Corte IDH: “Perú es responsable por no garantizar la estabilidad en el cargo de Fiscal Julio Casa Nina del Distrito Judicial de Ayacucho”

San José, Costa Rica, 18 de diciembre de 2020. – . En la Sentencia del Caso Casa Nina Vs. Perú, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República del Perú por las violaciones a derechos humanos del señor Julio Casa Nina, como consecuencia de la decisión de separarlo del cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

En este caso, la Corte declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención Americana), de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad (artículo 23.1.c), a la estabilidad laboral (artículo 26) y a la protección judicial (artículo 25.1).

En su Sentencia, la Corte determinó que el nombramiento del señor Casa Nina se efectuó sin la previsión de alguna condición resolutoria que determinara la terminación de su nombramiento como fiscal provisional, por lo que ejerció el cargo sin la seguridad de la permanencia en sus funciones, es decir, desprovisto de una salvaguarda esencial para garantizar su independencia.

La Corte también señaló que el procedimiento en virtud del cual se dio por concluido el nombramiento del señor Casa Nina no constituyó un proceso disciplinario o materialmente sancionatorio. Aunado a ello, tampoco existieron elementos que indicaran que la decisión de dar por concluido el nombramiento estuviera ligada a la realización de un concurso o en virtud de que el cargo fuera ocupado por una funcionaria o un funcionario de carrera. De esa cuenta, el Tribunal concluyó que dicha decisión no respondió a las causales permitidas para salvaguardar la independencia de los fiscales en el ejercicio del cargo, por lo que la autoridad administrativa no respetó la garantía de inamovilidad, lo que conllevó una violación de las garantías judiciales.

De igual forma, el Tribunal destacó que el cese arbitrario de la víctima afectó indebidamente su derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, así como su derecho a la estabilidad laboral, como parte del derecho al trabajo.

Por último, la Corte consideró que los recursos judiciales intentados por el señor Casa Nina para la tutela de sus derechos resultaron ineficaces, pues las distintas instancias judiciales internas reiteraron el argumento de que debido a la condición de provisionalidad de su nombramiento no gozaba de estabilidad alguna, lo que resulta contrario a las garantías de las que deben gozar las y los fiscales, aun cuando su nombramiento sea en condición de provisionalidad.

En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado.

El Juez Ricardo Pérez Manrique dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto dio a conocer a la Corte su voto individual parcialmente disidente. El Juez Eduardo Vio Grossi dio a conocer a la Corte su voto individual disidente.

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito, Presidenta (Costa Rica); Juez Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente (Ecuador), Juez Eduardo Vio Grossi (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).

TEXTO DE LA SENTENCIA ÍNTEGRO 

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TEXTO DE LA SENTENCIA: Resumen Oficial

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