Jueza del Tercer Juzgado Constitucional ordena suspensión de elección de miembros del TC y OCMA le abre denuncia preliminar por auto admisorio de Amparo y Medida Cautelar

El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte  Superior de Justicia de Lima ordenó  al Congreso de la República la suspensión de la elección de miembros del TC  programada para el 7 y 8 de julio del 2021. Esta decisión se adoptó en mérito de haber concedido la medida cautelar presentada por el Abogado Walter Edison Ayala Gonzáles, ex miembro de la  junta directiva del CAL.  Lo que nuevamente abre una discusión jurídica es el hecho de interpretar  lo que dice la Constitución respecto a que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo frente al acatamiento de  una decisión judicial. Pues cabe recordar, que hay precedentes en el que el Congreso acató una acción de amparo en el caso del fallecido Congresista Javier Diez Canseco y sí vamos  a  un nivel internacional, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una cautelar en favor de 4 magistrados del TC quienes estaban siendo objeto de denuncias constitucionales por emitir una decisión, también se dijo que no estaban sujetos a mandato imperativo pero en cierto modo se acató. Sabemos que elegir a miembros del TC es una función exclusiva y excluyente pero también los procesos constitucionales de Amparo, Habeas Corpus, Data  son tutelares de derechos fundamentales.  Somos un Estado  insertado al derecho internacional, al Estado de Derecho y en ese sentido, prima el respeto a la Ley, y por ende a las decisiones judiciales. En tanto no sea revocada la resolución  judicial que admite la cautelar de suspensión del proceso del elección de miembros del TC, debemos acatarla nos guste o no. Esto, independientemente de que por un lado, se haya  iniciado una investigación contra la Juez  que ordenó la suspensión por parte de OCMA y del recurso de defensa que pueda interponer la Procuradoría del Congreso.  

Algunos de los argumentos: 

(..) De la totalidad de los argumentos planteados por el recurrente en el literal precedente, se desprende que los mismos  pueden ser sintetizados en los siguientes cuestionamientos:

• Que los miembros del actual Congreso de la República no habían motivado las razones por las cuales retomaron el procedimiento de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, cuando anteriormente habían decidido suspender dicho procedimiento al reconocer su falta de legitimidad.

• Que las preguntas efectuadas en la entrevista personal a los postulantes demuestra la existencia de  conflicto de intereses de los miembros de la Comisión encargada del nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, esto al efectuar preguntas respecto de procesos judiciales en trámite ante el Tribunal Constitucional en donde el Congreso de la República ostenta la calidad de parte demandada, así como también al haberse efectuado preguntas sobre la disolución del Congreso y cuestión de confianza a fin de favorecer a los futuros miembros de sus bancadas que sean elegidos congresistas, y que eventualmente podrían denegar cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo, lo cual afectaría la imparcialidad del procedimiento la cual es un principio establecido en el Reglamento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

• Que el procedimiento no ha respetado las exigencias de publicidad, motivación y transparencia exigidas por el Título Preliminar del Reglamento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, así como también del artículo 35 numerales 1 y 2 de dicho dispositivo legal, así como tampoco ha considerado los estándares internacionales vinculantes conforme el propio artículo 2° del mencionado reglamento, esto en vista que se ha procedido a efectuar la respectiva asignación de puntajes sin existir ningún tipo de motivación y/o justificación.

e. Ahora bien, respecto del PRIMER ARGUMENTO alegado por el recurrente, si bien es cierto resulta siendo de público conocimiento que en noviembre y diciembre del 2020 las distintas bancadas que conformaban la Comisión Especial encargada de elegir a los nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional decidieron retirarse de dicha comisión, y consecuentemente, suspender el procedimiento de elección bajo el argumento de la falta de  legitimidad de los actuales congresistas para llevar a cabo dicho procedimiento debe tenerse presente que en abril del presente año el  pleno del Congreso aprobó la reconformación de la Comisión Especial de selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

f. Si bien es cierto dicho accionar del Congreso de la República puede ser calificado como contradictorio, no es menos cierto que la decisión tomada en noviembre y diciembre del 2020 respondió básicamente a criterios de naturaleza política dada la coyuntura que se vivía en el país, no siendo ello un impedimento legal o constitucional que prohíba que el Congreso de la República reasuma la función establecida en el último párrafo del artículo 201° de la Constitución Política del Perú, lo cual, lógicamente, no solo obedece a un mandato establecido en la Carta Magna, sino también a motivaciones de carácter político.

