Comentarios de la sentencia Corte IDH Caso Azul Rojas Marín: El Estado debe replantear su capacidad de respuesta ante las instancias internacionales

El Estado peruano ha sido recientemente notificado de una sentencia de la Corte IDH respecto al caso Azul Rojas Marín y otros Vs Perú. La Corte IDH encontró responsable a nuestro Estado por violación de derechos humanos relativos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Azul Rojas Marín persona perteneciente al LGTBI.

Fue condenado entre otras medidas a adoptar, al pago de una indemnización por concepto de daño material a favor de ambas víctimas. fija en equidad las cantidades de USD $10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Azul Rojas Marín y de USD $5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Juana Rosa Tanta Marín.

El  Estado peruano deberá desembolsar el pago de USD$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial a favor de Azul Rojas Marín. En cuanto a la señora Juana Rosa Tanta Marín, la Corte fija en equidad, como reparación pecuniaria de su daño inmaterial, la cantidad de USD$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América).

Deberá asimismo, reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, la cantidad de USD $886.23 (ochocientos ochenta y seis dólares con veintitrés centavos de los Estados Unidos de América) por los gastos incurridos.

Fue además condenado al pago de costos y costas a favor de las ONGS de DDHH: USD $9.000,00 (nueve mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de REDRESS; un monto total de USD $3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de CNDDHH, y un monto total de USD $14.000,00 (catorce mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas y gastos a favor de Promsex. Dichas cantidades deberán ser entregadas directamente a dichas organizaciones

De acuerdo con el contenido de la sentencia de la Corte IDH, evidencia las carencias y/o deficiencias que tenemos como Estado en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos, conceptualizaciones e interpretaciones jurídicas y de escaso conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos por quienes tuvieron a cargo las investigaciones judiciales y policiales comprendidos en los hechos de aquel entonces (2008) y deficiencias en las argumentaciones del Estado.

Los hechos ocurren suceden en  febrero de 2008,  cuando Azul Rojas Marín, identificado en ese entonces como hombre gay, hoy en día su identificación sexual es como mujer, fue detenido por policías en circunstancias en que  encontraba caminando sola a su casa cuando se acercó un vehículo policial y  la detuvo  supuestamente para un control de identidad, la registraron, golpearon, y la obligaron a subir al vehículo con insultos y palabras despectivas gritándole “cabro concha de tu madre” (así se despende del relato de la sentencia),  y fue conducida a la Comisaría de Casa Grande, lugar donde fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada  sexualmente por  agentes policiales quienes  le introdujeron una vara policial en el ano.

Esto dijo la Corte IDH respecto la violación sexual:

  1. (..) La violencia sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de las personas, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto a con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas (..)
  2. (..) la violación sexual es cualquier acto de penetración vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril
  3. (..) la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho (..)
  4. (..) la Corte considera que las distintas declaraciones rendidas por la señora Rojas Marín ante las autoridades nacionales, más allá de las particularidades, son coincidentes de forma que se refuerza la verosimilitud de las mismas.
  5. (..) la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes (..) los casos de violencia y violación sexual, en los cuales no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de marcas o cicatrices en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de un examen médico.
  6. (..) este Tribunal advierte que las lesiones encontradas en las zonas extragenitales y genitales son consistentes con lo relatado por la presunta víctima, en el sentido que fue golpeada en diversos momentos durante su detención y que le introdujeron en el ano la vara policial.

De otro lado, la víctima permaneció en la comisaría un promedio de 5 horas sin que se registrara su detención, lo cual evidencia desde ya un acto de arbitrariedad, irregular y atentatorio por parte de policías que estuvieron a cargo de la detención de Azul Rojas Marín.

Según la sentencia de la Corte IDH, no se conoció en verdad  el por qué fue detenida la víctima y en razón de que porque no hubo registro alguno de la detención, por otro lado,  tampoco se probó el hecho argüido por parte del personal policial que sostuvo que la detención de la víctima respondía a “denuncia de vecinos que llamaron e indicaron que se encuentra algunas personas tiradas en la pista y actitud  sospechosa  siendo una de ellas Azul Rojas Marín en estado alcohólico”. No se pudo probar este dato por no haberse registrado la detención.

