Entérate con Lesly.-  En el marco del 137 Sesión (27 feb. 2023 – 24 mar. 2023), del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Perú  y conforme al calendario establecido desde octubre de 2022, una delegación de alto nivel, encabezada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, sustentó el sexto informe periódico del Perú ante dicho Órgano de Tratado  para informar sobre los avances en materia de derechos humanos en cumplimiento de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reafirmar el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales. ( derechos civiles y políticos). El Ministro de Justicia señaló  que en el Perú se vive por un lado protestas sociales y de otro, actos de violencia que vivimos desde el 7 de diciembre de 2022.

El Perú es respetuoso del derecho a la protesta, pero a la vez rechazamos todo acto de violencia que impacta directamente a la vida, a la saluda,  al acceso de justicia, a la liberta empresarial, al trabajo, a la libertad de expresión y de tránsito acotó el Ministro de Estado.

Nosotros estamos comprometidos con el diálogo bajo los parámetros del respeto a a Constitución, al Estado de Derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos. Las investigaciones que se encuentran en curso, tienen que determinar la verdad de los hechos y la responsabilidad de correspondan dentro del marco de un proceso en el que se garantice el debido proceso y el acceso a la justicia.  Asimismo, por invitación del Perú, hemos tenido en nuestro país las visitas tanto de altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello  informó sobre la creación de una comisión multisectorial para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas atender a deudos y heridos de gravedad, que recientemente ha autorizado el otorgamiento de un apoyo económico único y excepcional.

 

📹 | En la sustentación del sexto informe periódico del Perú ante el Comité de Derechos Humanos de @ONU_derechos. El MINJUSDH renovó su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Conoce más ⤵️ pic.twitter.com/bHbdoYLDPF

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) March 3, 2023

Por otro lado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos abordó importantes avances del Perú en materia de derechos humanos, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, la aprobación del Primer Plan Nacional de Acción Sobre Empresas y Derechos Humanos y la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, que espera ser aprobada en diciembre del 2023, entre otros.

Por su parte, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luiginno Pilotto coordinó la delegación que participa desde Lima, que incluye a la Viceministra de la Mujer, Silvia Loli, la Jueza Suprema Silvia Barrios, entre otros representantes del Ejecutivo, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y Ministerio Público.

Por su parte, el Representante Permanente del Perú en Ginebra, Embajador Luis Chuquihuara se refirió a los momentos difíciles que atravesó el Perú desde que el 7 de diciembre pasado un Golpe de Estado generó la reacción inmediata de las instituciones democráticas, permitiendo la rápida y legítima sucesión constitucional en la persona de la Presidenta Dina Boluarte. Al confirmar el estricto respeto del Perú al legítimo derecho a la protesta pacífica, especialmente por causas vinculadas a desigualdades históricas y estructurales que perduran, el representante peruano lamentó que episodios de violencia y vandalismo menoscaben y distorsionen importantes demandas sociales.

De acuerdo con el informe nacional presentado por el Perú ante el  Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre los puntos relevantes está el de la igualdad de hombres y mujeres. Al respecto, el Perú ha señalado que se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género. Asimismo, considerando que uno de los factores de desigualdad de participación entre hombres y mujeres en puestos de adopción de decisiones en el sector público y privado es la desigualdad de la remuneración, se promulgó la Ley núm. 3070996 y su reglamento, que busca reducir las brechas salariales prohibiendo la discriminación remunerativa por motivos de sexo. Posteriormente, se aprobó la “Guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías y funciones”  lo que promueve la asignación objetiva de remuneraciones. Además, a través del Decreto Supremo núm. 005-2017-MIMP, se dispuso la creación de un mecanismo para la igualdad de género en las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales

Adicional a ello,  en el 2018 se aprobaron los lineamientos técnicos para la transversalización del enfoque de género en la gestión institucional del Poder Judicial.  De acuerdo, con el Censo Nacional Agropecuario 2012 reportó que en el Perú existen 692 mil unidades agropecuarias (el 31% del total) que son conducidas por mujeres, y se observa un incremento de 11% en la participación de estas como conductoras de unidades agropecuarias entre 1994 y 2012. Asimismo, se aprobó el Plan Nacional de Agricultura Familiar, cuyo objetivo es mejorar los ingresos de los productores y productoras de la agricultura familiar de manera sostenible, a través del incremento de la productividad, de los niveles de seguridad alimentaria y de la eficiencia del manejo sostenible de recursos. Por otro lado, se aprobó la Ley núm. 30982, Ley que modifica el artículo 19 de la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, la cual establece que la directiva comunal debe incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones en su conformación

