Coronavirus obliga cierre del Penal Sarita Colonia

 

Por Mario Amoretti Pachas. Abogado, ex decano del CAL, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNMS

Teníamos la esperanza que el “nuevo Congreso de la República”, promulgó una última Ley – el Poder Ejecutivo no lo hizo-, inconstitucional: 1) Los Procuradores Públicos, de acuerdo a la ley que los rige,  defienden al Estado y entidades públicas, pero, se precisa que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que cometan delitos en ejercicio de sus funciones, durante el estado de emergencia, su defensa será asumida por los procuradores públicos, vulnerando la Constitución; 2) Prohibir, que un juez no decrete prisión preventiva, en contra de un miembro de las Fuerzas Armadas o Policiales,  haya causado lesiones graves o la muerte de una persona, “el juez, no decrete prisión preventiva”, es inconstitucional, viola la independencia judicial, son los únicos autorizados constitucionalmente, para decidir de acuerdo a las pruebas que adjunte el fiscal privar de libertad a un imputado y de ninguna manera una ley.

El cierre temporal del Penal “Sarita Colonia” y al parecer, igualmente, con los penales de Cañete y Chincha, centros penitenciarios, en las que existen varios internos contagiados con coronavirus, de acuerdo al Oficio del INPE, en la que comunican que en dicho penal del Callao, existen 4 internos contagiados con coronavirus, además de  información de familiares, que el número es mayor al indicado; y lo inhumano es que se ha dispuesto el traslado a otros penales, entre ellos a los contagiados, en lugar de enviarlos a un hospital, para que se siga propagando esta infección- ESTE TRASLADO ES DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 289 DEL CP Y LA PENA ES DE 3 A 10 AÑOS Y SI PRODUCE LA MUERTE, HASTA 20 AÑOS; hay que ser realistas y razonables, como se puede disponer esta distribución a otros penales del país, donde también hay infectados y se les ha tomado las respectivas muestras, algunas SE HAN EXTRAVIADO-y, de acuerdo a sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, se han pronunciado que los presos tienen derecho a la salud, al igual que todas las personas, de conformidad con lo previsto en del artículo 76 del Código de Ejecución Penal. Lo más grave, es que cerca del 45% de internos, se encuentran CON PRISIÓN PREVENTIVA, hasta cuándo se sigue abusando de esta medida.

Se aplique medidas urgentes, como se reabra el penal de “Virgen de las Mercedes” en Chorrillos donde estaban internados los militares y se cerró skin mayores explicaciones, igualmente, San Jorge, cerrado varios años, lugares donde deben ser trasladados los internos antes esta grave situación por la que vienen padeciendo los 97,000 internos en todo el país; asimismo, es conveniente que el órgano jurisdiccional, resuelva caso, que han quedado pendiente de pronunciamiento en caso de prisiones arbitrarias y que fueron dictadas arbitrariamente por algunos juzgados, sin la concurrencia de los presupuestos que se requieren para privar de libertad a un imputado, es el momento en que debe hacerse justicia a favor de los injustamente privados preventivamente de su libertad.

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