Pero lo que sí se ha quedado evidenciado ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es el hecho de la violación sexual, tortura y privación arbitraria de su libertad personal, sin que la víctima haya tenido la posibilidad de interponer recursos idóneos y efectivos que le permita encontrar una amplia protección jurídica de sus derechos frente a una grave violación de derechos humanos

Por su parte la Corte IDH,  examinó en su sentencia, la intencionalidad, severidad del sufrimiento y la finalidad del acto, y concluyó que la sumatoria de tales abusos y agresiones sufridas por Azul Rojas Marín, incluyendo el acto de violación sexual, constituye un acto de tortura por parte de agentes estatales. Estamos entonces frente a un escenario de grave violación a derechos humanos.

La Corte IDH concluye así:

107 (..). No existen otros medios de prueba, incluyendo información adicional sobre la llamada de los vecinos advirtiendo de personas sospechosas o un registro de la detención que el Estado estaba obligado a realizar (infra párr. 119), que corroboren la versión presentada por los agentes estatales. (..)

  1. (..) La presunta víctima fue conducida a la Comisaría de Casa Grande, donde permaneció hasta las 6 de la mañana, es decir, alrededor de cinco horas. Sobre los hechos no mencionados por la presunta víctima e incluidos en el parte policial se utilizará este último como prueba.
  2. Asimismo, este Tribunal considera que, desde el momento en que los agentes estatales intervinieron a la señora Rojas Marín hasta que esta salió de la comisaría, existió una privación de la libertad personal (..).

115 (..). No se ha demostrado que fuera necesario solicitarle la identificación para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. (..)   no se le brindaron las facilidades necesarias para encontrar y exhibir su documento de identidad154. Ambos hechos son contrarios a la legislación nacional.

  1. (..) En el caso de la intervención a Azul Rojas Marín no existe ningún elemento objetivo que permita establecer de manera cierta la existencia del motivo fundado para la realización del registro personal, así como tampoco del cumplimiento del procedimiento legal previsto para llevarlo a cabo. (..)
  2. (..) no se ha demostrado que existiera un motivo fundado vinculando a la intervenida con la comisión de un hecho delictuoso.
  3. (.) la Corte concluye que la detención inicial de la señora Rojas Marín fue ilegal ya que fue realizada sin atender a las causas y procedimientos establecidos en la legislación interna, incluyendo la falta de registro de la detención. Además, la detención fue arbitraria ya que la misma fue realizada por motivos discriminatorios. Asimismo, la Corte concluyó que la señora Rojas Marín no fue informada de los motivos de su detención.
  4. (..) el Estado violó, por acciones de sus agentes actuando en esa condición, los derechos reconocidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar dichos derechos sin discriminación, consagradas en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Azul Rojas Marín.
  5. (..) respecto a la alegada violación del artículo 2 por la alegada falta de adecuación a la Convención del artículo 205 del Código Procesal Penal, la Corte advierte que los hechos probados demuestran que los funcionarios incumplieron con la mencionada disposición.

Como parte del contenido de la sentencia de la Corte IDH, y del resumen de la misma, se hace alusión al informe de fondo de la CIDH que señala que las investigaciones judiciales tuvieron deficiencias que dieron como resultado la inefectividad del desarrollo de la misma, es decir, no se concluyó con la búsqueda de justicia y verdad aplicado al caso concreto.

En razón de ello, la CDH recomendó al Estado peruano abrir una investigación por tortura sobre el particular, y la respuesta del Estado a través del Juez fue nefasta porque si bien el Ministerio Público acatando las recomendaciones de la CIDH solicita abrir investigación por tortura contra los tres oficiales de la PNP, el juez le responde que las investigaciones contra los tres oficiales fueron archivadas y tienen autoridad de cosa juzgada.

Ello evidencia una vez más el escaso manejo del derecho internacional de los derechos humanos que todos los operadores de justicia están obligados hacer no sólo por la ratificación de tratados de derechos humanos sino en virtud de la cuarta disposición final y transitorio de nuestra Constitución.

Particularmente, he tenido serias críticas a algunas de las recomendaciones de la CIDH por ser desde mi punto de vista excesivas, pero no por ello debemos desconocer la importancia de la labor que realiza la CIDH en las investigaciones internacionales de violación de derechos humanos como resulta en el presente caso.

Consideramos que, en el presente caso, al recomendarse por parte de la CIDH, abrir una investigación por tortura catalogada como una de las más graves violaciones a los derechos humanos y que el Perú no es ajeno a ello, correspondía en aras de “cumplir con la obligación de internacional de investigar” activar una investigación para poder llegar a descubrir que pasó y por qué se hizo.