g. Si bien es cierto podría alegarse que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del actual Congreso de la República no resulta siendo recomendable en términos políticos habida cuenta del alto nivel de
desaprobación de su gestión , no es menos cierto que ello no configura un impedimento constitucional para que dicho poder del Estado lleve a cabo la competencia reconocida constitucionalmente en el artículo 201° de la Constitución Política del Perú, por lo que el argumento planteado por el demandante debe ser descartado al pretender la politización de la justicia .

h. Respecto del SEGUNDO ARGUMENTO planteado por el recurrente, esta judicatura considera que la relación que podría existir entre la naturaleza de las preguntas que puede efectuarse a un postulante a magistrado al Tribunal Constitucional con la afectación y/o vulneración de algún principio o derecho constitucional, amerita un análisis profundo de la controversia que únicamente puede ser llevado a cabo al momento de emitirse pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, esto atendiendo a que los argumentos planteados en la solicitud cautelar resultan siendo  sumamente genéricos y poco desarrollados, máxime si es que del contenido de la Resolución Legislativa N°006-2020- 2021-CR que aprueba el Reglamento para la selección de candidata o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, no se aprecia la existencia de algún parámetro específico respecto del tipo de preguntas que pueden ser realizadas a los postulantes.

i. Finalmente, respecto del TERCER ARGUMENTO referido a la falta de publicidad y transparencia del proceso de elección, así como también de la infracción de las exigencias del artículo 2°, y 35° de la Resolución Legislativa N°006-2020- 2021-CR, esta judicatura considera que dichos argumentos logran acreditar la verosimilitud del derecho invocado (derecho a la exigencia del cumplimiento de normas legales), esto en vista que de una revisión de la página web del Congreso de la República, únicamente se ha podido apreciar la publicación del cuadro de puntajes y orden de mérito de los candidatos , así como también del “Informe del proceso, valoración y puntaje en la selección  de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional”10 y sus respectivos anexos11 , no pudiéndose desprender de ninguno de estos documentos que se haya cumplido con el principio de publicidad, imparcialidad y meritocracia al momento de la respectiva asignación de los puntajes12, máxime si es que el artículo 35° de la Resolución Legislativa N°006-2020-2021-CR que aprueba el Reglamento para la selección de candidata o candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, exige la existencia de motivación respecto de la respectiva calificación de la entrevista, no apreciándose publicación alguna de dicha motivación conforme lo exigido por el principio de publicidad en virtud del cual “Toda la información producida en el marco de las actuaciones, los documentos, las evaluaciones y sus resultados,
así como las decisiones en el proceso de selección” debe ser difundida a través de la página web y redes sociales del Congreso de la República, así como también en el diario oficial El Peruano.

Reacciones desde el Parlamento 

Se convocó a sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces, con la participación de la Mesa Directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario, debido a la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la elección de magistrados del TC. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Luis Valdez, afirmó que continuarán con la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que un juzgado ordenó la suspensión provisional de este proceso, porque no están sujeto a mandato imperativo.

Pronunciamiento del Poder Judicial 

La presidenta del Poder Judicial.  Elvia Barrios rechazó tajantemente  que haya tenido injerencia alguna en la decisión de la jueza constitucional que ha ordenado la suspensión de la elección de miembros del TC. Señaló que cada juez responsable de sus propias decisiones judiciales y negó incluso  haber tratado este tema con el Presidente de la República. Así lo señaló desde  la cuenta  Twitter del Poder Judicial.  La presidenta aclaró estos términos luego de la declaraciones del Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del  Congreso de la República.

 

Véase la Resolución completa:

medida cautelar
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