  6. Para la Defensoría del Pueblo, tanto el Poder Legislativo, como el Ejecutivo tienen la obligación de articular esfuerzos para alcanzar una solución prudente que resuelva los problemas que afectan al Sistema Nacional de Pensiones. La promulgación de la autógrafa que propone el retiro masivo de fondos de la ONP va en contra de este propósito, y afectará, en lo inmediato, a miles de peruanas y peruanos adultos mayores en su acceso al derecho a una pensión digna y a la salud, además de perjudicar todo intento de encontrar una fórmula integral que haga más justo y sostenible en el tiempo el sistema previsional.

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