Al no abrirse o negarse a investigar aduciendo que los hechos tienen calidad de cosa juzgada, se ha quebrantado el derecho a la verdad, al que tenemos de forma individual y colectiva-

Las violaciones de derechos humanos en principio no prescriben no importando ni el lugar ni el tiempo en que se haya cometido y las recomendaciones de la CIDH si bien no son sentencias, pero tampoco son “cualquier recomendación”; por el contrario, se da en el marco de una denuncia internacional por violación de derechos humanos.

Bajo el criterio del Juez que no abrió investigación por considerar que se trataba de una recomendación y no de una sentencia, el Estado peruano tampoco cumpliría las recomendaciones u observaciones que emana del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o de cualquier otro órgano supranacional. Lo cual no es así porque en todo esto tiempo, ha habido preocupación por parte del Estado peruano en cumplir con sus obligaciones internacionales y que gracias a las “recomendaciones del EPU” por ejemplo, al Estado peruano le ha servido para rediseñar su Plan Nacional de Derechos y distintos planes nacionales versados en tales recomendaciones. Podemos estar o no de acuerdo con las recomendaciones, pero existe la obligación del Estado peruano de cumplir con sus compromisos internacionales y esto es uno de ellos.

Además, la discusión jurídica de que si las recomendaciones de la CIDH son vinculantes o no para un Estado ya resulta obsoleta desde la perspectiva de las obligaciones que un Estado tiene frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Estado peruano ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos que crea el Sistema Interamericano integrado por la CIDH y Corte IDH y mientras el Estado no manifieste expresamente su decisión de retirarse del Sistema seguimos obligados a él.

Veamos el extracto de la sentencia de la Corte IDH:

  1. La Comisión solicitó investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, la violencia sexual sufrida por Azul Rojas Marín, calificada como tortura. (..) la Comisión destaca que el Estado no podrá oponer la decisión de sobreseimiento dictada a la luz de la garantía de ne bis in idem, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta recomendación”. (..) La Corte valora positivamente los avances hasta ahora alcanzados por el Estado con el fin de esclarecer los hechos. Sin embargo, advierte que en la segunda investigación de los hechos no se declaró la nulidad del proceso seguido contra los tres oficiales de policía por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de Azul Rojas Marín (supra párrs. 76 a 80).
  2. (..) la Corte dispone que el Estado deberá, en un plazo razonable y por medio de funcionarios capacitados en atención a víctimas de discriminación y violencia por orientación sexual, promover y continuar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por la señora Rojas Marín, evitando la aplicación de estereotipos discriminatorios y la realización de cualquier acto que pueda resultar revictimizante

Lo contenido en el párrafo 229 de la sentencia es el contenido esencial del derecho a la verdad: investigar, identificar a los responsables, juzgar, sancionar y reparar”. Ni modo, fue un grave error cometido por el juzgado pertinente y deberá asumir su responsabilidad administrativa ante los órganos de control interno e incluso debería ser tomado en consideración por la Junta Nacional de Justicia para el proceso de ratificación de jueces y fiscales.

Otro aspecto que dejó sin argumentos a la defensa del Estado peruano fue el hecho de no haber identificado de oficio a través de sus agentes estatales (jueces, fiscales) cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento internos o si era aplicable alguna de las excepciones estipuladas en el artículo 46 de la Convención Americana y, en cuanto fuese procedente, si el Estado especificó los recursos que aún no se habrían agotado y si demostró que éstos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos.

Lo lamentable es que la defensa del Estado equiparó un recurso de apelación como recurso idóneo y efectivo cuando la conceptualización de recursos idóneos y efectivos no son sinónimos de recursos impugnatorios.

Un recurso idóneo es aquél que va a permitir en caso concreto generar una amplia protección jurídica en una situación de presunta violación de derechos humanos y un recurso efectivo, es aquél que producir un resultado eficaz.

La CIDH, consideró que el recurso de apelación referido por el Estado en el proceso por violencia sexual y abuso de poder no era adecuado ni efectivo, ya que “no habría protegido a [la presunta víctima] en la situación jurídica infringida” (Párr. 21)

La Corte IDH para el caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 2762 en el párrafo 116 dice

En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes.

Asimismo, la Corte ha establecido que para que un recurso sea efectivo, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.

No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En virtud de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no sólo de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.

