La gran mayoría de los países de América Latina que intervinieron en el Consejo, a los que se unió España, se alinearon con un discurso en favor de la paz y del respeto del derecho internacional, la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Por su  parte,  el embajador de Estados Unidos ante la ONU afirmó que Washington llevó a cabo una operación de carácter legal y selectivo contra dos fugitivos de la justicia estadounidense, a quienes calificó como “narcoterroristas”. Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Mike Waltz sostuvo que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo y recordó que más de 50 países, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, rechazaron el resultado de las elecciones venezolanas de 2024 por falta de transparencia.

Se acusó al gobierno venezolano de liderar una red criminal dedicada al tráfico de drogas, de colaborar con organizaciones terroristas y de desestabilizar el hemisferio occidental.

Panamá expresó su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, al tiempo que llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica. Eloy Alfaro de Alba reafirmó el compromiso histórico de Panamá con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional, incluidos los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza consagrados en la Carta de la ONU.

 Nicaragua reafirmó también que América Latina y el Caribe es una zona de paz, declaverada por la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (CELAC) destacó que este estatus debe ser respetado por todos los gobiernos, especialmente por los miembros del Consejo responsables de la paz y la seguridad internacionales.

Argentina expresó el respaldo de su país a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificando a Nicolás Maduro como un «dictador» y líder de organizaciones designadas como terroristas por Argentina en 2025. El diplomático sostuvo que estas medidas representan un avance significativo en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

Paraguay coincidió con el argentino al señalar que Nicolás Maduro era el «líder de una organización criminal» declarada «terrorista» por las autoridades de su país.  Señaló que la permanencia en el poder representaba una amenaza para la estabilidad regional y sostuvo que la salida de su liderazgo debe dar paso inmediato a la restauración de la democracia y del Estado de derecho en el país.

España expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela, calificándola como un precedente alarmante con implicaciones regionales e internacionales, subrayando que los recursos naturales del país son parte de su soberanía. Héctor Gómez subrayó la importancia de respetar la Carta de Naciones Unidas, especialmente los principios de soberanía, integridad territorial y la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, como base para la convivencia internacional. El diplomático enfatizó que la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos en Venezuela solo pueden abordarse mediante cooperación internacional y diálogo, no por imposición militar.

Brasil rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, calificándola de «flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas» y advirtiendo que «los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable».  Su representante, hizo una defensa firme de América Latina como «zona de paz» y afirmó que «el recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados». Sostuvo que la solución para Venezuela debe respetar «la autodeterminación del pueblo venezolano», no la creación de «protectorados».

México condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo. Durante su intervención, Héctor Vasconcelos subrayó que la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza constituye un principio fundamental del derecho internacional, sin excepciones, y advirtió que cualquier retórica orientada a una escalada militar pone en riesgo la estabilidad regional. El diplomático recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas, y rechazó los cambios de régimen impulsados por actores externos y las medidas extraterritoriales.

 Chile también condenó las acciones militares unilaterales de Estados Unidos. Paula Narváez Ojeda reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales.

Cuba condenó la que calificó como “una «agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación» que pretende revivir la Doctrina Monroe” y llamó a la comunidad internacional a «condenar y enfrentar este acto de terrorismo de Estado» que amenaza la paz regional e internacional, reafirmando su adhesión a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Venezuela, Samuel Moncada, declaró que la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero constituye un «acto de agresión» según la definición de la ONU. «La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado sin excepciones, sin dobles raseros», afirmó ante el Consejo, subrayando que el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio vulnera la inmunidad personal, «una garantía institucional que protege la soberanía de todos los Estados». Moncada aseguró: “No podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense: Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales (…) Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar Estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo”. Y concluyó asegurando: “Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela. Está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta Organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial”. 

China y Rusia condenaron enérgicamente la acción militar, calificándola de “neocolonialismo”, “doble rasero” e injerencia en la soberanía nacional de los Estados, en lo que supone una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. “Ningún país puede ser la policía del mundo, ni ningún Estado puede erigirse en juez internacional”, dijo el representante chino.

El enviado de Pekín añadió: “Exigimos que en Estados Unidos deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo, la igualdad” y apoyó plenamente a los países de la región en la defensa de la condición de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Por su parte, Vassily A. Nebenzia, embajador ruso, hizo un llamamiento a los miembros del Consejo para que abandonaran la doble moral y no justificaran «un acto de agresión tan atroz» por temor al «gendarme global estadounidense».

#Venezuela: El derecho internacional no ha sido respetado. La Carta de la ONU consagra la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.@DicarloRosemary en nombre de @antonioguterres https://t.co/rGdnJCYaax pic.twitter.com/5Qq4on4cac

— Noticias ONU (@NoticiasONU) January 5, 2026