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El Pleno del Congreso de la República aprobó, en forma unánime, la Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente y dota a la Contraloría General de la República de un financiamiento de hasta el 2 % del valor total de una obra que excede los diez millones de soles, desde su formulación y evaluación.
El dictamen, que se basó en el Proyecto de Ley 6999/2020, el mismo que recibió la acumulación de diversos proyectos al finalizar el debate, obtuvo 105 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones; y seguidamente se le exoneró de segunda votación.
El titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Maquera Chávez (UPP), informó que la propuesta tiene como objeto fortalecer a la Contraloría General (CGR) de la República, dotándola de recursos para la correcta fiscalización de la ejecución de los recursos públicos. Para este efecto, la propuesta establece que son objeto de control concurrente por parte de la Contraloría, la ejecución de inversiones y cualquier iniciativa de contratación de bienes, servicios u obras que genere el desembolso de recursos públicos y/ o garantías financieras o no financieras por parte del Estado.
Asimismo, se señaló en el debate que la proposición legal es consistente con el artículo 5 de la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la corrupción, que, sugiere que cada Estado parte, “de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”.
Maquera Chávez expuso que el PL, materia del dictamen en debate, se enmarca en las políticas de la vigésima cuarta y vigésima sexta políticas del Acuerdo Nacional que establecen como política de Estado “la afirmación de un Estado eficiente y transparente”, y “la promoción de la ética y la transparencia, así como la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas”.
Mencionó además que, sobre la base del Acuerdo Nacional, “el Poder Ejecutivo expidió el Decreto Supremo 044-2018-PCM, mediante el cual aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. En dicho Plan, destaca el EJE 3 referido a la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción”.
Se “debe considerar al control concurrente como una herramienta que permita impulsar la transparencia en el funcionamiento de los procesos de contratación pública en aquellos aspectos que representan un mayor riesgo, lo cual es pertinente conforme en un contexto de a) corrupción generalizada, b) control interno limitado y c) un inconcluso proceso modernización del Estado y de reformas en el Estado”.
Los beneficios de la aprobación de la norma propuesta resultan evidentes, sostuvo, pues “ha permitido que se mejoren los procesos de compra y distribuciones de las canastas con insumos de primera necesidad para las personas más pobres; que se emplee un adecuado equipamiento y adecuación de espacios en centros hospitalarios”; que se genere un ordenamiento en los centros de abastos”.
📌 El Pleno del Congreso aprobó la ley que expande control concurrente de la Contraloría General de la República. Conoce esta y otra noticias en nuestro boletín informativo.
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— Congreso del Perú (@congresoperu) June 22, 2021
