Entérate con Lesly.- En el marco del 81 período de sesiones del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW), órgano de tratado de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la delegación del Perú representada por las Señoras Dina Boluarte Zegarra, Primera vicepresidenta Constitucional de la República del Perú y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Elvia Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial, Diana Mirian Miloslavich Tupac, Ministra de la Mujer y Poblaciones y Betssy Betzabet Chávez Chino, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo se dieron cita esta  mañana de forma virtual para el diálogo constructivo con  las expertas integrantes de la CEDAW, respecto a los avances y aplicación de la Convención.

Una de las preguntas claves formuladas por la CEDAW ¿Qué estrategia tiene el Estado peruano para combatir la trata de personas con fines sexuales? el Ministerio de la  Mujer y Poblaciones Vulnerables contestó diciendo que se viene aplicando una política de prevención desde las escuelas «Yo le pongo Cero a la Trata» y en 8 regiones del país.  A su turno el Crl PNP Jorge Díaz Cachay, Jefe de la División y Protección contra la violencia familiar comenzó señalando que se viene capacitando a la personal de la  PNP que tiene a su cargo el tratamiento e  investigación de trata de personas, se vienen realizando operativos en la zonas donde se tiene mayor información de trata, se realizan acciones con las ONGs a efectos de mitigar los factores que conllevan la realización de este delito.

Palabras de la señora Dina Boluarte Zegarra, Primera vicepresidenta Constitucional de la República del Perú y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Honorable señora vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, Dra. Ana Peláez Narváez; señoras expertas, en mi calidad de Primera Vicepresidenta de la República del Perú y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, me es grato saludarlas y, a la vez, transmitirles los saludos del señor Presidente de la República de Perú, Profesor Pedro Castillo Terrones, Muy buenos días con todos y todas.

Sumaj Punchay!

A manera de diagnóstico, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras reveladoras de la difícil situación en la que se encuentran nuestras mujeres en el Perú:

En el contexto de la pandemia por COVID 19 se han incrementado las cifras de violencia contra las mujeres: al 2020, 5 de cada 10 mujeres fueron víctimas de violencia ejercida en el hogar.

Las cifras del 2021 muestran el reflejo de la crisis por la que atraviesan las mujeres de nuestro país con 147 feminicidios y más de 5,900 mujeres desaparecidas, en su mayoría niñas y adolescentes.

Asimismo, es importante resaltar que el 58.2 % de hogares pobres del país son Jefaturados por mujeres.

Lamentablemente, el 12.6 % de mujeres adolescentes están embarazas o son madres.

Entre los periodos 2015/2018 y 2019/2022, el promedio nacional de mujeres electas como alcaldesas se pasó de 2,8% al 4,8%. Sin embargo, más recientemente, en las elecciones generales del 2021, el 38% de congresistas electas fueron mujeres, siendo ésta la cifra más alta de la historia respecto a su participación política.

En ese sentido, es sustancial manifestar que este gobierno muestra su total rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y quiero reiterar nuestro firme compromiso en la lucha para erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer. Por ello, quiero poner a consideración de este honorable Comité el Noveno informe del Perú, el cual, contiene cuatro ejes estratégicos: i) Repercusiones de la pandemia; ii) Marco normativo nacional de protección de las mujeres y la Política Nacional de Igualdad de Género; iii) Acceso a la Justicia y; iv) Grupos de Mujeres de Especial Protección.

Hoy me acompañan mujeres líderes de los diferentes sectores del Estado: la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado; la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich; y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

Asimismo, nos acompaña la señora Viceministra de la Mujer, María Pía Molero, adjunta de la delegación del Perú.

En materia de salud, a febrero de 2022 se contagiaron del Covid-19, más de 3.3 millones de peruanos; falleciendo 206 mil de los cuáles el 36.5% son mujeres.

Nuestro gobierno ha implementado las acciones necesarias para garantizar la vacunación en el país. Se han aplicado más de 59 millones de dosis, de los cuales 23 millones corresponde al 72% de la población que cuenta con al menos dos dosis aplicadas. Seguiremos sumando esfuerzos para llegar al 100% de la población a nivel nacional.

Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lograr la autonomía de la mujer es una de nuestras principales prioridades. Para ello, los programas sociales atienden a más de 3.5 millones de mujeres que promueven el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres como productoras, como cogestoras de servicios, o como lideresas en espacios locales. Esta población beneficiaria corresponde al 55.3 % del total de los usuarios de nuestros programas.

Desde el Programa Cuna Mas, las madres usuarias del programa logran insertarse al mercado laboral brindándoles la oportunidad de ir a trabajar dejando a sus hijos en un lugar seguro con alimentación nutritiva y variada; el Programa Juntos contribuye al empoderamiento de la mujer donde 628 mil mujeres han recibido el incentivo monetario, fortaleciendo su rol como decisoras y administradoras de los ingresos del hogar; el Programa de Complementación Alimentaria, beneficia a 100 mil mujeres que participan como socias activas en comedores populares. Por otro lado, el Programa FONCODES, promueve la inclusión productiva con enfoque de género: 88 mil Jefas de hogar fueron beneficiadas con proyectos Haku Wiñay, además, desde el modelo de intervención Noa Jayatai Mujer Indígena, se ha fortalecido la participación de 1,200 mujeres amazónicas han desarrollado capacidades productivas para mejorar la seguridad alimentaria de sus familias.

A fin de reducir el impacto de la pandemia en la economía peruana, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se impulsó el bono Yanapay, que en quechua significa ayudar; beneficiando a 13.5 millones de ciudadanos. Y, en respuesta a la crisis alimentaria por el Covid 19, se entregaron 2.8 millones de canastas de alimentos atendiendo a 1.4 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

Para el 2022, hemos logrado el incremento del 65 % del presupuesto para mejorar la ración de nuestros comedores populares, este es un aumento histórico luego de 20 años de gestión.

El Estado ha venido implementando una serie de normas y políticas orientadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; para ello, en los últimos años se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género; se constituyó la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género; y se creó el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.

En materia de participación política y de derechos económicos y sociales, las señoras Ministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente, informarán las acciones adoptadas por el Estado en dichas materias.

Antes de ceder el uso de la palabra a la Señora Presidenta del Poder Judicial, quisiera mencionar que este gobierno impulsa la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (2021-2025) que establece como uno de sus objetivos prioritarios “Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”.

Finalmente, reafirmo nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando por eliminar la violencia contra la mujer, y la discriminación en todas sus formas. En ese objetivo, convocamos a todos los poderes del Estado y la sociedad civil organizada.

Muchas gracias

Palabras de la señora Elvia Barrios Alvarado, Presidenta del Poder Judicial

Señora presidenta y señoras expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer:

Me dirijo a ustedes en mi calidad de primera presidenta del Poder Judicial peruano en doscientos años de vida republicana, lo que nos muestra que aún nuestro país carga el peso de la discriminación estructural contra las mujeres, tal como lo reconoce la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada el 2019.

La discriminación ocasiona severos recortes en el reconocimiento y ejercicio de múltiples derechos de las mujeres, e impacta también en el Poder Judicial como institución, así como en la tutela efectiva de los derechos de las mujeres que acuden a solicitar justicia. Por ello, confrontar la discriminación estructural contra las mujeres constituye una prioridad de este Poder del Estado peruano.

Con ese fin, desde el 2016, hemos institucionalizado el enfoque de género en todos los niveles de la administración de justicia. Contamos con la Comisión de Justicia de Género de la Corte Suprema para avanzar hacia un servicio de administración de justicia confiable, que facilite el acceso a la justicia, en igualdad y libre de discriminación para todas y todos, brindando un servicio de calidad, integrado por jueces que internalizan y aplican el enfoque de género en sus decisiones y actuaciones. Solo así podemos garantizar el principio de imparcialidad subjetiva, que es parte del debido proceso e implica que cada juez o jueza se aproxime a los casos, libre de prejuicios.

