Defensoría del Pueblo «Urge implementar un plan de trabajo integral durante estado de emergencia en Atico y Caravelí, Arequipa»

Ante la declaratoria del estado de emergencia, aprobada a través del Decreto Supremo N° 065-2022-PCM, en los distritos de Atico y Caravelí, provincia de Caravelí, región de Arequipa, por los enfrentamientos violentos entre mineros informales, que provocaron la muerte de 14 personas, 31 detenidos y varios desaparecidos, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

  1. La declaratoria de emergencia está amparada en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y, por tanto, comprende el restablecimiento del orden interno en estricto respeto a los derechos humanos. En ese sentido, la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, el Decreto Legislativo 1186 –que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP; y del, Decreto Legislativo 1095 -que establece las reglas de empleo del uso de la fuerza por parte de la FF. AA. en el territorio nacional.
  2. La intervención de los ministerios del Interior y de Defensa debe ser coordinada y articulada con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio Público el Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades de Ático y Caravelí, para cuyo efecto se requiere un plan integral que aborde, además del restablecimiento del orden público y una mayor presencia estatal en la zona, la problemática de la minería informal e ilegal a fin de garantizar la seguridad e integridad de todas las personas que viven en la provincia de Caravelí.
  3. Hechos lamentables como los ocurridos en los distritos de Atico y Caravelí son principalmente el resultado de la falta de una evaluación objetiva del proceso de formalización minera desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, respecto a sus falencias técnicas, presupuestales y de recursos humanos, principalmente en los gobiernos regionales que convierten en insuficientes sus acciones de formalización y fiscalización; y la ausencia de una política y estrategia integral para formalizar esta actividad y erradicar la minería ilegal, así como otras actividades ilegales conexas. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo insiste en la urgencia de que el Estado revierta estos factores, bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de órgano constitucional de defensa de derechos y supervisor del cumplimiento de las funciones de la administración pública; seguirá interviniendo en el caso, para salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía que vive en la zona.

Fuente/ Defensoría

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