En el estudio -a través de una extrapolación del perjuicio económico identificado en servicios de control posterior, el indicador de corrupción e inconducta funcional- estima que el daño patrimonial producido por la corrupción y la inconducta funcional en el 2020 asciende a poco más de los S/ 22 mil millones -equivalente a 12.6% del presupuesto ejecutado-, siendo la mayor incidencia en los gobiernos regionales (15.7%) y locales (17.6%), en tanto que en el caso del gobierno nacional la incidencia asciende a 10.3%.

Las regiones más afectadas por la corrupción, con excepción de Moquegua y Lambayeque, todas las regiones que se ubican en el top 10 se encuentran en los grupos de regiones con mayor incidencia de pobreza.

Termina señalando el documento que es necesario reflexionar sobre los efectos de la corrupción. En particular, sobre lo que ha significado este fenómeno para la democracia peruana y la legitimidad de sus instituciones en el último año.

Fuente/ El Montonero