ECL. El Decano del Colegio de Abogados de Lima, Raùl Canelo Rabanal sostuvo una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por su presidenta Roberta Clarke y sus 5 comisionados y presentó un análisis exhaustivo sobre el deterioro institucional que enfrenta el Perú. Entre los puntos más críticos planteados por el decano, destacó la Ley N.º 32107, conocida como la “Ley de Impunidad”, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2000. Expresó su preocupación por proyectos legislativos que buscan retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ignorando las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Otro tema abordado fue la normativa que compromete la autonomía del Ministerio Público, al facultar a la Policía para realizar allanamientos e investigaciones sin autorización judicial ni fiscal, lo que, según el CAL, representa un grave riesgo para los derechos de los ciudadanos.
A continuación se reproduce el comunicado oficial
𝗪𝗮𝘀𝗵𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻, 𝗗.𝗖. En un contexto marcado por la creciente preocupación internacional sobre la situación política y jurídica en el Perú, el Colegio de Abogados de Lima (CAL), representado por su decano, Raúl Canelo Rabanal, sostuvo una trascendental reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por su presidenta Roberta Clarke y sus 5 comisionados.
A la reunión también asistieron la vicedecana del CAL, Milagros Terry Gamarra, y el Director de Ética Profesional, Mauro Leandro Martín. Durante el encuentro, Canelo Rabanal presentó un análisis exhaustivo sobre el deterioro institucional que enfrenta el Perú. Señaló el avance de una coalición política en el Congreso de la República del Perú que, sin distinción de posiciones ideológicas, ha subordinado al Ejecutivo y comprometido la independencia de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entre los puntos más críticos planteados por el decano, destacó la Ley N.º 32107, conocida como la “Ley de Impunidad”, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2000. Esta norma, según el CAL, representa un grave retroceso en justicia y beneficia a responsables de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, expresó su preocupación por proyectos legislativos que buscan retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ignorando las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Otro tema abordado fue la normativa que compromete la autonomía del Ministerio Público, al facultar a la Policía para realizar allanamientos e investigaciones sin autorización judicial ni fiscal, lo que, según el CAL, representa un grave riesgo para los derechos de los ciudadanos.
El decano también alertó sobre propuestas que buscan tratar a adolescentes como adultos en el sistema penal, contraviniendo estándares internacionales, y cuestionó la permanencia del titular del Ministerio de Educación del Perú, Morgan Quero, por sus declaraciones que minimizan violaciones a menores y su postura sobre los derechos humanos.
Desde Washington, D.C., la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, expresó su preocupación por las denuncias presentadas y subrayó la importancia del CAL como referente ético y técnico en la defensa de los derechos humanos en el país. Asimismo, destacó que la CIDH dará seguimiento a la situación del Perú y recalcó la necesidad de contar con un diagnóstico riguroso y actualizado sobre el estado situacional del país, tarea en la que el CAL tendrá un rol fundamental, puesto que el Estado peruano no ha hecho extensiva la solicitud a los comisionados de la CIDH para la realización del monitoreo y diagnóstico respectivo.
Por su parte, los directivos Milagros Terry y Mauro Leandro Martín realizaron precisiones técnicas sobre los casos expuestos, destacando la importancia de mantener la independencia de las instituciones y de asegurar que el sistema judicial se mantenga ajeno a presiones políticas. Ambos directivos recalcaron que el CAL continuará vigilante frente a cualquier norma o acción que vulnere los derechos fundamentales de los peruanos.
El Colegio de Abogados de Lima reafirmó su decisión de seguir trabajando en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos, a pesar de los riesgos y desafíos que esto implica. “El CAL ha asumido la tarea de ser la voz jurídica del Perú en este momento crítico, denunciando abusos y promoviendo un diálogo fundamentado en principios democráticos. Seguiremos articulando esfuerzos con organismos internacionales y nacionales para garantizar que el Perú recupere su institucionalidad,” concluyó el decano. Lima, 27 de diciembre de 2024
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🔵📢 #LOÚLTIMO | CAL SE REÚNE CON LA PRESIDENTA DE LA CIDH PARA TRATAR LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ
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