Junta Nacional de Justicia destituyó al ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos por falta grave “la ética y la probidad” como componentes esenciales del Ministerio Púbico.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Pedro Gonzalo Chávarry del cargo de fiscal de supremo, luego de determinarse que cometió falta muy grave en su actuación en el deslacrado de una oficina intervenida por el fiscal José Domingo Pérez y por mentir sobre su conversación con César Hinostroza.

A casi un año de haberse iniciado el proceso en su contra, la JNJ decidió que había elementos para considerar que el fiscal supremo no podía seguir dentro de su institución. El fiscal, según la JNJ, violó la Ley de Carrera Fiscal que exige a los fiscales resguardar “la ética y la probidad” como componentes esenciales del Ministerio Púbico. Situaciones que adquieren mayor relevancia y exigen el más alto estándar de observancia cuando se trata de aquel representante que ocupa el cargo máximo como fiscal de la Nación en el Ministerio Público.

La decisión fue tomada por unanimidad por los integrantes de la JNJ, después de escuchar el informe de la ponente del caso, María Zavala, quien sostuvo las conclusiones que recomendaban sancionar a Chávarry, a quien imputaron cuatro cargos por ambos casos.

Chávarry Vallejo se le procesó por cuatro hechos: haber sostenido conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi -investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto- y se pueda organizar un almuerzo con periodistas a través del empresario Antonio Camayo -otro investigado por el caso- a fin de fortalecer sus opciones en la elección como fiscal de la Nación (2018).

De los cuatro hechos, el único que no pudo ser acreditado es que haya usado sus influencias con integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto para que lo ayudaran a ratificar su elección como fiscal de la Nación. “Por unanimidad se le absuelve del cargo A y se sanciona con la medida de destitución por haberse probado los cargos  B, C y D, conducta que constituye falta muy grave. Con esto concluye el proceso disciplinario y se procederá a notificar en el plazo establecido”, refirió la presidenta de la JNJ, Inés Tello.

Otro hecho, a consideración de la JNJ, es haber faltado a la verdad al negar ante los medios de comunicación sus conversaciones con Hinostroza y la reunión con periodistas, que luego reconoció. También, haber propiciado el deslacrado y sustracción de bienes de una oficina lacrada durante una diligencia fiscal de allanamiento a sus oficinas; y haber convocado a su despacho a un funcionario del Congreso de la República para tomar acciones contra el allanamiento.
Proceso disciplinario
El informe de María Zavala concluye que la destitución de Pedro Chávarry es una medida idónea, necesaria y proporcional al acreditarse su responsabilidad en la mentira sobre las conversaciones con César Hinostroza, al participar en el deslacrado de una de las oficinas del Ministerio Público y por convocar a un asesor del Congreso a su oficina por este caso.
Fue absuelto del cargo de haber influido en su elección como fiscal de la Nación, por intermedio de la reunión que convocó el empresario Antonio Tamayo con periodistas.
“La medida de destitución no solo es idónea y/o adecuada para coadyuvar al fortalecimiento del Ministerio Público, porque un fiscal supremo ya no está en la capacidad de generar confianza en la ciudadanía por la forma arbitraria en que se ha conducido”, refirió Zavala.
Es “absolutamente necesaria”, dijo, por la configuración de un claro conjunto de actos de interferencia y una “conducta reprochable” del investigado que no sería admisible para la sociedad en su conjunto. “Por las características personales y funciones del investigado, por su conciencia y voluntad en la comisión de las infracciones imputadas, la sanción de destitución resulta proporcional”, indicó.
Conducta impropia e indebida 
Zavala dijo que Chávarry, al haber negado las conversaciones con Hinostroza para una reunión con periodistas luego de su elección como fiscal de la Nación, es “una conducta impropia e indebida ante la sociedad” por tratarse de una autoridad que encarnaba un alto cargo público.
Precisó que en su descargo Chávarry señaló que no fue una mentira, sino una omisión para evitar fricciones en el Ministerio Público. En relación con el deslacrado de una oficina allanada por el fiscal José Domingo Pérez, Zavala refirió que se imputa a Chávarry ser promotor de esta acción y de la sustracción de bienes realizada por su entonces asesora Rosa Venegas y el policía asignado a su seguridad personal.
“Ambos actuaron alentados por el investigado, contaban con su protección ante las implicancias de estos actos. Actuaron con la idea de que estaban protegidos y no por falta de control o irresponsabilidad”, refirió.
Aseguró que el deslacrado afectó la investigación que efectúa el fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez. Consideró además que haber convocado a su despacho a César Venegas, asesor del despacho del entonces congresista Jorge del Castillo, constituye una falta muy grave de Chávarry al interferir en el ejercicio de funciones de otras instituciones públicas.
Refirió que Sandoval no fue convocado para opinar como especialista sobre cómo enfrentar las protestas ciudadanas contra Chávarry, sino “para coordinar acciones desde el Congreso para promover apoyo al investigado”.

El pasado 14 de enero, la JNJ dejó al voto el pedido de destitución propuesto por la vocal instructora Imelda Tumialán. Ese día, en audiencia ante el pleno de dicha institución, Chávarry pidió que se rechazara la propuesta en su contra. Según dijo, se le estaba implicando en hechos en los que no había participado o que no eran faltas éticas a la conducta funcional, sino atribuciones a su cargo como fiscal de la Nación. “Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. En el tema del deslacrado no tengo que ver nada (…) durante estos tres años me han atacado los principales medios periodísticos alentados por el expresidente Martín Vizcarra”, dijo ante la JNJ.

Su abogado, Julio Rodríguez, sostuvo que la propuesta de destitución contra su patrocinado estaba sustentado en “conjeturas, en suposiciones y que no tiene respaldo material”.

Chávarry Vallejo seguirá afrontando las investigaciones que existen en su contra en el Congreso de la República, así como en la Fiscalía.

En el Parlamento, Chávarry aún debe afrontar la denuncia constitucional por presunto encubrimiento real por la sustracción de documentos de la oficina lacrada durante un allanamiento realizado en enero del 2019, en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.

Mientras que en la Fiscalía se le investiga como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como el haber querido conocer los detalles del acuerdo de colaboración con el empresa Odebrecht y el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

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