8 de abril de 2020 

Para el ex  Juez Ad Hoc de la Corte IDH  Fernando Vidal Ramírez consideró que la reciente sentencia notificada el lunes 06 de abril al Estado peruano, sobre el caso de  la señora Azul Rojas Marín persona perteneciente al LGBTI , por violación de sus derechos humanos: privación arbitraria e ilegal de la libertad personal, violación sexual como acto de tortura, entre otros, por agentes estatales (efectivos policiales), «golpea duramente al Estado peruano en todos los aspectos»,así lo afirmó en un enlace telefónico para el Programa Entérate con Lesly Tv en su edición extraordinaria del miércoles 8 de abril. 

Es inaceptable dijo, el ex juez ad hoc respecto de la conducta del juez peruano que se negó a abrir investigación por el delito de tortura a petición de la CIDH en su informe de  fondo, cuya postura ha sido recogida en la sentencia de la Corte IDH, por considerar que se trataba de una recomendación y no de una sentencia, además de argumentar que las investigaciones a los tres efectivos policiales tenía la calidad de cosa juzgada.

No puede  haber calidad de cosa juzgada cuando no se ha  investigado y menos cuando esa  investigación fue deficiente, carencias que no solo fue relatadas ante la CIDH y Corte IDH sino probadas. 

Consideró además que desde hace un tiempo atrás el desempeño de quienes asumen la defensa del Estado peruano en estos casos de litigio internacional no parecen comprender a cabalidad el dinamismo del Sistema y sobre todo la capacidad de respuestas que hay que dar en cada caso concreto.

Aquí no se trata de entender los códigos  o leyes internas sino la aplicabilidad y entendimiento e interpretación de las normas supranacionales. Esto a colación de las argumentaciones muy deficientes del Estado en el presente caso concreto. «Creo que deben seguir cursos o  perfeccionarse en sus conocimientos y en la dinamismo que genera el propio Sistema». 

Finalmente, el doctor Vidal Ramirez, acotó que la Junta Nacional de Justicia debe tomar cartas en el asunto, pues jueces o fiscales que a consecuencias de sus decisiones y/o actuaciones jurisdiccionales generan una violación de derechos humanos y son causantes de la responsabilidad del Estado como en el presente caso NO DEBERÍAN CONTINUAR EN EL EJERCICIO  DE SUS FUNCIONES COMO MAGISTRADOS PORQUE LE HACE DAÑO NO SOLO AL SISTEMA DE JUSTICIA EN EL PERÚ SINO AL PROPIO ESTADO.

Concluyó que en nuestro país no se ha desarrollado en efecto una Ley que desarrolle «los recursos idóneos y efectivos» tal cual expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, al menos deberíamos tener un desarrollo jurídico sobre un «recurso puente» que nos permita recurrir directamente al Sistema Interamericano. Sé que la propia CADH, permite causales de excepción pero es necesario y trascendente en estos momentos a partir del caso concreto.,  hacerlo como lo establece la  Convención.