El Pleno con  46 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la Moción de Orden del Día N.° 28, mediante la cual se acordó constituir una comisión investigadora del proceso de las Elecciones Generales de 2021, que se encargará de investigar “los presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos; así como a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular”. La moción afirma que “durante el proceso de Elecciones Generales de 2021, tanto en la primera vuelta celebrada el 11 de abril como en la segunda del 6 de junio, se suscitaron una serie de hechos que han puesto en tela de juicio la transparencia e integridad del proceso electoral, viéndose ensombrecido de dudas por la existencia de presuntos actos de corrupción”.

Luego de finalizada la primera vuelta electoral en la que postularon para alcanzar la Presidencia de la República un total de 18 candidatos, representantes de los partidos políticos de Renovación Popular y Victoria Nacional advirtieron públicamente haber sido víctimas de un presunto robo de votos, falsificación de actas, entre otros; habiendo incluso acudido a las autoridades electorales competentes para exigir la revisión completa de todas las actas de la primera vuelta de las elecciones generales del 2021, pedido que fue desestimado por los órganos del sistema electoral”. Señala además que finalizada la segunda vuelta y  emitidos los resultados del conteo rápido emitidos por la ONPE, las cifras fueron colocando a ambos candidatos en una contienda ajustada voto a voto. Que, el Partido Fuerza Popular denunció la existencia de presuntas irregularidades en el proceso electoral, presentadas en muchas mesas de votación, lo que habría beneficiado al partido Perú Libre”.

La misma moción hace referencia a “presunta falsificación de firmas en las actas y que pese a haberse solicitado la exhibición de actas y del padrón de votación, esto no ha sido considerado por las autoridades electorales. También, que habiéndose solicitado una auditoría externa de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pedido no fue escuchado”.

“Ante los hechos descritos, resulta necesario desarrollar un proceso de investigación del actuar de los organismos electorales, teniendo en consideración que este proceso se ha visto plagado de una serie de cuestionamientos, incluso respecto del actuar de los representantes de la misión de veedores internacionales; lo que deslegitimaría los resultados y la proclamación del presidente de la República para el período 2021-2026”, señala el documento.

 Fuente/ Congreso