ECL. En el marco del Consejo de Derechos Humanos 54º período de sesiones 11 de septiembre a 6 de octubre de 2023, el  Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo realizó una visita al Perú entre el 1 y el 15 de diciembre de 2022. En este informe se presentan sus hallazgos y recomendaciones.

De acuerdo con la resolución 51/19 de 2022 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento realizó una visita oficial al Perú, entre el 1 y el 15 de diciembre.

Durante su visita se reunió con representantes del Gobierno nacional y de gobiernos regionales y locales, organizaciones internacionales, sociedad civil, defensores de derechos humanos, Pueblos Indígenas, campesinos y residentes.

El Relator Especial visitó Lima, Ica, Cajamarca, Puno y Loreto. Dada la coyuntura social y política durante su visita al país relacionada con los eventos del 7 de diciembre de 2022, la visita del Relator Especial a Piura fue suspendida y se hicieron reuniones virtuales.

Estas regiones fueron seleccionadas con el fin de abarcar regiones y problemáticas diversas relacionadas con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El Relator Especial agradece al Gobierno del Perú por la invitación y la organización de esta visita.

Agradeció  a los peruanos y peruanas que abrieron las puertas de sus organizaciones y hogares para compartir sus preocupaciones y su lucha diaria en defensa de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El Relator Especial establece las siguientes conclusiones, con recomendaciones vinculadas a cada una de ellas. 102. Se necesita un nuevo modelo de gobernanza del agua que sea coherente con los desafíos vigentes y las perspectivas que impone el cambio climático. El Perú afronta un futuro de creciente escasez de agua, especialmente de agua potable, debido al cambio climático, su distribución poblacional y flujos migratorios, la marginación de comunidades campesinas y Pueblos Indígenas y, sobre todo, la insostenibilidad del modelo de desarrollo extractivista vigente. En este contexto es necesaria una profunda reforma legal e institucional y un nuevo enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que fortalezca una gobernanza participativa del agua. Por lo tanto, se recomienda:

• Transitar del tradicional enfoque de gestión del agua, como simple recurso productivo, a un enfoque ecosistémico y de derechos humanos, que permita garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas ante el cambio climático en curso, y desarrollar un modelo de gobernanza democrática y participativa, entendiendo el agua como un bien común y no como una mercancía;
• Frente a la vigente dispersión y solapamiento de competencias entre diversos ministerios, el Relator Especial recomienda asumir la gestión del agua como un eje estratégico prioritario, centralizar competencias en un ministerio y transitar hacia un modelo integrado de gobernanza democrática en la gestión de cuencas y acuíferos desde un enfoque ecosistémico que garantice su sostenibilidad y priorice los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
• Promover una gobernanza participativa del agua, fortaleciendo capacidades y funciones, tanto municipales como comunitarias, desarrollando en el medio rural una estrategia de partenariado público-comunitario, respetuosa con los sistemas comunitarios y con los derechos, conocimientos y cosmovisiones indígenas y campesinos;
• Poner en valor las funciones de prestigiadas organizaciones comunitarias, como las Rondas Campesinas, y de los vigilantes y monitores ambientales comunitarios en estrategias de vigilancia y protección de ecosistemas acuáticos;
• Fortalecer las Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento como instituciones comunitarias y desarrollar los Núcleos Ejecutores, al tiempo que se promueve una reforma de estos en los territorios de los Pueblos Indígenas que garantice el respeto a sus saberes y prácticas, así como a su soberanía en el diseño y ejecución de proyectos;
• Apoyar el desarrollo de observatorios ciudadanos del agua, tanto a nivel municipal como regional y nacional, como herramientas de transparencia, participación ciudadana y lucha contra la corrupción;
• Promover laboratorios independientes con capacidad de análisis y seguimiento de los problemas de contaminación de aguas, al servicio de comunidades, organizaciones sociales y observatorios ciudadanos;
• Ratificar el Acuerdo de Escazú como referencia mundial para promover participación, transparencia y acceso a la información en la gestión ambiental y en particular en la gestión de aguas.

El Estado debe garantizar de forma efectiva los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la población, priorizando esos derechos y la salud pública sobre cualquier interés económico. Por lo tanto, se recomienda:

• Que en casos de escasez o de competencia entre usos, deben reservarse las fuentes naturales de mayor calidad al abastecimiento humano, garantizando el servicio de forma continua. En casos de sobreexplotación de acuíferos, deben promoverse planes abiertos a la participación pública que permitan una gestión sostenible;
• Activar la Ley núm. 30640 y establecer una moratoria a nuevas concesiones mineras en cabeceras de cuenca, como zonas intangibles en las que no se otorgue ningún derecho de aguas;
• Garantizar de forma efectiva la total transparencia de los contratos de minería y de la gestión de las explotaciones, tanto en lo que se extrae como en los vertidos y riesgos que se generan, con seguimiento abierto a la participación ciudadana;
• Asegurar la participación ciudadana abierta y efectiva en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y medidas de mitigación y prevención, previos a la aprobación de cualquier proyecto minero, y garantizar que se cuente con un dictamen vinculante del Ministerio de Salud, de conformidad con el quinto lineamiento relativo a la salud;
• Activar los gabinetes binacionales con el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador para intervenir de forma conjunta sobre la contaminación del río Tumbes y del lago Titicaca;
• Atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre remediación de pasivos ambientales mineros en el Informe Defensorial núm. 17172, y sobre minería informal e ilegal en los Informes Defensoriales núm. 160 y núm. 16773;
•  Crear el sistema nacional de información de la vigilancia sanitaria del agua previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano;
• Implementar mecanismos de reparación para víctimas de contaminación basadas en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.

En lo que atañe a la adaptación al cambio climático, dada la elevada vulnerabilidad del Perú frente a riesgos de inundación y sequía, urge activar de forma efectiva una estrategia nacional de adaptación, basada en nuevos enfoques de planificación y gestión de aguas ―transición hidrológica― al igual que la transición energética preside las estrategias de mitigación a nivel mundial. En concreto, se recomienda:

• Activar los planes de adaptación existentes, tanto a nivel nacional como regional, promoviendo medidas de obligada aplicación en la planificación hidrológica, urbana y territorial, evitando desarrollos urbanos que desborden la disponibilidad de agua y asentamientos en zonas inundables;
• Combatir de forma efectiva la sobreexplotación de acuíferos y la existencia de pozos ilegales, frenando la expansión insostenible de regadíos y garantizando la función de los acuíferos como reservas estratégicas ante sequías, desde una adecuada planificación hidrológica;
• Reforzar la aplicación efectiva de la legislación vigente para blindar la conservación de bofedales, humedales, lagunas, acuíferos y bosques de niebla en cabeceras fluviales;

Informe sobre relator a peru
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