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Moscú y Pekín consideran «inexistentes» las sanciones internacionales reimpuestas por las potencias occidentales, mientras el OIEA admite haber perdido la trazabilidad de 440 kilos de uranio enriquecido.
I. La fractura procedimental: Dos realidades jurídicas en una sola mesa
La brecha en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto al expediente nuclear iraní ha alcanzado un punto de no retorno. La controversia ya no versa únicamente sobre la interpretación de un acuerdo expirado, sino sobre la existencia misma del marco legal que rige las sanciones internacionales, dividiendo al máximo órgano de seguridad global en dos bloques irreconciliables.
- El bloque oriental (Pekín y Moscú): China y Rusia sostienen que, tras la expiración definitiva de la Resolución 2231 el pasado 18 de octubre, «el Consejo puso fin formal al examen de la cuestión nuclear iraní». Desde la perspectiva china, cualquier informe, reunión o comité organizado bajo esta bandera carece de mandato legítimo, y su insistencia solo profundiza las divisiones e imposibilita una salida diplomática real.
- El bloque occidental ( Rein Unido, Washington y París): En el extremo opuesto, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia defienden que el procedimiento de restablecimiento automático de sanciones (snapback) surtió pleno efecto legal el 27 y 28 de septiembre de 2025, tras la negativa del Consejo a prorrogar la exención. Para las potencias occidentales, seis resoluciones previas —incluida la Resolución 1737— volvieron a entrar en vigor.
La delegación estadounidense fue más allá al ratificar que el Comité 1737 no solo existe, sino que está «plenamente operativo»: ha comenzado a procesar solicitudes de exención y la Secretaría de la ONU inició la selección de su grupo de expertos. «Los hechos son los hechos; el comité existe», sentenció la representación de Washington. Francia, al asumir la presidencia de la sesión, respaldó esta lectura recordando que dicha resolución impone al comité la obligación de rendir cuentas periódicas ante el Consejo.
El resultado es un impasse geopolítico inédito: para una mitad del Consejo, rige un régimen de sanciones internacionalmente vinculante; para la otra mitad, dicho régimen es una mera ficción jurídica sin validez alguna.
II. La paradoja del OIEA: Supervisión a ciegas en un escenario de guerra
Esta disputa procesal resultaría puramente bizantina si no fuera por el dramático contexto sobre el terreno. Mientras las potencias discuten sobre incisos y fechas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha perdido la capacidad real de fiscalizar el programa atómico de Teherán.
El organismo multilateral advirtió que la «continuidad de sus conocimientos» se ha roto definitivamente. A los años de restricciones de acceso impuestas por Irán se sumaron los ataques militares estadounidenses contra instalaciones nucleares y la guerra desatada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, factores que han pulverizado la capacidad de los inspectores para certificar el estado actual del programa.
El dato más crítico es la trazabilidad del combustible nuclear: el OIEA ha perdido la posibilidad de verificar con certeza el destino de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel a un paso técnico del grado militar, cuyo rastro se extravió tras las recientes ofensivas armadas.
III. Un Consejo prisionero de su propia parálisis
El choque diplomático revela una paradoja estructural. Pese a la retórica, la mayoría de los miembros del Consejo comparte formalmente el mismo objetivo estratégico: evitar que Irán se dote de armas nucleares y encauzar una solución negociada. Sin embargo, hoy ni siquiera coinciden en las reglas de juego ni en las herramientas legales diseñadas para lograrlo.
Casi un año después del vencimiento programado del Acuerdo de Viena, el Consejo de Seguridad permanece prisionero de su propia parálisis: pretende vigilar un programa nuclear cuya realidad material desconoce el OIEA, valiéndose de un catálogo de sanciones cuya existencia jurídica es rechazada abiertamente por dos de sus miembros permanentes con derecho a veto.
