La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso designó al congresista Jorge Flores  Ancachi (AP), para investigar, la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra y las exministras de Cultura, Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por la irregular contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 al 2020.

En el caso de Martín Vizcarra, exmandatario, la denuncia formulada es por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y delito de negociación incompatible, por la presunta intervención en la contratación de Richard Cisneros mediante nueve órdenes de servicio sin que este cumpla con el perfil exigido para prestar el servicio. Vizcarra tendrá que responder por el delito de obstrucción a la justicia, a causa de las conversaciones sostenidas presuntamente en Palacio de Gobierno, junto a otros funcionarios de dicha dependencia, sobre la forma en la que debían dar su testimonio en la investigación fiscal que se realizaba sobre los hechos relacionados al caso Cisneros.

Por su parte, las exministras de Cultura están denunciadas por peculado doloso y negociación incompatible, tras hallarse indicios de su directa participación en la adecuación de servicios en el ministerio de Cultura para ser adjudicado a Cisneros, así como también la atención a las llamadas de la exsecretaria de la Presidencia, Miriam Morales, respecto de la contratación y pago a Cisneros, por orden del presidente Vizcarra.

La Subcomisión  también declaró procedente las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida  Ávalos  Rivera,  así como al Defensor del Pueblo, Walter  Gutiérrez  Camacho. La denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación señala que la titular del Ministerio Público habría cometido los presuntos delitos de comisión de abuso de autoridad, coacción, encubrimiento real, discriminación, omisión de altos funcionarios, peculado de uso, tráfico de influencias, violencias contra autoridades elegidas y encubrimiento personal previstos en los artículos 376, 151, 405, 323, 377, 388, 400, 369 y 404 del Código Penal.

La denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, es por la presunta  infracción  de los  artículos  139  (inciso  2)  y  162  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  y  por  la  probable comisión  de  los  delitos  de  abuso  de  autoridad  y  avocamiento  ilegal  de  procesos  en trámite, previstos  en  los artículos  376  y  410  del Código  Penal.

Fuente/ Congreso