¿Derecho a una muerte digna? ¿Dejarla decidir? Caso Ana Estrada y la inaplicación del artículo 112 del Código Penal / audiencia judicial pública

Un caso digno de todo debate  jurídico, ético y procesal como  es el Ana Estrada, peruana a quien se le detectó “Polimiositis” cambios inflamatorios y degenerativos en los músculos. Las manifestaciones incluyen debilidad simétrica, en ocasiones hipersensibilidad a la presión y reemplazo fibroso de los músculos, a veces con atrofia, sobre todo de los músculos proximales de las extremidades. La Defensoría del Pueblo ha presentado  una demanda de amparo para que Ana Estrada se le reconozca el derecho a decidir a morir con dignidad.

El Defensor del Pueblo  Walter Gutiérrez, sustentó  los alegatos en el proceso constitucional de Amparo por el caso Ana Estrada siendo uno de los fundamentos la inaplicación del articulo112 del código penal vigente, el derecho a decidir a morir en condiciones dignas, que recaen en la protección de la autonomía y dignidad de la persona. Este derecho implica que la persona no sufra un trato cruel o se objeto de padecimientos intolerables e insufribles. Otro de los argumentos expuestos por el  Defensor del Pueblo, es el hecho de que la omisión por parte del Estado al no hacer nada al respecto, instrumentaliza a la persona no le da un contenido esencial ético jurídico.

Nosotros estamos frente a un caso emblemático que a futuro tendría que ser regulado por la incidencia de seguro de casos que podrían presentarse al amparo de jurisprudencia. La  paciente Ana Estrada Ugarte, hizo uso de la palabra y sostuvo que para poder estar aquí en estos momentos se ha hecho todo un procedimiento para tener salida de voz, y recalcó que esta indescriptiblemente feliz por el  hecho de ser escuchada, que para ella es un día feliz. Agradeció a los medios de prensa nacional y extranjera y por supuesto a la Defensoría del Pueblo. Tengo desde los 12 años “Polimiositis” una enfermedad degenerativa, irreversible y progresiva, debilita el cuerpo por completo de forma insidiosa. manifestó que dada la enfermedad depende de todos quienes la rodean “no puedo mover nada de mi cuerpo” por eso necesito de terceros que lo hagan por mí.  La motivación por mi derecho a la muerte dignidad, fue a raíz de una recaída que tuve y que lo paso en estos momentos no es vida para mí” acotó. Me duele que el Estado tenga derecho sobre mi vida y penalice el derecho que tenemos de decidir. “no quiero actuar en la ilegalidad” por eso estoy aquí para sensibilizar sobre este derecho “yo lo necesito”. 

El Juez Constitucional Jorge Ramírez Niño de Guzmán, le preguntó sí tiene o ha tenido un tratamiento psicológica.  La paciente le contestó que sí, desde los 20 años “estoy lucida” sé claramente cuando estamos  frente a una  depresión o a una idea suicidad fruto de la depresión. En mi caso, estoy con alegría, lúcida  y la razón no es la depresión, sino que quiero la libertad de poder elegir cuando y cómo donde morir “eso es”. 

El Defensor del Pueblo, recalcó que en el caso de Ana  Estrada, es una persona no depresiva, que ama la vida, lo único que busca acceder a su libertad de decidir   que cuando llegue el momento en su salud se encuentre aún más deteriorada, ella pueda tener esa libertad para decidir.

Por su parte, el MINJUS, inició su defensa como Estado en el reconocimiento de derechos a nivel nacional como internacional, y entre los cuales no figura el derecho a morir.  Asimismo, señaló que en el Perú no existe una  base legislativa al respecto y dejó como interrogante sí por medio de una sentencia constitucional, se  puede polarizar  el procedimiento de eutanasia. El código penal no lo permite en el articulo 112. Precisaron además que el Defensor del Pueblo tiene iniciativa legislativa, por lo que debería presentar un proyecto de ley.

Por su parte ESSALUD,  sostuvo que el hecho que discrepemos con la posición de la defensoría del pueblo, no quiere decir que no comprendamos lo que viene pasando la paciente Ana Estrada.  Lo que se trata es de determinar sí la circunstancia por la pasa Ana Estrada puede conllevar a desarrollar lineamientos o pautas para el procedimiento de eutanasia y que a partir de ello, se pueda desarrollar algún protocolo. Se está colocando en juego la  ponderación de derechos, por un lado, el derecho a la vida o a la dignidad consagrados en el articulo 1 de la CPP. Mientras haya vida, se entiende el derecho a la dignidad. Ahora, en el caso del planteamiento de la muerte digna y  la inaplicación el articulo 112 del código penal que criminaliza la actuación del médico que puedan llevar a cabo al eutanasia. El tema de la eutanasia tiene que se regulado por la Constitución y la Ley.

Por eso, consideró que la inaplicación del articulo 112 del Código  Penal contravendría la Ley General de Salud. Cuando revisamos el Decreto Legislativo 1161 señala de forma clara las  funciones rectoras del MINSA, entre las que figura, la evaluación de la política de salud a nivel nacional y preventiva, por ello no se podría transgredir, esa norma para aplicarlo a un caso concreto.

Finalmente, el Juez Constitucional señaló que el caso ha quedo expedito para sentenciar, pero se hará dentro de un plazo razonable por la trascendencia que reviste el caso y por al altísima carga procesal.

 

 

 

 

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