Asimismo, cabe mencionar que el 2 de diciembre del 2019 el pleno del Tribunal Constitucional (TC), mediante el voto de 4 magistrados, eligió por primera vez a una mujer como presidente de dicho Tribunal, la jueza Marianella Ledesma Narváez

En lo que respecta a  la Cuotas de género electorales ( párrafo 68)  se informó al Comité de Derechos Humanos, que el Perú aprobó la Ley núm. 30996, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y establece la paridad y alternancia de forma progresiva, 40% en el 2021, 45% en el 2026 y 50% en el 2031. Asimismo, afirma la obligación del Estado de establecer mecanismos y políticas públicas para promover la formación, capacitación y participación política de la mujer en igualdad de oportunidades. Además, la Política Nacional de Igualdad de Género, entre sus prioridades busca garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

Asimismo, que desde el 2014 al 2018 se dictaron talleres y cursos de formación electoral, dirigidos a integrantes de organizaciones políticas y sociales, se ha capacitado a los jefes departamentales del JNE106 y en el 2018 dicha entidad organizó el curso virtual “Participa en igualdad: Herramientas para una mejor política”, donde participaron 275 personas de todas las regiones del país, de las cuales 61% provenía de organizaciones sociales y 29% de organizaciones políticas. De entre los participantes, el 45% de los participantes declaró pertenecer a alguna población vulnerable. En las elecciones regionales y municipales de 2018, 35 de las personas capacitadas presentaron sus candidaturas: 17 mujeres, 14 jóvenes, 11 indígenas/campesinos, 1 afroperuana y 1 persona LGTBI.

Entre otros punto relevantes del informe nacional se ha dado cuenta que en cuanto  a la Erradicación de la trata de personas, trabajo forzoso y servidumbre doméstica, desde el 2007, se ha venido fortaleciendo el marco legal para la lucha contra la trata de personas y sus formas de explotación. En el 2007 se crea el tipo penal de trata de personas con sanción de pena privativa de libertad no menor de 8 años ni mayor de 35 años, en la última escala de agravantes (Ley núm. 28950238, Ley núm. 30251239 y Decreto Supremo núm. 001-2016-IN240).

Asimismo, en ese mismo años (2007) se creó la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, instancia nacional de coordinación permanente entre las políticas y acciones en materia de trabajo forzoso y de carácter intersectorial. A través de dicha comisión se han elaborado 3 planes nacionales para la prevención y erradicación del trabajo forzoso, siendo el ultimo aprobado en el 2019, denominado “III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022. En el 2012, se declara el 23 de setiembre como el día nacional contra la trata de personas (Ley núm. 29918243). En el 2015, se aprueba la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación (Decreto Supremo núm. 001-2015-JUS244), que orienta y encamina las acciones contra este delito. En el 2016 se crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes – CMNPTPTIM (Decreto Supremo núm. 001-2016-IN245) y se aprueba el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.

En el 2017, se incorporan tres nuevos tipos penales: a) Explotación sexual; b) esclavitud y otras formas de explotación; y, c) Trabajo Forzoso, un tipo penal relativo al trabajo forzoso y se aprueba el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017–2021248. En el 2019, se aprobó la Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas, mediante el cual se articulan las medidas de cada sector concernido en el proceso de reintegración de tales personas. El MIMP es el responsable de la supervisión y monitoreo de dicho plan .  Cabe mencionar que, respecto del delito de trabajo forzoso, la pena privativa de libertad impuesta va hasta 25 años en su forma más agravada y la inhabilitación.

La delegación del Perú reafirmó el compromiso del Gobierno para impulsar un diálogo nacional amplio e inclusivo por la paz social, sobre la base de un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el respeto del Estado de Derecho, para construir la convivencia pacífica que todos los peruanos y las peruanas anhelamos.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes, a través de la revisión de sus informes periódicos. La revisión del Perú concluirá el martes 7 de febrero.

INFORME NACIONAL DEL ESTADO PERUANO

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