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8 de abril de 2020
Para el ex Juez Ad Hoc de la Corte IDH Fernando Vidal Ramírez consideró que la reciente sentencia notificada el lunes 06 de abril al Estado peruano, sobre el caso de la señora Azul Rojas Marín persona perteneciente al LGBTI , por violación de sus derechos humanos: privación arbitraria e ilegal de la libertad personal, violación sexual como acto de tortura, entre otros, por agentes estatales (efectivos policiales), «golpea duramente al Estado peruano en todos los aspectos»,así lo afirmó en un enlace telefónico para el Programa Entérate con Lesly Tv en su edición extraordinaria del miércoles 8 de abril.
Es inaceptable dijo, el ex juez ad hoc respecto de la conducta del juez peruano que se negó a abrir investigación por el delito de tortura a petición de la CIDH en su informe de fondo, cuya postura ha sido recogida en la sentencia de la Corte IDH, por considerar que se trataba de una recomendación y no de una sentencia, además de argumentar que las investigaciones a los tres efectivos policiales tenía la calidad de cosa juzgada.
No puede haber calidad de cosa juzgada cuando no se ha investigado y menos cuando esa investigación fue deficiente, carencias que no solo fue relatadas ante la CIDH y Corte IDH sino probadas.
Consideró además que desde hace un tiempo atrás el desempeño de quienes asumen la defensa del Estado peruano en estos casos de litigio internacional no parecen comprender a cabalidad el dinamismo del Sistema y sobre todo la capacidad de respuestas que hay que dar en cada caso concreto.
Aquí no se trata de entender los códigos o leyes internas sino la aplicabilidad y entendimiento e interpretación de las normas supranacionales. Esto a colación de las argumentaciones muy deficientes del Estado en el presente caso concreto. «Creo que deben seguir cursos o perfeccionarse en sus conocimientos y en la dinamismo que genera el propio Sistema».
Finalmente, el doctor Vidal Ramirez, acotó que la Junta Nacional de Justicia debe tomar cartas en el asunto, pues jueces o fiscales que a consecuencias de sus decisiones y/o actuaciones jurisdiccionales generan una violación de derechos humanos y son causantes de la responsabilidad del Estado como en el presente caso NO DEBERÍAN CONTINUAR EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO MAGISTRADOS PORQUE LE HACE DAÑO NO SOLO AL SISTEMA DE JUSTICIA EN EL PERÚ SINO AL PROPIO ESTADO.
Concluyó que en nuestro país no se ha desarrollado en efecto una Ley que desarrolle «los recursos idóneos y efectivos» tal cual expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, al menos deberíamos tener un desarrollo jurídico sobre un «recurso puente» que nos permita recurrir directamente al Sistema Interamericano. Sé que la propia CADH, permite causales de excepción pero es necesario y trascendente en estos momentos a partir del caso concreto., hacerlo como lo establece la Convención.
I was particularly struck by how Fernando Vidal Ramírez emphasized the severity of the recent ruling against the Peruvian state, particularly in relation to the case of Azul Rojas Marín. This case, highlighting the violation of LGBTI rights, was profoundly shocking to me as it pointed out just how deeply flawed the state’s handling of human rights has been. The detailed account provided here aligns with the need for comprehensive changes in state policies, and it also made me think more about how tools like the Image Text Editor can aid in documenting and discussing such serious matters.