En este contexto, lamentamos la interpretación errónea por parte de la defensa del Estado peruano que evidencia la falta de recurrencia a la jurisprudencia de la Corte IDH, recomendaciones de la CIDH y de otros órganos supranacionales de protección de derechos humanos.

Sobre el particular, la Corte IDH ha señalado para el caso concreto que no le corresponde ni esa instancia ni a la CIDH determinar cuáles son esos recursos sino al Estado peruano.

La pregunta es ¿Qué entienden los jueces y fiscales por recursos idóneos y efectivos? ¿Tenemos algún protocolo, directiva o norma que desarrolle e identifique qué son recursos idóneos y efectivos y que sean a su vez aplicable a casos de graves violaciones a derechos humanos?

Con el caso concreto, nos abre una vez la oportunidad de que podamos trabajar una ley de desarrollo constitucional, protocolo o norma que desarrolle la conceptualización de recurso idóneo y efectivo para dar un mejor cumplimiento al articulo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que trata de la protección judicial señala que toda  persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención.

Este caso evidencia que nuestro sistema de justicia no está suficientemente preparado para adecuar sus actuaciones judiciales a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y eso pasa por la selección jueces idóneo y con especialidad.  Este es sin duda un reto para la Junta Nacional de Justicia.

Considero que es la Junta Nacional de Justicia la que debería encargarse de diseñar un protocolo de actuación de jueces y fiscales adecuados al derecho internacionales de los derechos humanos, pero sobre todo el desarrollo de la conceptualización de recursos idóneos y efectivos haciendo referencias con extractos de jurisprudencia.

Esto dijo la Corte IDH:

87- La Corte recuerda que el deber de respetar los derechos humanos reconocidos en la Convención, concierne a todos los que actúen a nombre del Estado, especialmente si proceden en la condición de órganos estatales, por lo que la eventual violación de aquellos le es atribuible directamente. Igualmente, hace presente que la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de dichos derechos, significa que es responsable de la violación de éstos por parte de terceros en el evento de que no haya adoptado las medidas indispensables para impedir su trasgresión o para hacerla cesar, reparando el daño causado. Y todo ello respecto de cualquier persona que se encuentre, por cualquier causa, circunstancia o motivo, bajo su jurisdicción.

88.(..) la Corte advierte que el efectivo respeto de los derechos humanos implica que su eventual violación constituye, per se, un hecho ilícito internacional, cualquiera sea la condición de la presunta víctima, circunstancia de que en modo alguno puede ser esgrimida para justificar aquella. De modo, pues, que la detención arbitraria o la tortura de una persona, cualquiera sea su condición, es siempre contraria al Derecho Internacional y, especialmente, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

  1. (..) los Estados están obligados, además, a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o

Asimismo, la Corte IDH, encontró responsable al  Estado por violación al derecho de integridad personal de Juana Rosa Tanta Marín madre de la víctima por haberle ocasionado un daño grave a la salud emocional, psicológica y mental por todo el año de lucha por la búsqueda de justicia en sede interna, lo que le ocasionó estados de estrés, angustia, depresión que cambiaron el curso de sus actividades diarias.

Esto dijo la Corte IDH respecto de la madre de la víctima

  1. (..) de la prueba aportada ante la Corte se desprende que la señora Juana Rosa Tanta Marín se vio afectada su integridad personal de forma significativa a raíz de la tortura sexual de Azul Rojas Marín, así como por la falta de investigación de la misma. Según el informe psicológico pericial, la señora Tanta Marín “presentaba una depresión mayor de carácter crónico que incidía seriamente en su salud física y que constituía un riesgo.
  2. (..) este Tribunal concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Juana Rosa Tanta Marín.

Conclusión:

La Corte IDH, así como la CIDH, han evidenciado una realidad que sucede en nuestra sociedad peruana y es el tema de los prejuicios, estereotipos que conducen a realizar conductas de trato discriminatorio en general, no solo a las personas de LGBTI, sino en general.