De otro lado, quiero destacar que, en el 2021, el Poder Judicial hizo suyo el principio de paridad, con lo cual se convirtió en el único Poder del Estado que, de manera sostenida, tiene una representación igualitaria en uno de sus órganos de más alta jerarquía, que es la Corte Suprema. Eso fue posible al aplicarse a la selección de vocales supremos provisionales el numeral 1 del artículo 4 de la Convención, que permite la adopción de medidas temporales para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.  Con esta decisión, no solo materializamos el principio de igualdad y no discriminación, sino que demostramos que la paridad y la meritocracia son plenamente compatibles; con ello, contribuimos a derribar este estereotipo que ha obstaculizado el acceso de las mujeres a los más altos cargos. Debemos normalizar la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los ámbitos, incluyendo la administración de justicia.

Asimismo, debemos garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como su derecho a alcanzar la justicia célere y oportuna; ello constituye una prioridad en nuestra agenda judicial. En el 2018, con recursos propios, creamos dos módulos integrados contra la violencia en los distritos judiciales de Lima Sur y La Libertad. En julio del mismo año, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, del cual forma parte el Poder Judicial. Su implementación es progresiva e incluye Centros Emergencia Mujer al interior de las comisarías, Defensa Pública para víctimas, así como fiscalías y juzgados especializados en la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Actualmente, como parte de este sistema, el Poder Judicial cuenta con 135 órganos jurisdiccionales, de los cuales 65 son para otorgar medidas de protección y 70 son órganos jurisdiccionales penales organizados en módulos que atienden las 24 horas del día y cuentan con un equipo multidisciplinario (psicología, medicina, trabajo social, entre otros) y con cámara Gesell para evitar la revictimización.

Sin embargo, su cobertura apenas alcanza a 9 de los 34 distritos judiciales que tiene el país, y no se han previsto recursos para ampliar su cobertura el 2022. Por ello, con recursos propios, el Poder Judicial ha creado juzgados especializados en otros 13 distritos judiciales, inclusive, ha creado juzgados transitorios especializados en los 12 distritos restantes, con lo que apostamos por mejorar el acceso a la justicia de las víctimas en todo el territorio nacional. En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el Poder judicial emitió diversas disposiciones para garantizar que estos servicios siempre estuvieran disponibles.

Mantenemos una política de capacitación permanente, que permita garantizar a las víctimas de violencia el acceso a una justicia célere y libre de impunidad. Este proceso incluye, no solo a jueces, sino, también al personal administrativo, secretarios técnicos y demás operadores, así como al personal multidisciplinario. Actualmente, el Reglamento de la Junta Nacional de Justicia encargada del nombramiento de jueces, juezas y fiscales incluye el requisito de acreditar estudios en materia de violencia contra las mujeres.

El Poder Judicial apuesta por la transformación digital y ha puesto a disposición de la ciudadanía diversos recursos para enfrentar la violencia contra las mujeres. En marzo del 2019, iniciamos el empleo del aplicativo Botón de Pánico que se instala en los teléfonos de las mujeres víctimas de violencia con riesgo alto como parte de las medidas de protección que adopta el juez o jueza. Alactivarlo, ellas pueden ser geolocalizadas por la Policía Nacional o el serenazgo municipal y recibir apoyo inmediato. Este aplicativo lo tenemos implementado en todas las cortes superiores del país.  Al 20 de diciembre del 2021, el Botón de Pánico fue activado 2 513 veces. Este es un aplicativo que salva vidas.

Asimismo, hemos impulsado el servicio de interoperabilidad en 343 comisarías a nivel nacional, incluidas las 44 comisarías de familia que, al 20 de diciembre, recibieron 128 117 denuncias. Estas víctimas han podido acceder a una respuesta articulada y rápida; de esta manera, interconectamos a jueces y juezas con la primera puerta de acceso al sistema de justicia que es la Policía Nacional, quienes nos remiten las denuncias que reciben de forma virtual. En este año, nuestra meta es desplegar la interoperabilidad a nivel nacional y llegar a las  1 300 comisarías que existen.

En noviembre del 2021, lanzamos el aplicativo de acceso gratuito denominado SEGURAS, que permite a las víctimas de violencia ubicar los servicios más cercanos donde pueden acudir para solicitar ayuda, como los servicios de medicina legal, comisarías, juzgados, Centros Emergencia Mujer, Defensa Pública y centros de salud mental comunitaria. Como se observa, no nos limitamos a una labor jurisdiccional, sino que ponemos a disposición los medios para obtener orientación y apoyo.

