El Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Machado, presentó hoy lunes 6 de diciembre el  informe defensorial  «Supervisión al Poder Ejecutivo en relación a la Libertad de Prensa». Como parámetros de esta evaluación, la institución ha identificado los estándares sobre las libertades de expresión e información desarrollados a partir de los pronunciamientos de los órganos nacionales y supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y el Tribunal Constitucional, y que constituyen las condiciones y requisitos que el ordenamiento jurídico debe respetar subrayó. Una de las conclusiones del presente informe, determina que el Poder Ejecutivo ha violado 8 estándares sobre las libertades fundamentales de expresión e  información.

Extracto del Informe

Conclusiones: 

1. El Poder Ejecutivo ha vulnerado los ocho estándares . Es preocupante que el propio presidente de la República, quien personifica a la Nación y ostenta el cargo de más alta jerarquía en el Estado, haya propiciado -indirecta o directamente- la vulneración de ambas libertades, ya sea tolerando conductas o discursos contrarios a estas, o participando en ellas. Esta situación ha conllevado a que se dificulte el libre ejercicio de la prensa y se ponga en riesgo los principios de pluralidad e independencia de los medios de comunicación y los derechos a las libertades de expresión e información de la ciudadanía, rasgos esenciales de todo sistema democrático. Por ello, es urgente que el Ejecutivo adopte acciones inmediatas para su debida corrección.
2. No se han asegurado condiciones suficientes que permitan garantizar la libre expresión de ideas y la difusión de información, especialmente cuando han tratado sobre asuntos de interés público. Peor aún, la actuación del Gobierno ha obstaculizado la labor de la prensa, especialmente, aquella cuya línea editorial le resulta contraria o incómoda a sus intereses.
3. Altos funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen un discurso orientado a atacar a los medios de comunicación e impidieron a los periodistas cubrir eventos de interés público. También se apreciaron actitudes negativas orientadas a evadir a la prensa, en algunos casos de forma indirecta a través del uso de un idioma distinto del español
4. La actual legislación no es adecuada para asegurar medios de comunicación públicos independientes; por el contrario, se considera erróneamente que los medios del Estado forman parte del Gobierno. Debe tenerse presente que el IRTP es un órgano independiente del Ejecutivo, cuya función como medio de comunicación público es estar al servicio de la Nación, con una línea informativa orientada a atender asuntos de relevancia pública y favorecer la promoción de la educación y cultura en todo el territorio nacional.
5. Los acontecimientos expuestos en el presente informe demuestran que existe un ambiente hostil hacia la prensa, en el que se han advertido actitudes y discursos violentos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo. Son las provocaciones, los estereotipos y calificaciones ofensivas contra cierto sector de 37. la prensa las que generan divisionismo y un clima propicio para las agresiones físicas y verbales. Las autoridades deben respetar el libre desempeño de las mujeres y los hombres de prensa. Su labor no debe ser considerada como una amenaza; por el contrario, esta contribuye a cimentar las bases de nuestro sistema democrático.
6. El Estado peruano no ha cumplido con su obligación de prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva las acciones violentas de las que han sido víctimas los periodistas, conforme lo establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En efecto, todavía se cuenta con casos en los que no se ha podido determinar a los responsables por ataques perpetrados contra periodistas por parte de integrantes del Ejecutivo.

En los últimos meses nuestra institución ha comprobado, que de un modo reiterado, el  gobierno a través de distintos actos no solo ha puesto en riesgo la libertad de prensa,  sino también los derechos de libertad de expresión e información de la ciudadanía.  Por estas razones, en el marco de su función constitucional de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de los deberes de la Administración Pública, la Defensoría del Pueblo consideró necesario analizar el desempeño del Poder Ejecutivo en relación con la libertad de expresión en el país. El resultado es el presente informe.

“Sin libertad de expresión no es posible sostener la existencia de una sociedad democrática. Por ello, genera gran preocupación que sea el propio Estado el que de forma directa o indirecta, amenace o ponga en grave riesgo la libertad e independencia de la prensa”, señaló Gutiérrez al referirse a la importancia de la actuación de su institución en la difícil coyuntura política y social que atraviesa el país.

Cabe recordar que, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo, creado para defender y promover los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.

 

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