El gobierno del Perú ha solicitado a la Secretaría General de la OEA una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para mañana jueves 20 de octubre, para ver la situación del Perú. De las piezas de la solicitud del gobierno, se estaría pidiendo la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana de Derechos Humanos (Fuente Epicentro TV) que en resumidas cuentas se refiere al riesgo de un proceso político institucional o el legítimo derecho del ejercicio del poder.

Veamos, tenemos un presidente de la República, sobre quien pesa serias imputaciones presuntamente por liderar una organización criminal, tráfico de influencia agravada y colusión, tal como se desprende de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. En ese sentido, corresponde al Congreso de la República, aplicar el procedimiento para su admisibilidad o no.

Aquí no se trata de crear figuras jurídicas o tipos penales forzados como se ha pretendido subrayar desde el gobierno. La denuncia constitucional tiene aplicación de estándares internacionales, de modo que, la estrategia política del gobierno, es pretender buscar el apoyo de la OEA para seguir en el poder, para menoscabar o amedrentar a la Fiscal de la Nación o al Congreso.

El procedimiento de la denuncia constitucional sigue su curso y como corresponde tiene que ser respetados los principios y garantías del debido proceso, como principio rector de la administración de justicia y como derecho humano.

En el marco de esta denuncia constitucional, se han despertados algunas controversias jurídicas en relación al rango constitucional o no de la Convención ONU contra la corrupción que la opinión viniendo dilucidando. Las controversias jurídicas constitucionales son resueltas en definitiva por el TC

Para el gobierno de Castillo y sus ministros, consideran que el presidente de la Republica no puede ser acusado durante el ejercicio de su función basándose en el artículo 117 de la Constitución, que fue elegido por 5 años y que al término de su mandato se irá.  En otras palabras, vacarlo sería ir en contra del ejercicio legitimo del poder. La Constitución prevé que el mandato del presidente dura 5 años, pero también prevé causales en que un presidente puede ser vacado, renunciar o ser inhabilitado y los tres supuestos lo resuelve el Congreso.  La vacancia en el Perú es sinónimo de votos y se requiere 87, sino los tiene no hay vacancia.

Por su parte el Congreso de la República, ha solicitado al Tribunal Constitucional una ampliación de la interpretación del artículo 117 en cuestión, porque el TC es el máximo órgano de interpretación de la Constitución.

De otro lado, es competencia del Congreso interpelar, censurar y vacar, lo dice la Constitución, cómo también de no autorizar el viaje del presidente fuera del país. Entonces, tenemos mecanismos y procedimientos constitucionales interactuando dentro de una democracia para solución controversias jurídicas constitucionales ¿En dónde está el riesgo de un proceso político institucional?

Pero un asunto que merece aclarar es el hecho de que el presidente de la República, sí puede ser investigado que no es lo mismo a decir, acusación.

La Fiscal de la Nación lo que ha solicitado al Congreso, es el levantamiento de la protección constitucional, para que continuar con las investigaciones que para el caso concreto sería una investigación preparatoria que no es una acusación como se pretende confundir, desde el gobierno.

El Perú vive una delicada situación como resultado de la incapacidad permanente de gobernanza por parte del  Sr Castillo Terrones, un entorno familiar y político sumergido en serias denuncias penales de organización criminal y corrupción; colaboradores eficaces que han desentrañado lo oculto por el gobierno actual, una  Fiscal de la Nación y fiscales de la investigación  quienes son objetos de hostilidad, amenaza y constante obstrucción de la justicia, un pueblo que no legitima a este gobierno y cuyo rechazo se ve en las calles y en las protestas públicas.

Elecciones regionales y locales con presencia de observadores electorales de la OEA; que demuestran que pese a tener todos los peruanos y peruanas una delicada situación provocada ´única y exclusivamente por el gobierno de Castillo, valoramos la democracia, como el derecho humano que tenemos todos a exigir, su protección y garantía.

Las Organizaciones Internacionales responde a principios y fines para los que fueron creados y una de esos fines es la protección de derechos humanos y la democracia, pero sobre todo EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN venga de donde venga y de quien venga.

En ese sentido, la OEA tiene que saber que, en el Perú, la debilidad de sus instituciones democráticas proviene no de la oposición sino de las propias acciones del gobierno de Castillo, de la corrupción como plantilla común en los gobiernos anteriores nacional, regional y local.

Nuestras instituciones democráticas son débiles por la corrupción y carencias de partidos políticos, pero jamás en la historia del Perú se ha conocido en menos de un año de gestión, redes criminales atribuibles a este gobierno. Personas del entorno político del gobierno que viene sondeando el asilo político, cuando no próspera el asilo político por delitos comunes.

Basta leer la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación para saber en qué problema está el Perú con un gobierno que a todas luces quiere desarticular el trabajo del Ministerio Público y lo viene desprestigiando en su imagen al sostener que un perseguidor político, un hecho que es falso.

La OEA tiene que preguntarle al Sr Castillo, ¿por qué ha cambiando reiteradas veces de ministros y ministras? Eso es el reflejo de una permanente incapacidad para gobernar. ¿A caso ello, no debilita la democracia y sus instituciones?

LA OEA tendría que preguntarle a Castillo ¿por qué desde que asumió el gobierno, ha colocado a ministros de Estado con investigaciones o antecedentes penales? ¿A caso ello, no debilita o pone en riesgo la democracia?

La OEA tiene que saber que, con el gobierno del Sr Castillo, hemos retrocedido en el enfoque de género. ¿Pregúntele, porque de los 19 ministerios a penas solo hay 3 o 4 ministras?  ¿pregúntele por qué el Sr Castillo quiere crear una prensa alternativa? ¿Eso no es acaso discriminación?

La OEA como organismo regional debe velar para los Pueblos de las Américas seamos protegidos de gobiernos que utilizan a la democracia para corromper. La corrupción es la destrucción de derechos y del progreso de una nación. ¿Cómo un gobierno que está seriamente comprometido con actos de corrupción pretende acudir a la OEA diciendo que en el Perú hay riesgo de ejercicio de Poder? Cuando es la corrupción la que crea ese riesgo. Es el Perú como pueblo, nación y sociedad quien está en riesgo, no es el Sr Castillo. Somos todos los peruanos sin distinción alguna quienes formamos el Estado, el pueblo.

Las Organizaciones Internacionales no fueron creadas para avalar ni a jefes de estado ni a gobiernos que estén bajo sospecha de corrupción o que estén comprendidos en investigaciones etc. Habría un serio riesgo y afectación a la democracia sí es que se pretendiese, hacer ello, sería desnaturalizar sus funciones y aplicar conveniencias políticas en lugar de hacer prevalecer los principios y propósitos de su creación.  Un escenario así, nos daría el argumento de no seguir perteneciendo a una organización internacional, caso concreto OEA.

La OEA estaría interfiriendo, dado que  la separación de poderes es evidente en el Perú.

Los Pueblos de las Américas no merecemos gobiernos que le hacen juego a la corrupción, que quebrantan sus proyectos de vidas, que los obligan a salir de sus países para buscar la protección internacional de refugio o asilo. La OEA tiene que sacar las mejores lecciones de que lo viene ocurriendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba, temáticas que  dicha organización no podido resolver.