De otro lado, el Poder Judicial cuenta con el programa de inteligencia artificial denominado Tukuy Ricuy, que permitirá a los jueces y juezas contar resoluciones de medidas de protección prediseñadas con la ayuda de un software, alimentado con una base de datos de miles de casos de violencia, de acuerdo con la situación de riesgo de la víctima, reduciendo los tiempos para el dictado de estas medidas. Esto servirá como herramienta de apoyo, ya que la decisión en cada caso la tienen las juezas y los jueces.

Si bien desde el Poder Judicial y desde las instituciones del sistema de justicia, venimos avanzando y mejorando nuestra respuesta frente al problema de la violencia de género; aún tenemos grandes desafíos, dado que nuestro país es multicultural y además tiene zonas de difícil acceso. A esas zonas alejadas, llegamos a través de los 82 Juzgados de Paz Letrados a quienes hemos incluido la facultad de otorgar medidas de protección, así como a través de los 5 948 jueces y juezas de paz que intervienen en sus comunidades. No podemos esperar que las víctimas acudan hasta las sedes judiciales, debemos acercar los servicios de justicia hacia las víctimas; por ello, estamos fortaleciendo nuestra justicia itinerante para garantizar que realmente la justicia sea para todas y todos en igualdad.

Tenemos el firme propósito de continuar articulando esfuerzos para garantizar un servicio de justicia adecuado, célere y eficaz, a nivel nacional y en cada distrito judicial, garantizando los más altos estándares de calidad y el respeto de las libertades y los derechos fundamentales.

En esta oportunidad, lo expresado pone de manifiesto la voluntad política del Estado peruano y, en particular, del Poder Judicial de continuar implementando acciones que garanticen alcanzar la meta de la igualdad de género y eliminar la discriminación hacia las mujeres en nuestro país, especialmente en el acceso a la justicia.

Muchas gracias

Palabras de la señora Diana Mirian Miloslavich Tupac, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Señora Presidenta y expertas del Comité, durante mi intervención voy a dar cuenta de las medidas adoptadas para fortalecer la participación política de las mujeres, así como aquellas implementadas a favor de los grupos de mujeres en su diversidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que, por lo tanto, requieren de especial protección.

Mujeres y participación política

El Estado peruano, mediante Resolución Ministerial N° 192-2015-MIMP conformó “la Mesa de Trabajo para promover y garantizar la participación política de las mujeres”, encargada de coordinar el desarrollo de acciones estratégicas entre las instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para promover y garantizar la participación política plena y efectiva de las mujeres en la consolidación del sistema democrático.

Producto del diálogo y coordinación entre el Poder Legislativo, Ejecutivo, el Sistema Electoral y la sociedad civil, se modificó la legislación electoral emitiéndose la Ley Nº 31030, que establece el criterio de paridad y alternancia de género sobre el número total de candidaturas presentadas por cada organización política. Se estableció además, que la fórmula de candidaturas a gobernador y vicegobernador debe respetar el criterio de paridad y alternancia, y también que del total de circunscripciones a las que se presenten, la mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre.

En atención a esta norma, para las Elecciones Generales y del Parlamento Andino del 2021, se inscribieron 1.295 candidatas al Congreso de la República, lo cual representó el 50,3 % del total de postulantes. Como resultado, actualmente contamos con 50 mujeres congresistas. Esta cifra representa el 38.46% de congresistas mujeres, la más alta de la historia.

Asimismo, se aprobó la Ley N° 31155, “Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política”; entre las medidas más importantes de dicha ley destacan que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe llevar un registro de los casos de acoso político ocurridos a nivel nacional, y que las organizaciones políticas deben implementar medidas internas para la sanción de actos de acoso político, reportando los casos semestralmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Por su parte, el Ministerio de Educación incorpora en la currícula educativa contenidos sobre la importancia de la participación política de las mujeres, y el Ministerio de Cultura promueve la participación política de las mujeres indígenas, originarias o afrodescendientes.

