Comisión Permanente acusa a congresista Edgar Alarcón por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal

La Comisión Permanente aprobó, por mayoría (18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones), acusar a Edgar Alarcón Tejada (UPP) por antejuicio político en su condición de ex contralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.

De acuerdo con el inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se sometió a consulta la propuesta del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez (AP). La Denuncia Constitucional 371 fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 9 de julio del 2020. El informe de calificación sobre el cual se basa el informe final fue presentado el 6 de octubre de 2020 y aprobado por mayoría por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 8 de febrero último.

A Edgar Alarcón Tejada se le acusa por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

LA DEFENSA

Edgar Alarcón Tejada, acompañado por su abogado defensor, Humberto Abanto, sostuvo que la pretendida denuncia carece de sustento, pues copia, y enfatizó la palabra, una denuncia sin sustento que tiene como único fin “frenar su accionar frente a verdaderos actos de corrupción”, y eso “es un acto criminal”. Alarcón indicó que la supuesta ausencia de transparencia durante el periodo en el que se desempeñó como contralor por declaraciones juradas omisas, estas “son de carácter periódico, al inicio, al cese, es un estado de situación a la fecha, y no se declaran los movimientos en el año”. Que la actividad lucrativa que se le atribuye solo es por la compra de un vehículo, durante su periodo de contralor, y enfatizó lo siguiente: “Yo no ejercí actividad lucrativa dentro de mi función de contralor”.

Sobre el supuesto desbalance patrimonial afirmó que la cifra a la cual se llega no ha considerado el saldo inicial. “Es un hecho probado y demostrado”, manifestó, “que había dinero en mis cuentas bancarias al iniciar la gestión de contralor, y no consideraron el saldo inicial de 338 045 soles”.

En enero de 2017, señaló, el saldo inicial no reconocido fue de 19 160 soles, pues hizo una transferencia regular para pagar un saldo hipotecario, y “eso no es reconocido por la fiscalía”. Por ello, asegura que esta “con mala fe fabrica el desbalance patrimonial”.

Sobre ingresos bancarizados de supuesto origen desconocido indicó que el informe Tocto repite el vicio de la Fiscalía. Al respecto, el abogado defensor, Humberto Abanto Verástegui, explicó que la Fiscalía ha realizado una investigación incompleta, porque sí tenía los nombres de las personas que aportaron a las cuantas del excontralor.

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