El 30 de Setiembre del 2019, cuando el señor Gino Costa facilitó que el Primer Ministro Salvador Del Solar  irrumpiera en el Hemiciclo del Congreso con el propósito de exigir que la representación nacional debatiera un proyecto de ley para establecer nuevos procedimientos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, no sólo se violó las reglas de la cortesía y el respeto a la separación de poderes, sino que se consumaron los actos preparatorios para que ese mismo día se perpetrará un Golpe de Estado más en la historia nacional.

Ese día, el vacado e inhabilitado ex presidente Martín Vizcarra  estableció la «disolución inconstitucional del Congreso». El Poder Ejecutivo a través de la dación de Decretos de Urgencia tuvo la facultad (durante varios meses) de aprobar la «iniciativa de ley» que fuera sustentada por el Premier  Del Solar el 30 de Setiembre. No olvidemos que durante seis meses, el gobierno tuvo facultades legislativas. Sin embargo, el gobierno de Vizcarra  no promulgó ninguna norma al respecto, demostrando que sólo se trato de un ardid, para justificar la acción política de un gobierno con claros objetivos autoritarios y de control de las instituciones que dan sustento a la institucionalidad democrática.

Hoy a través de una medida cautelar dictada por una jueza provisional (que hace pocas semanas no dispuso la detención preventiva de Martín Vizcarra  se pretende impedir que el actual Congreso de la República, conforme a sus facultades constitucionales, renueve el Tribunal Constitucional, eligiendo a seis magistrados, poniendo fin a las funciones de magistrados con mandato vencido.

En el Perú, actualmente no existe  estado de derecho.  El gobierno del señor Sagasti  es la segunda fase del gobierno de Martín Vizcarra, habiendo mantenido las líneas maestras de la gestión anterior. El Poder Ejecutivo y los grupos parlamentarios del partido Morado y el Frente Amplio alientan este tipo de maniobras contrarias a la legalidad y la Constitución. Los grupos parlamentarios y el Congreso en su conjunto, soberanamente deben defender los fueros parlamentarios, emplazando legal y políticamente a quienes pretenden impedir que la representación parlamentaria cumpla con su tarea dentro del marco constitucional.

Hoy el Perú confronta una grave crisis política e institucional, en un contexto de incertidumbre electoral, afectada por graves indicios de fraude y abierta parcialidad del Jurado Nacional de Elecciones en especial. No descarto que ante un escenario como el descrito, sea necesario establecer un nuevo gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones generales, bajo la égida de organismos electorales renovados.

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