ECL.- La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó su informe trimestral. El período sobre el que se informa estuvo marcado por las actividades de conmemoración del octavo aniversario de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que puso fin a más de cinco décadas de conflicto entre el Gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). El pasado, 21 de noviembre tuvo lugar en Bogotá un evento de alto nivel al que asistieron el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, representantes de las antiguas FARC-EP, autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional. El Secretario General estuvo representado por la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary A. DiCarlo.
Las partes renovaron su compromiso con el Acuerdo Final, si bien expresaron preocupación por su estado de implementación. En su declaración, el Presidente Petro recalcó que la reforma rural integral seguirá siendo una prioridad para su Gobierno. También reconoció que los avances realizados en este punto desde que se firmó el Acuerdo son limitados y pidió al Congreso que apruebe legislación para acelerar la distribución de tierras. Fijó el objetivo de adjudicar 600.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas para finales de 2025 y así avanzar hacia la meta global establecida en el Acuerdo de entregar 3 millones de hectáreas. Rodrigo Londoño, líder del partido político Comunes (antiguas FARC-EP), en representación de la otra parte signataria, declaró que el Acuerdo constituye una hoja de ruta para construir una paz sostenible y que es un referente internacional.
Asimismo, en dicho informe se alude a una estreategia denominada «Plan Choque». El l Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó oficialmente el plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo Final, anunciado por el Presidente Petro y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia celebrada en julio. El plan contiene seis puntos: 1) el establecimiento de pactos entre las autoridades nacionales y locales para acelerar la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET); 2) énfasis en la reforma rural integral;3) una agenda legislativa para acelerar el proceso; 4) el fortalecimiento del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; 5)la implementación de las disposiciones del Acuerdo orientadas a eliminar la violencia de la vida política; y 6) la atribución de roles y responsabilidades relacionados con la implementación del plan de choque.
Por su parte el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó que, al conmemorar ocho años de la firma del Acuerdo Final, Colombia alcanza un hito significativo en su camino hacia la paz. Saludó que las partes aprovecharon esta conmemoración para renovar sus compromisos frente al Acuerdo de Paz, así como expresar algunas de sus preocupaciones respecto al estado de su implementación. “La ambición del Acuerdo se refleja en su enfoque holístico para alcanzar una paz duradera abordando las causas profundas del conflicto, un proceso que requerirá el compromiso continuado de todos los implicados durante los próximos años”, agregó.
El informe, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, destaca como muestra del éxito general de la implementación el hecho de que la gran mayoría de los excombatientes siga involucrada en su proceso de reincorporación y comprometida con la paz, a pesar de los numerosos desafíos encontrados en el camino. Aproximadamente el 99% (27% mujeres) de los excombatientes registrados en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) está inscrito en el Programa de Reincorporación Integral.
El Secretario General reconoció el impulso que ha tenido la Reforma Rural Integral bajo la actual administración a través del fortalecimiento de la coordinación institucional y la priorización de áreas específicas. Sin embargo, los avances continúan por debajo de las metas establecidas en el Acuerdo. La adjudicación de tierras se sitúa en el 5.7% del objetivo de tres millones de hectáreas establecido en el Acuerdo, mientras que la formalización de la tenencia de la tierra ha alcanzado el 43,8% del objetivo de siete millones de hectáreas. Es necesario contar con la financiación adecuada para avanzar en ambos frentes.
Respecto a la aceleración de la implementación del Acuerdo, António Guterres reconoció el potencial del Plan de Choque y resaltó que puede fortalecerse a través de la inclusión de las medidas de género y las prioridades del Capítulo Étnico; este último, uno de los más rezagados en materia de implementación. “Me alienta especialmente que, en el marco del plan, se hayan establecido pactos territoriales sobre prioridades de desarrollo entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales. Este podría ser un paso importante para ampliar la presencia del Estado y llevar los dividendos de la paz, incluido el acceso a medios de subsistencia, educación, salud y otras dimensiones del desarrollo sostenible, a regiones históricamente marginadas, donde la violencia y la inseguridad persistentes siguen siendo los mayores obstáculos para la implementación del Acuerdo”, resaltó.
El Secretario General saludó la primera actualización del Plan Marco de Implementación que dieron a conocer las partes en noviembre pasado, adecuando el sistema de indicadores a la realidad actual y enfocándose en resultados e impacto de la implementación del Acuerdo. Añadió que es fundamental que los objetivos del Acuerdo de Paz se materialicen a través de financiación adecuada y eficiencia de los esfuerzos. “Insto a todos los implicados a que estructuren, prioricen y optimicen eficazmente los múltiples procesos en curso, así como sus canales de coordinación y toma de decisiones”, puntualizó.
