Entérate con Lesly.- El Comité de Derechos Humanos concluyó esta tarde su 137° período de sesiones luego de adoptar las observaciones finales sobre los informes de Egipto, Panamá, Perú, Sri Lanka, Turkmenistán y Zambia. El Comité también aprobó su informe anual que abarca sus períodos de sesiones 135°, 136° y 137°.

Farid Ahmadov, Relator del Comité, presentó el proyecto de informe anual de las sesiones. Recordó que a marzo de 2023, de 173 Estados parte del Pacto, 115 eran parte del Primer Protocolo Facultativo, 90 eran parte del Segundo Protocolo Facultativo y 50 habían hecho la declaración prevista en el artículo 41(1) del pacto . Durante el 137° período de sesiones, Tania Maria Abdo Rocholl fue elegida Presidenta del Comité, Jose Manuel Santos Pais, Changrok Soh y Kobauyah Kpatcha Tchamdja Vicepresidentes y Farid Ahmadov Relator del Comité.

Durante las sesiones, el Comité recibió un total de 183 comunicaciones. De las 183 comunicaciones, el Comité había adoptado dictámenes sobre 93 casos y concluyó el examen de 17 casos declarándolos inadmisibles. Se interrumpieron 63 comunicaciones. El Comité había encontrado violaciones en 91 de las opiniones. Ahora había 1.189 casos recibidos y pendientes de consideración.

Durante el período, los Estados partes en el Pacto habían presentado siete informes periódicos. También se adoptaron directrices sobre los informes de seguimiento de las vistas.

La Sra. Tania María Abdo Rocholl, Presidenta del Comité, tomó la palabra para concluir la sesión. Dijo que durante la intensa y productiva sesión, el Comité había sostenido diálogos constructivos con las delegaciones de Egipto, Panamá, Perú, Sri Lanka, Turkmenistán y Zambia. En todas las revisiones, el Comité observó avances positivos, identificó inquietudes y formuló recomendaciones.

El Comité observó con pesar la falta de cooperación de varios Estados partes al no presentar observaciones sobre la admisibilidad o el fondo de las alegaciones de los autores, así como al ignorar las solicitudes de medidas provisionales para evitar daños irreparables a las víctimas. El Protocolo Facultativo exige a los Estados partes que proporcionen toda la información disponible de buena fe y respeten las solicitudes de medidas provisionales. La falta de respuesta de los Estados partes dio peso a las alegaciones de los autores.

En relación al Perú, el Comité expresó su preocupación por las presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales de finales de 2020 y más recientemente desde el 7 de diciembre de 2022, incluido el uso desproporcionado de la fuerza y ​​de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias masivas. Instó a Perú a investigar con prontitud e imparcialidad todas estas violaciones de derechos y llevar a todos los perpetradores ante la justicia.

El Comité también pidió al Estado parte que tomara medidas efectivas, como intensificar la capacitación de todos los agentes de control de multitudes, para prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones públicas.

El Comité cuestionó la vaga definición de «terrorismo» y la ambigüedad de la legislación antiterrorista. También expresó su preocupación por la creciente aplicación de dicha ley en las protestas sociales de los últimos meses, citando denuncias de malos tratos, agresiones físicas y sexuales, tocamientos injustificados y desnudez cometidos por funcionarios durante operaciones antiterroristas. 

Instó al Perú a reformar su legislación para garantizar que los derechos humanos estén protegidos en todas las acciones antiterroristas y que los sospechosos de actos terroristas gocen de todas las garantías legales apropiadas. También solicitó que Perú ponga fin al «terruqueo», el método de campaña negativa que acusa a las personas que ejercen su derecho de reunión de ser terroristas.