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Entérate con Lesly.- El Relator de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación Clément Nyaletsossi VOULE mostró su preocupación por una decisión de la Fiscalía General de Cuba de impedir las marchas de protestas pacificas. Denegaron la solicitud presentada por algunos ciudadanos para efectuar marchas en ocho provincias del país, por considerarlas ilícitas. La Fiscalía General inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente.
La actuación de la Fiscalía al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos. Asimismo, la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.
Por su parte activistas opositores y el principal impulsor de la marcha cívica opositora del 15 de noviembre en Cuba, Yunior García Aguilera, anunció este martes que los organizadores estudian cómo minimizar los riesgos de violencia y eventual represión ese día «sin renunciar» a su derecho a manifestarse. «Nuestro objetivo es marchar contra la violencia y la liberación de los presos y no queremos más presos», declaró García Aguilera para EFE, tras precisar que se harán públicas las próximas decisiones «cuando pueda comunicarse con el resto del grupo».
García Aguilera mostró a Efe que le han cortado los servicios de internet y telefonía fija en su casa, en lo que considera un intento de silenciar sus reivindicaciones.
La plataforma opositora que solicitó marchar el 15 de noviembre y recibió la negativa del Gobierno al calificarla de «ilícita», expresó preocupación ante las imágenes en las redes sociales de brigadas de respuesta afines al Gobierno, armadas y listas para atacar a manifestantes opositores.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, subrayó hoy que se siente «responsable» por esos jóvenes dispuestos a salir a la calle y sus madres, por lo cual saldrán a defender su derecho «sin poner en riesgo a la gente».
El Gobierno negó el permiso a la marcha pacífica del 15 de noviembre bajo el argumento de que era «una provocación» enmarcada en la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba «ensayada en otros países» y la Fiscalía advirtió con procesar penalmente a los organizadores.
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, así como una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones. Por su parte el Gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE.UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
Las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con «cabecillas contrarrevolucionarios» de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un «cambio de régimen» y una «intervención militar». En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado una marcha de opositores al Gobierno.
Fuente/ EFE / ONU
«Nuestro objetivo es marchar contra la violencia y la liberación de los presos y no queremos más presos», declaró García Aguilera, tras precisar que se harán públicas las próximas decisiones «cuando pueda comunicarse con el resto del grupo».
García Aguilera mostró a Efe que le han cortado los servicios de internet y telefonía fija en su casa, en lo que considera un intento de silenciar sus reivindicaciones.
El representante de Archipiélago, la plataforma opositora que solicitó marchar el 15 de noviembre y recibió la negativa del Gobierno al calificarla de «ilícita», expresó preocupación ante las imágenes en las redes sociales de brigadas de respuesta afines al Gobierno, armadas y listas para atacar a manifestantes opositores.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, subrayó hoy que se siente «responsable» por esos jóvenes dispuestos a salir a la calle y sus madres, por lo cual saldrán a defender su derecho «sin poner en riesgo a la gente».
El Gobierno negó el permiso a la marcha pacífica del 15 de noviembre bajo el argumento de que era «una provocación» enmarcada en la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba «ensayada en otros países».
Ante la respuesta de Archipiélago de seguir con la convocatoria, la Fiscalía advirtió con procesar penalmente a los organizadores.
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, así como una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones.
El Gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE.UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
Las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con «cabecillas contrarrevolucionarios» de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un «cambio de régimen» y una «intervención militar».
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado una marcha de opositores al Gobierno.
#Cuba – I am concerned by the Attorney General’s announcement denying #HRD’s the right to carry out marches, in violation of fundamental rights. We remind the State of its obligation to enable a safe environment to express dissent & for #CivicParticipation https://t.co/BfhWlVYnLN
— UN Special Rapporteur Freedom of Association (@cvoule) November 11, 2021
