ECL.- DE acuerdo con el comunicado de Prensa, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró la nulidad de oficio en el Procedimiento Disciplinario Ordinario n.º 001-2024-JNJ seguido a la administrada Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación en la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, retrotrayéndolo hasta antes de la emisión del Informe de Instrucción n.º 063-2024-LITÑ-JNJ emitido por la exmiembro titular Luz Inés Tello de Ñeco.

El acuerdo del Pleno dispone, además, la cancelación de la sanción en el registro correspondiente; la rehabilitación de su título de fiscal suprema titular, para su inmediata reincorporación al Ministerio Público; y oficiar a la Fiscal de la Nación para que reponga a Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación.

El acuerdo también alcanza a la señora Azucena Inés Solari Escobedo, por su actuación como fiscal suprema provisional en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos; y a la señora Enma Rosaura Benavides Vargas, por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Nuevo instructor
Se precisa, además, que el Pleno designará a un nuevo instructor para que actúe conforme a sus atribuciones en la investigación contra las mencionadas administradas.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia reitera su compromiso con el debido proceso, la transparencia y la independencia en el ejercicio de su función disciplinaria, garantizando que todas sus decisiones se ajusten al marco constitucional y legal vigente

A la fecha y al cierre de esta nota, Patricia Benavides aùn no ha sido restituida en su cargo, el Ministerio Pùblico no ha dado cumplimiento a la decisiòn de la JNJ y la Junta de Fiscales se ha declarado en sesiòn permanente. Por su parte, el Poder Judicial  Judicial, ha  programado para el 24 de junio, a las 14.30, audiencia de suspensión de derechos, modalidad de suspensión temporal en el cargo por el plazo de 36 meses, contra Liz Patricia Benavides Vargas en la investigaciòn que se le sigue por el delito de cohecho activo en contra del Estado.