Feminicidio, la otra pandemia

América Latina y el Caribe, además de ser una de las regiones más desiguales del mundo, es la segunda región más letal para las mujeres después de África. Dos de cada tres asesinatos de mujeres y niñas son cometidos por las parejas o familiares, los índices de violencias contra las mujeres alcanzan día a día los valores más altos; es decir, por desgracia el feminicidio representa las prácticas arraigadas en la degenerada cultura machista de nuestras sociedades, donde el móvil del delito está relacionado con la condición de ser mujer, o motivado por razones de género.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, identificó las violencias basadas en cuestiones de género como manifestaciones netas de la discriminación cuya causa principal es la desigualdad. Es decir, que los femicidios son producto de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, constituyendo una forma de discriminación que impide que estas últimas gocen de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. (CEDAW, 1994).

Desafortunadamente, las medidas de cuarentena impuestas por los gobiernos a raíz del COVID, contribuyeron al aumento de los casos de violencias hacia las mujeres y de los feminicidios en los países de América Latina y el Caribe, especialmente en aquellas comunidades marginales y vulnerables de grandes ciudades y en zonas rurales o aisladas.

Dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos por los estados son terminar con las violencias de género y lograr la igualdad de género, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y la construcción de sociedades pacíficas, justas y con instituciones sólidas; sin embargo, no son muy evidentes los esfuerzos de parte de los gobiernos para por lo menos acercarse a estas metas.

Las últimas estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), señalan a Brasil y México llevan la delantera regional en feminicidios; sin embargo, son los países de El Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala los deshonrosos primeros lugares en el ranking de las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. La semana en solo un día hubo en Guatemala 5 casos de feminicidio, lo que suma hasta ahora para enero 28 casos reportados.

A pesar de que la mayoría de los países han modificado sus legislaciones para sancionar con cadena perpetua o muchos años de prisión a los responsables de feminicidio, lamentablemente su limitado o nulo acceso a la Justicia, la impunidad y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento del número de muertes y no han servido de disuasivo alguno. La impunidad sigue matando.

Argentina y Chile, por ejemplo, contemplan la cadena perpetua, mientras que en las otras naciones se establecen penas que van entre 10 y 60 años. Según la ONU, 13 países de la región han aprobado leyes integrales y 18 más han penalizado el feminicidio entre 2006 y 2018.

En el segundo informe titulado “Feminicidios en América Latina en Contextos de Pandemia” realizado por Mundo Sur, indican que en la región existen países que cuentan con una ley integral sobre violencia, otros que introducen este tipo penal a través de la ley integral, algunos que adoptan leyes específicas; y, un grupo que han reformado integralmente el Código Penal.

Para el año 2019, 12 países integran el tipo penal femicidio/feminicidio al Código Penal (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay) y los restantes 6 países lo tipifican en leyes especiales sin integrarlo al Código Penal (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela). Por otro lado, Puerto Rico, tiene una ley sobre violencia doméstica pero no incluye el feminicidio ni en el cuerpo de esta norma ni en el Código Penal, Haití, cuenta con un código penal que tipifica la muerte del esposo/esposa, pero que exculpa al cónyuge de asesinar a su esposa en casos de adulterio; y, Cuba, es el único país de la región que no cuenta con legislación contra las violencias hacia las mujeres. En definitiva, todos los países de América Latina, excepto Cuba, Haití y Puerto Rico, han aprobado leyes que penalizan el femicidio.

Si bien es cierto que son políticamente de mayor relevancia las declaraciones de los lideres de los organismos internacionales, de los académicos que estudian el tema, de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de género, etc., lo más importante es que los estados actúen.

Es necesario crear las condiciones y políticas públicas para generar espacios económicos, políticos y sociales a fin de que las mujeres gocen de la igualdad de derechos y oportunidades, frenar las violencias de género contra las niñas, mujeres y poblaciones LGBTIQ; y, tomar las medidas necesarias no solo para que estos crímenes no queden en la impunidad, sino también para prevenirlos y crear una cultura de igualdad a través de la educación y políticas de sensibilización pública.

Trabajemos para cambiar las culturas, cambiar las mentalidades retrogradas y machistas, cambiar las sociedades patriarcales, lograr espacios para las mujeres, para las minorías, sin exclusión alguna, sin importar el género, porque todos tenemos derechos humanos.

“Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida.” (Campaña Ni Una Menos)

Hasta la próxima semana.

Sobre Luis Felipe Polo

Doctor en Teología, MBA, docente y experto en resolución de conflictos y derechos humanos.
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