2 de abril de 2020 

La sesión, conducida por el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, y por los demás miembros de la Mesa Directiva, se realizó en la sala Grau del Palacio Legislativo.

A primera hora (12:40 p.m.) recibió como invitados al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y la superintendenta de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen Zegarra.

Precisamente, los altos funcionarios de Estado manifestaron sus puntos de vista sobre el primero de los proyectos, y de este modo, el texto sustitutorio sobre disponibilidad de fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) quedó denominado como Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020.

En su primer artículo, el proyecto permite que sus afiliados, de forma voluntaria, y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% de los fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, siempre y cuando no superen el equivalente de tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Quedó establecido que el monto mínimo de retiro será equivalente a una UIT.

La entrega de los fondos se efectuará el cincuenta por ciento (50 %) a 10 días calendario después de presentada la solicitud y el otro cincuenta por ciento a 30 días calendario después del primer desembolso. Si el afiliado posee menos de una UIT en su fondo, se le permitirá retirar el cien por ciento y en una sola oportunidad.

CONTROL SIMULTÁNEO
Los voceros también precisaron la ley que faculta a la Contraloría General de la República a intervenir en la emergencia sanitaria por el COVID-19, “con las modalidades de Control Simultáneo, Control Concurrente, Visita de Control y Orientación de Oficio, sin que ello signifique una mayor asignación presupuestal”.

El ente contralor podrá intervenir en las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control a que se refiere el artículo tercero de la Ley 27785, receptoras de recursos públicos asignados durante la emergencia sanitaria que vive el país; esto es, en los proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras, y en toda actividad y procesos donde se transfieran fondos públicos sin limitación alguna.

Fuente / Prensa Congreso