Una realidad con la que se viene ciertamente adoptando medidas y políticas para ser una sociedad más inclusiva pero que a la luz del presente caso, ningún esfuerzo será necesario o útil sino se tiene conscientemente presente lo siguiente:

“No importa la condición que se tenga, somos personas, titulares de derechos y deberes, con dignidad que debemos aprender a respetar”.  El presente caso merece una serie de reflexiones ¿A caso por tener una orientación sexual distinta a la tuya merece menos respeto de los demás? ¿A caso por tener una orientación sexual distinta a la tuya deja de ser una persona o anula sus derechos, sus deberes como tal? ¿A caso por tener una orientación sexual distinta a la tuya merece ser humillado, vejado, torturado, discriminado? ¿A caso por tener una orientación sexual distinta merece ser anulado en su proyecto de vida? ¿El hecho de ser agentes del Estado nos hace superiores a los demás que podemos avasallar contras las personas?

La concepción de derechos humanos está por encima de toda condición, su regulación trasciende las esferas de los Estados, de ahí que los derechos humanos son protegidos por instancias internacionales, por órganos supranacionales de los cuales el Perú forma parte al haber ratificado tratados de derechos humanos sin ninguna observación.

Podemos tener diversas formas de opinar en aras de nuestro ejercicio a la libertad de opinión y expresión incluso podemos estar de acuerdo o no con la unión civil del mismo sexo o con la “ideología de género” que a título personal considero que no es la perspectiva de género o igualdad de género como expresión de consenso internacional al que hemos apoyado de desde siempre, pero el tener puntos de vistas distintos con respeto a los demás, no nos hace discriminadores porque vivimos en una democracia donde se respeta los derechos y libertades.

El tener puntos de vistas distintos no significa que tengamos que tolerar, solapar, justificar violaciones de derechos humanos contra personas de LGBTI ni contra nadie, precisamente porque son personas titulares de derechos y deberes como todos los demás.  Eso es lo que todos sin excepción debemos concientizar. “La violación de derechos humanos no se puede justificar, por el contrario, se tiene que investigar”.

Lamentablemente somos una sociedad que aún tiene impregnados patrones, complejos, prejuicios que se repiten de generación en generación y eso genera conductas agresivas y violentas, trae muchas complicaciones en nuestras familias, con amigos, en relaciones con los demás.

En el Perú no contamos con herramientas jurídicas de tipificación de violaciones de derechos humanos y es que hace 17 años se inició un texto de adecuación de los tipos penales descritos en el Estatuto de Roma de la CPI, a nuestro código penal, en un pionero trabajo de adecuación del derecho interno a la normatividad internacional.

El  trabajado de adecuación consistió en elaborar  en ese entonces un texto denominado delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que sería el Libro III del Código Penal.

En este texto, se describía la violaciones más graves a los derechos humanos como es la tortura, violación sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc y no sólo como parte de un ataque generalizado o plan sistemático.

El Congreso de la República tuvo la oportunidad de aprobarlo en su momento y no lo hizo, varias presidencias de comisiones pasaron, se fue perfeccionando el texto pero no se debatió ni se aprobó.

Nuestros jueces y fiscales tiene que contar con esta herramienta jurídica para no volver a reincidir en errores graves que dañen la imagen del Perú ante las instancias internacionales.

ANEXO (Resumen de las medidas de satisfacción, de garantías de no petición, restitutorias entre otras que deberá cumplir el Estado peruano como parte de su responsabilidad internacional por el presente caso)

