Las vacunas contra COVID-19 deben considerarse un bien público mundial, dice el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Michelle Bachelet

En el marco de la apertura del 47 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos  de la ONU, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el decimoquinto aniversario del Consejo coincidía, lamentablemente, con una época de graves retrocesos en los derechos humanos. Navegar por una salida clara de la compleja crisis de COVID-19 y hacia un futuro inclusivo, verde, sostenible y resiliente sería el trabajo de esta generación de líderes mundiales, o su caída.  El informe anual  de derechos humanos que sustentó, destacó que el papel central del Estado durante las pandemias y otras emergencias sanitarias era montar una sólida respuesta sanitaria al tiempo que se defendían los derechos humanos. El incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos socava la resiliencia de los sistemas de salud, así como los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias sanitarias, por lo que los Estados deben incrementar la inversión en los sistemas de protección social y de salud. El costo económico de la pandemia había sido catastrófico: se estimó que se perdieron alrededor de 255 millones de empleos durante 2020, casi cuatro veces las cifras de la crisis económica mundial en 2008.

En general, la pandemia había interrumpido o revertido los avances logrados con tanto esfuerzo en el logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no se toman medidas radicales para proteger los derechos económicos, sociales y culturales y apoyar a los países de bajos ingresos, el panorama seguirá siendo sombrío. Era necesario respetar, proteger y hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales, y priorizar la cobertura sanitaria universal y la protección social universal. Muchos países en desarrollo estaban atrapados entre una crisis de deuda y una crisis de desarrollo y derechos humanos; Las vacunas contra COVID-19 deben considerarse un bien público mundial. La exclusión de las mujeres de la formulación de políticas y la toma de decisiones relacionadas con COVID-19 fue atroz, lo que provocó que no se abordaran adecuadamente las consecuencias sociales y económicas de género de la pandemia. Se necesita una economía de derechos humanos que defienda la dignidad y los derechos de todos y promueva un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás. Los Estados deben intensificar la inversión en sistemas de protección social y de salud, mientras que las políticas que discriminan a las mujeres y a las poblaciones y grupos marginados deben ser derogadas, rescindidas o enmendadas.

 

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