En cuanto al avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), António Guterres afirmó que, con cuatro casos en la etapa de juicio, es cada vez más urgente que el Gobierno tome las medidas necesarias para establecer las condiciones para la implementación de las sanciones propias. De igual manera, reiteró la importancia de garantizar la seguridad jurídica de las personas bajo la jurisdicción de la JEP, así como que esta última asegure que los objetivos centrales de impartir justicia y contribuir a la consolidación de la paz se cumplan con celeridad en beneficio de las víctimas que esperan pasar página luego de décadas de sufrimiento. El Secretario General hizo un llamado al Gobierno y a la JEP para que avancen con celeridad y de forma colaborativa en el marco de sus respectivos mandatos y responsabilidades.
Respecto a garantías de seguridad para firmantes de paz y comunidades, en el período se presentaron diez asesinatos y seis intentos de homicidio de excombatientes. Desde la firma del Acuerdo, 441 excombatientes han sido asesinados (11 mujeres, 59 indígenas, 57 afrocolombianos), 158 han sido víctimas de tentativas de homicidio (17 mujeres) y 45 han sido dados por desaparecidos (todos hombres).
En cuanto a la violencia contra líderes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 37 denuncias de asesinatos (21 verificadas; 6 en proceso de verificación y 10 no concluyentes). Los ataques se concentraron principalmente en Cauca, Arauca y Antioquia.
A pesar de los esfuerzos de paz en marcha, los combates entre grupos armados y entre grupos armados y Fuerza Pública continuaron en varias regiones, impactando a las comunidades. La Misión ha recibido reportes de un incremento en el reclutamiento de niños y niñas y en el uso de minas antipersonal. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó durante el periodo el desplazamiento de 176.609 personas (disminución del 20% en desplazamientos masivos respecto al mismo periodo el año anterior) y el confinamiento de 138.795 (aumento del 60%), afectando de manera desproporcionada a los pueblos étnicos y la región del Pacífico.
La estrategia para acelerar la implementación de la política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales avanzó con el diseño de planes a nivel local en dos regiones piloto: Magdalena Medio – Sur de Bolívar y Norte del Cauca. Las partes interesadas han resaltado la importancia de hacer compatible esta estrategia con los actuales esfuerzos de paz en estas regiones.
Por otra parte, el Secretario General saludó la adopción del primer Plan de Acción Nacional de Colombia sobre la Resolución 1325 de Mujeres, Paz y Seguridad, del Consejo de Seguridad. “Confío en que el Plan de Acción Nacional complemente las disposiciones sobre género del Acuerdo Final y los diálogos de paz en curso, reforzando así la participación de las mujeres y la promoción de sus derechos”, afirmó el Secretario General.
Sobre las recientes reuniones extraordinarias entre el Gobierno y el ELN, celebradas en Caracas, el Secretario General manifestó que constituyeron un paso positivo para fomentar un mayor diálogo e insistió en su llamado a restablecer el cese al fuego. “Me siento alentado por las intenciones expresadas por ambas partes de avanzar lo más rápidamente posible en los próximos meses. Las insto a que consoliden el progreso alcanzado hasta la fecha en la mesa de negociaciones y mantengan la vista puesta en el objetivo global de la paz. Hago un llamado a las partes para que establezcan un nuevo cese al fuego lo antes posible, con un mecanismo sólido de monitoreo y verificación y un alcance suficientemente amplio para mejorar la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto”, añadió.
Antonio Guterres saludó la priorización del diálogo como medio para poner fin a la violencia y llamó a todos los participantes en los diálogos actuales a seguir adelante a pesar de los contratiempos inherentes a estos procesos. En este marco agregó que “el reclutamiento y la utilización de niños y niñas y la violencia sexual relacionada con el conflicto son inaceptables y deben cesar sin demora. Insto a todas las partes implicadas en las conversaciones en curso a que demuestren su visión y su compromiso con la paz”.
El informe pone de manifiesto que los diferentes esfuerzos de diálogo de paz acompañados por la Misión comparten elementos comunes: la voluntad de implementar gradualmente los acuerdos a medida que se van alcanzando, el objetivo de reducir la violencia y la priorización de las transformaciones territoriales. Señala que este enfoque requiere una coordinación eficaz con las políticas de seguridad vigentes, así como una movilización rápida y adecuada de fondos y otros recursos por parte de las autoridades, la coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local, y el apoyo de la comunidad internacional.
Finalmente, el Secretario General reiteró su apoyo y esperanza para que en 2025 los colombianos y colombianas avancen decididamente en el camino hacia la paz, y reiteró que Naciones Unidas sigue comprometida con el apoyo al Gobierno y todos los actores involucrados en esta tarea.
El informe será presentado en Nueva York el 22 de enero por el sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Informe trimestral de paz en colombia
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