CIDH: Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos.

El objetivo de esta Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH” o “la Comisión”) es proporcionar una herramienta de uso aplicado que permita a integrantes de la sociedad civil, en particular personas defensoras de derechos humanos y a los Estados de la región, contar con un instrumento que aborde los contenidos básicos en materia de mitigación y/o eliminación de riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, a través de esta Guía se busca analizar las buenas prácticas y experiencias para la evaluación y mitigación de riesgos, así como las acciones pendientes para garantizar plenamente el derecho a defender los derechos humanos en las Américas.

La Comisión ha reconocido que las obligaciones de los  Estados para la protección del derecho a defender derechos humanos se encuentran interrelacionadas y son interdependientes para lograr una protección integral.
Así, para garantizar un entorno libre y seguro para el ejercicio de las labores de personas defensoras de derechos humanos, los Estados deben cumplir de manera integral con las obligaciones en la materia. Los Estados tienen el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también de prevenir y protegerlos de manera adecuada ante los riesgos que enfrentan, bajo el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa en toda sociedad democrática.

Los Estados deben superar el obstáculo de la impunidad para elaborar planes efectivos de mitigación de riesgo sobre las personas defensoras de derechos humanos.
El no esclarecimiento de un delito sobre estos actores sociales tiene un efecto amedrentador dentro de la sociedad y, al mismo tiempo, debilita la confianza respecto a los sistemas de justicia.
El Estado debe instruir al personal de la justicia respecto al rol y el impacto que las defensoras tienen en la sociedad, así como también respecto a los riesgos que enfrentan al realizar su trabajo.
Algunos países de la región cuentan con marcos normativos especializados para la investigación de delitos contra las personas defensoras, sin embargo, la CIDH observa que aún falta voluntad política para que se haga efectiva su aplicación.
Lee la Guía Práctica sobre lineamientos y recomendaciones para la elaboración de planes de mitigación de riesgos de personas defensoras de derechos humanos.
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