Consejo de Derechos Humanos ONU: La cuestión de la pena de muerte

26 de octubre de 2019

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.–   Durante el 42 período de sesiones de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  comprendido del 09 al 27 de septiembre de 2019 ( Ginebra), los 47 Estados miembros aprobaron interesantes resoluciones en materia de derechos humanos que marcan nuevos consensos para  garantizar el compromiso  internacional para la vigencia y respeto universal en nuestros humanos.  Siendo el Perú un Estado miembro original de las Naciones Unidas y teniendo a su vez un asiento vigente en el seno del Consejo, es importante que todos los peruanos y extranjeros que estamos bajo la jurisdicción del Estado podamos socializar con la acciones y decisiones que se adoptan en beneficio de la humanidad. De modo que, una ciudadanía bien informada es la garantía para hacer prevalecer el respeto de sus derechos pero a su vez, asumiendo el compromiso para con  el cumplimiento de deberes; exigir a su Estado la abstención de toda acción u omisión que implique un perjuicio al respeto universal de derechos acorde con los compromisos internacionales asumidos. 

TEMÁTICA 6.- La cuestión de la pena de muerte 

En este período de sesiones se adoptó la Resolución   A/HRC/42/L.37  sobre la Cuestión de la Pena de Muerte  en los términos siguientes: 

El Consejo de Derechos Humanos, Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes, y reafirmando que todos los Estados deben cumplir las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos,

Recordando también el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, Recordando además las resoluciones de la Asamblea General 62/149, de 18 de diciembre de 2007, 63/168, de 18 de diciembre de 2008, 65/206, de 21 de diciembre de 2010, 67/176, de 20 de diciembre de 2012, 69/186, de 18 de diciembre de 2014, 71/187, de 19 de diciembre de 2016, y 73/175, de 17 de diciembre de 2018, sobre la cuestión de una moratoria del uso de la pena de muerte,

Reafirmando las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte que figuran en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1984, y las disposiciones relativas a la aplicación de las directrices contenidas en las resoluciones del Consejo 1989/64, de 24 de mayo de 1989, y 1996/15, de 23 de julio de 1996, Recordando todas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la pena de muerte, la última de las cuales fue la resolución 2005/59, de 20 de abril de 2005,

Recordando también la decisión 18/117 del Consejo de Derechos Humanos, de 28 de septiembre de 2011, relativa a la presentación de informes del Secretario General sobre la cuestión de la pena de muerte, la resolución 22/11 del Consejo, de 21 de marzo de 2013, relativa a una mesa redonda sobre los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas, la decisión 22/117 del Consejo, de 21 de marzo de 2013, relativa a una mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte, y las resoluciones del Consejo 26/2, de 26 de junio de 2014, 30/5, de 1 de octubre de 2015, y 36/17, de 29 de septiembre de 2017, sobre la cuestión de la pena de muerte (..) 

Reconociendo el interés de estudiar la cuestión de la pena de muerte y de celebrar debates locales, nacionales, regionales e internacionales al respecto,

1. Insta a todos los Estados a que protejan los derechos de los condenados a la pena de muerte y de otras personas afectadas en cumplimiento de las obligaciones internacionales que les incumben;

2. Exhorta a los Estados que todavía no se han adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, o que aún no lo han ratificado, a que consideren la posibilidad de hacerlo;

3. Exhorta a los Estados que han abolido la pena de muerte o que aplican una moratoria de su utilización a que no reanuden el uso de la pena de muerte y recuerda a los Estados que son partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que han abolido la pena de muerte que se les prohíbe volver a introducirla;

4. Exhorta a los Estados que aún aplican la pena de muerte a que limiten su uso a “los más graves delitos” y a que eliminen de sus leyes nacionales toda aplicación de la pena de muerte para delitos que no entrañen la muerte intencional, como los delitos relacionados con las drogas o con el terrorismo que no entrañen la muerte intencional;

5. Exhorta a los Estados a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, e informen a los extranjeros de su derecho a ponerse en contacto con la oficina consular correspondiente;

6. Exhorta a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a que faciliten el acceso a datos pertinentes, desglosados por género, edad, nacionalidad y otros criterios aplicables, sobre el uso de la pena de muerte, entre otras cosas sobre las acusaciones, el número de condenados a muerte, el número de condenados en espera de ejecución, el número de ejecuciones llevadas a cabo y el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas tras la presentación de un recurso o para las que se haya dictado un indulto, así como información sobre cualquier ejecución programada, que puedan contribuir a la celebración de debates nacionales e internacionales transparentes y bien fundamentados, en particular sobre las obligaciones de los Estados con respecto al uso de la pena de muerte;

7. Solicita al Secretario General que dedique el suplemento correspondiente a 2021 de su informe quinquenal sobre la pena de muerte a las consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos de los condenados a la pena de muerte y de otras personas afectadas que se producen en las distintas etapas de la imposición y la aplicación de esa pena, prestando especial atención a las consecuencias de la falta de transparencia en la aplicación y la imposición de la pena de muerte para el disfrute de los derechos humanos, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 48º período de sesiones;

8. Decide que la mesa redonda de alto nivel bienal que se celebrará en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se ocupará de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular de si el uso de la pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre la tasa de delincuencia;

9. Solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organice la mesa redonda de alto nivel y que se ponga en contacto con los Estados, los órganos, organismos, órganos de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los mecanismos regionales de derechos humanos pertinentes, así como con los parlamentarios, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y las instituciones nacionales de derechos humanos, con el fin de asegurar su participación en la mesa redonda

10. Solicita también a la Oficina del Alto Comisionado que elabore un informe resumido de la mesa redonda y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos en su 48º período de sesiones;

11. Decide proseguir el examen de este asunto con arreglo a su programa de trabajo.

DESCARGA LA RESOLUCIÓN COMPLETA CDH PENA DE MUERTE

Abog. Lesly LLatas Ramírez/ Especialista en Derecho Internacional de DDHH y directora del Diario Web Entérate Digital.Pe

correo: digital.pe20@gmail.com

 

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