La pandemia del COVID-19 ha desvestido la precariedad y falta de previsión de los sistemas de salud de casi todos los países del mundo y las cifras están a la vista: más de tres millones y medio de contagiados y más de 250 mil fallecidos. Son varios los temas pendientes por resolver desde los estados y definitivamente nadie ha estado preparado para una tragedia de este tipo.

Uno de estos temas que en las últimas semanas ha sido colocado en relieve es el abandono de los centros penitenciarios, la falta de políticas públicas y la garantía de los derechos humanos de los privados de libertad.

En América Latina más de un millón y medio de presos están sin visitas, hacinados, muchos sin agua y con poco jabón para asearse y algunos en cuarentena en celdas de castigo ante un peligroso enemigo invisible.

Hasta ahora han sido reportados oficialmente  más de 3,000  contagiados entre presos y cuidadores y en torno a 30 fallecidos en distintos países. Lamentablemente si los gobiernos no tienen las suficientes pruebas de diagnóstico del coronavirus para realizar a sus profesionales de la salud, seguridad públicas y a sus poblaciones, es fácil imaginar si en algún momento podrán hacer estas pruebas a la población carcelaria.

Es obvio que América Latina no ha llegado todavía al pico de la pandemia y vemos a diario el incremento de contagios y sin piedad la suma de más fallecidos; la tensión en los penales cuya característica común tienden a ser violentos, corruptos y con autogobierno de los presos, no para de crecer y los motines se multiplican.

En las últimas semanas en varios de nuestros países la pandemia ha sido la causa de motines, reyertas, reclamos, fugas, huelgas de hambre, etc. que ha dado tristemente como resultado decenas de muertos y heridos entre privados de libertad y fuerzas policiales y de orden.

Si los centros penitenciarios eran bombas de tiempo antes de la pandemia, hoy el tiempo se está acabando y al margen de la culpabilidad o inocencia, al margen de justicias e injusticias  los privados de libertad, custodios y otro personal tienen derechos humanos que los estados están obligados a garantizar.

No es suficiente los indultos humanitarios o arrestos domiciliarios, hay millones que no podrán salir ya sea por los graves delitos que han cometido, en otros casos porque sus procesos no han comenzado o en el mejor de los casos no han concluido. Los estados deben velar por la vida de todos.

En Estados Unidos con más de un millón 200 mil contagios y casi 70,000 fallecidos y donde desde esta semana 32 Estados de los 50 iniciaran el “regreso a la nueva normalidad”, también su población carcelaria que es la más grande del mundo se ha convertido en centros de miedo y desesperanza por el avance de la pandemia. Aproximadamente hay 2.3 millones de presos en todo el país y una ola de contagios de coronavirus está afectando a la población carcelaria.

Por ejemplo, una prisión en Marion, Ohio, es la más infectada del país, con más del 80% de sus casi 2.500 reclusos y 175 empleados contagiados. Las muertes por la covid-19 están aumentando en las cárceles, y los funcionarios tienen pocas opciones ya que no pueden garantizar el distanciamiento adecuado en las abarrotadas celdas y enfrentan escasez de personal médico y de equipos de protección.

Tema aparte es el miedo de los miles de indocumentados mayores de edad y menores que están detenidos por el hecho de haber ingresado al país ilegalmente, con decenas de casos de coronavirus e incluso algunos de ellos han sido deportados llevando el virus con ellos.

El caos y la información en las cárceles no es clara ya que si bien es cierto algunas son administradas por el gobierno nacional, otras por el gobierno estatal y otras por el gobierno  local, hay otras muchas que están a cargo de empresas privadas con fines de lucro y donde la información no es del todo certera.

Hasta este fin de semana pasado se sabe por un grupo de expertos en justicia penal y datos públicos, que hay 13.500 reclusos y 5.320 trabajadores de prisiones que han dado positivo por coronavirus. Sin embargo, al igual que nuestros países de América Latina faltan pruebas para toda la población y obviamente para la penitenciaria también. Algunos gobernadores usando su potestad han indultado u ordenado arresto domiciliario a privados de libertad vulnerables al contagio, aunque en un estado 5 de ellos de avanzada edad fueron liberados a pesar de haber cometido delitos graves.

Cifras publicadas la semana pasada muestran la dimensión del problema. La Oficina Federal de Prisiones, que cuenta con 152.000 presos y 36.000 empleados, encontró brotes de covid-19 en más de la mitad de sus 122 instalaciones. Sin embargo, se han hecho menos de 3.000 test, a los que 1.842 presos y 343 empleados dieron positivo. Un total de 36 reclusos ya han muerto por la pandemia.

Un indicador de lo que podría ser la realidad: CoreCivic, una empresa privada que opera decenas de prisiones, hizo 2.725 pruebas entre reclusos y personal de la cárcel de Trousdale Turner, en Tennessee. Unos 1.299 reclusos y 50 empleados dieron positivo, casi todos sin síntomas.

Al menos 125 países tienen poblaciones de prisioneros que superan las capacidades de sus sistemas correccionales, incluidos 20 que tienen más del doble de los reclusos que pueden albergar, según el Informe Mundial sobre Prisiones del Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres.

La reacción social formal ha tenido diferentes modalidades frente a la delincuencia, utilizándose medidas como la pena de muerte, el exilio, la deportación, diversos castigos corporales, etc., y una de estas «soluciones», y  por consiguiente no la única que ya tiene más de dos siglos de ser meollo de políticas criminales, es la pena privativa de la libertad.

Si los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de los Estados no trabajan en conjunto para evitar los hacinamientos y todo lo que eso conlleva dentro de las cárceles, los problemas de violaciones a los derechos humanos van a continuar; y, de lo que se trata es tener claro que la vida humana está por encima de todo y los estados están en la obligación de garantizarla.

El tema de las cárceles debe ser revalorizado en su justa dimensión: no sólo se trata de un asunto humanitario, de interés para un determinado grupo, se trata de un problema de primer orden que el Estado y la sociedad deben atender, por cuanto acarrea una incidencia decisiva en la calidad de vida ciudadana y es que el mal manejo de los asuntos penitenciarios se convierte en un factor de perturbación de la paz social, traducido en aumento de la criminalidad violenta, incremento de la conflictividad y resentimiento social, todo lo cual, además, mina significativamente la credibilidad y legitimidad de las instituciones

Hasta la próxima semana.