  • La Corte IDH ordenó que el Estado peruano mediante acto público se disponga el reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, haciéndose mención a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia, con participación de altos funcionarios del Estado y de la señora Rojas Marín o sus representantes
  • La difusión de dicho acto público la Corte será a través de los medios de comunicación de la manera más amplia posible, en radio, televisión y redes sociales.
  • El Estado peruano deberá publicar en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, el resumen oficial de la presente de la misma, por una sola vez, en el Diario Oficial y uno de amplia circulación nacional, así como en un diario del Departamento de La Libertad (lugar donde sucedieron los hechos).
  • Asimismo, la Sentencia en su integridad deberá ser publicada por un período de un año, en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • La Corte IDH ordena al Estado brindar gratuitamente, de forma prioritaria, tratamiento médico para Azul Rojas Marín, el cual deberá incluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte y otros gastos directamente relacionados y necesarios.
  • Al proveer el tratamiento psicológico y/o psiquiátrico se debe considerar, además, las circunstancias y necesidades particulares de la víctima, según lo que se acuerde con ella y después de una evaluación individual.
  • La Corte IDH considera conveniente ordenar al Estado peruano adoptar, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia. El protocolo debe tener carácter vinculante de acuerdo con la normativa interna.
  • El Protocolo deberá estar dirigido a todos los funcionarios públicos que intervengan en la investigación y tramitación de procesos penales en casos de personas LGBTI víctimas de violencia, así como al personal de salud público y privado que participe en dichas investigaciones.
  • El Protocolo deberá incluir la obligación de que los agentes estatales se abstengan de hacer uso de presunciones y estereotipos discriminatorios al momento de recibir, procesar e investigar las denuncias
  • El Estado deberá tener en cuenta, para la elaboración del referido Protocolo, los criterios establecidos en los instrumentos internacionales en materia de tortura, así como los estándares desarrollados en esta Sentencia y en la jurisprudencia de la Corte.
  • En este sentido, dicho protocolo deberá tener en consideración que la debida diligencia en casos de violencia sexual y tortura contra personas LGBTI implica la adopción de medidas especiales y el desarrollo de un proceso con miras a evitar su revictimización, por lo que deberá incluir, como mínimo los estándares desarrollados en la presente sentencia.
  • Los exámenes médicos practicados a la presunta víctima deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales, evitándose, en la medida de lo posible, más de una evaluación física
  • Al tomar conocimiento de actos de violación sexual, es necesario que se realice de inmediato un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea.
  • Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia sexual.
  • En lo que respecta a los peritajes psicológicos y/o psiquiátricos, los médicos deberán abstenerse de indagar sobre los antecedentes sexuales de la víctima y, en general, utilizar estereotipos de orientación sexual o expresión de género.
  • En relación a los funcionarios públicos que se desempeñan en la administración de justicia, el protocolo deberá incluir, conforme con los estándares desarrollados de la presente Sentencia.
  • La Corte IDH ordena al Estado crear e implementar, en el plazo de dos años, un plan de capacitación de agentes de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el serenazgo orientado a sensibilizar a los miembros de los cuerpos policiales y fiscales
  • La Corte IDH ordena al Estado que diseñe e implemente en un plazo de un año, un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.
  • El Estado peruano deberá presentar a la Corte un informe anual durante tres años a partir de la implementación del sistema de recopilación de datos, en el que indique las acciones que se han realizado para tal fin.
  • La Corte IDH ordena al Estado, en coordinación con los gobiernos locales y regionales, eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las Regiones y Distritos del Perú el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis”, en un plazo de un año.
  • La Corte IDH la Corte considera razonable ordenar al Estado el pago de una indemnización por concepto de daño material a favor de ambas víctimas. fija en equidad las cantidades de USD $10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Azul Rojas Marín y de USD $5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de Juana Rosa Tanta Marín.
  • El pago de la indemnización a la señora Azul Rojas Marín deberá realizarse directamente a ella. El pago de la indemnización a la señora Juana Rosa Tanta Marín deberá realizarse directamente a sus derechohabientes, de conformidad con la normativa sucesoria aplicable.
  • La Corte IDH estima que hubo un grave daño moral en la señora Rojas Marín y en la señora Tanta Marín. En virtud de ello, en atención a las circunstancias del presente caso y las violaciones encontradas, la Corte considera pertinente fijar, en equidad, la cantidad de USD$ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América) en concepto de daño inmaterial a favor de Azul Rojas Marín. En cuanto a la señora Juana Rosa Tanta Marín, la Corte fija en equidad, como reparación pecuniaria de su daño inmaterial, la cantidad de USD$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América).
  • El pago de la indemnización de la señora Juana Rosa Tanta Marín deberá realizarse directamente a sus derechohabientes, de conformidad con la normativa sucesoria aplicable.
  • La Corte IDH considera que la emisión de la presente Sentencia y las reparaciones ordenadas en este capítulo resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por la víctima, sin perjuicio de que el Estado decida adoptarlas y otorgarlas a nivel interno.
  • La Corte IDH ordena al Estado el reintegro a dicho Fondo de la cantidad de USD $886.23 (ochocientos ochenta y seis dólares con veintitrés centavos de los Estados Unidos de América) por los gastos incurridos. Este monto deberá ser reintegrado en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación del presente Fallo

PUEDES DESCARGAR LA SENTENCIA  y RESUMEN  DE LA SENTENCIA CORTE IDH DEL CASO AZUL ROJAS MARÍN.

RESUMEN CASO AZUL CORTE IDH

CASO AZUL SENTENCIA

Sobre Lesly Llatas Ramírez

Abogada, docente y Magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Especialista en Derechos Humanos, Internacional, Internacional Humanitario y Constitucional.

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