17 de septiembre de 2020 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la publicación del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, cuya divulgación tuvo lugar el 16 de septiembre de 2020.

En dicho informe se insta al régimen de Venezuela a rendir cuentas por violaciones flagrantes y sistemáticas de Derechos Humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Ello en base a la evidencia recopilada por la misión que verifica que las más altas autoridades del Estado ejercían control sobre los ejecutores de dichas violaciones, y que Nicolás Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, habiendo dado las órdenes, coordinado actividades y apoyado acciones por las cuales se cometieron dichos crímenes. Entre las violaciones constatadas se incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas por motivos políticos, violencia ejercida contra manifestantes y la complicidad de un Poder Judicial renuente a investigar los hechos de manera sustantiva. Todo ello sugiere un patrón de acciones generalizadas y sistemáticas de represión y violación de los derechos humanos como políticas de Estado que constituyen crímenes de lesa humanidad. Concluye recomendando a la Corte Penal Internacional considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables.

La Secretaría General apoya y se hace eco de estas recomendaciones. Las mismas, así como los crímenes corroborados, son consistentes con lo contenido en el Informe de la Secretaría General de la OEA y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela del 30 de mayo de 2018. Al respecto, el informe de la OEA también identifica la cadena de mando de estos crímenes, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 subordinados por ejecutar órdenes. En una iniciativa sin precedente, y con base en el Informe de la OEA, 6 Estados Parte del Estatuto de Roma remitieron el caso de Venezuela a la fiscal de la Corte Penal Internacional y solicitaron una investigación el 26 de septiembre de 2018.

Las recomendaciones hoy formuladas por el Consejo de Derechos Humanos también son consistentes con el informe sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein. Este sostiene que “dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”.

En tal sentido, al tiempo que la Secretaría General saluda la publicación del informe, no podemos dejar de señalar las demoras en exigir rendición de cuentas. En materia de derechos humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte.

La Secretaría General quiere agregar algunos datos que hacen a la comprensión cabal del origen, ejecución y consecuencias políticas de dichos crímenes. Venezuela es hoy un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa. La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen.

Por estos motivos, tampoco podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por la presencia de representantes de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo. Urgimos a la comunidad internacional a actuar al respecto.

Asimismo, es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas como han hecho determinados actores internacionales actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura. Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas. Es también absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada, el colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura, no de la oposición.

Por todo ello, este informe debe llevar a la comunidad internacional a actuar de manera mancomunada y coordinada para ejercer la presión correspondiente, llevar a los criminales ante la justicia y liberar al pueblo venezolano de tanta opresión.

No es tiempo de ambigüedad, es tiempo de justicia; no es tiempo de encontrar términos de convivencia con la dictadura venezolana, es tiempo de restablecer la democracia en el país.

Fuente/ prensa OEA