Mujeres y Cambio Climático

En el 2018 se aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático con medidas especiales a favor de población en situación de vulnerabilidad, considerando a las mujeres dentro de este grupo.

En el 2021, se aprobó el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú”, instrumento con enfoque de género e interculturalidad orientado a reducir la exposición y vulnerabilidad de nuestro país frente a dicho fenómeno y aumentar nuestra capacidad de adaptación.

Asimismo, la Política Nacional de Igualdad de Género, considera como uno de sus objetivos incrementar el acceso y control de las mujeres a los recursos naturales, productivos y patrimoniales.

Por otro lado, se incorporó el enfoque de género en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como en las “Contribuciones Nacionalmente Determinadas”, con la finalidad de visibilizar y priorizar las acciones que respondan a la afectación del cambio climático en la vida de las mujeres, sobre todo indígenas y afroperuanas

Mujeres, y adolescentes, presuntamente desaparecidas

El Decreto Legislativo 1428, del 2018, desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, su reglamento incorpora la alerta de emergencia para niñas, niños y adolescentes, así como para mujeres víctimas de violencia de alto riesgo.

En el 2020, se aprobó el “Protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición”, para la activación de la alerta de emergencia en desaparición de niñas, niños y adolescentes, y mujeres víctimas de violencia de alto riesgo. En el mismo año se presentó el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas integrado por: la Línea 114, el portal web de personas desaparecidas, el Sistema informático para la activación de alertas de emergencia y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

En el 2021, se fortaleció el portal web con información sobre personas ubicadas, con desagregaciones por edad, género y condición de la ubicación. En ese año, se reportaron 12,984 denuncias por desaparición de mujeres, de las cuales 7,010 aun no habrían sido ubicadas.

Mujeres defensoras de derechos humanos, indígenas y afroperuanas

En el 2021, se aprobó el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que cuenta con un enfoque interseccional, de género y basado en derechos humanos; asimismo, actualizó la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040.

También se implementó una estrategia rural para la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, se incorporó la atención bilingüe en lenguas quechua y aymara en la línea 100, incluyéndose la variable étnica en las fichas de atención de nuestros servicios.

Finalmente, se encuentra en proceso para su aprobación la Política Nacional de Pueblos Afroperuanos.

Muchas gracias

Palabras de la señora Betssy Betzabet Chavez Chino, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

Señora Presidenta y expertas del Comité, reciban un cordial saludo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Para el Estado peruano y este Sector, la promoción de la igualdad y la prevención del trato discriminatorio contra la mujer ha sido y es, un tema central abordado desde distintas políticas públicas.

Durante la Emergencia Sanitaria, se emitió la Ley N°31153, que establece que las entidades de la administración pública reserven en todos sus programas para la promoción o generación de empleo o actividades de capacitación para el trabajo, no menos del 5% de sus plazas disponibles para las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia. Además, se emitió su reglamento y se creó un registro que permite contar con información de los avances obtenidos.

El sector trabajo ha estado a cargo del otorgamiento del Bono Independiente, del Bono Familiar Universal y del Bono Universal en todos los cuales se ha priorizado a las mujeres como responsables del cobro para cada hogar.

De igual manera, mediante la Ley N° 31051, se ampliaron las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes durante la Emergencia Sanitaria.

Respecto a la promoción de acceso al empleo y autoempleo en mujeres, en el 2021, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, a fin de elaborar una propuesta de intervención articulada intersectorial complementaria a la de las políticas nacionales que promueva el acceso al empleo de las mujeres en el corto plazo. En este grupo de trabajo denominado Wiñay Warmi (Crece Mujer) participan nueve ministerios del gobierno peruano. La propuesta estará vinculada a la promoción del empleo y de emprendimientos productivos, acceso a servicios del cuidado y a condiciones equitativas de trabajo y empleo, con participación de los gobiernos regionales y/o locales.

Para el sector agrícola, se aprobó en el 2020 la Ley 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial, que reconoce la necesidad de condiciones especiales para las trabajadoras mujeres y menores de edad. Su Reglamento desarrolla temas como la protección contra actos de hostigamiento sexual, la implementación de lactarios, la protección de trabajadoras gestantes y lactantes y la necesidad de contar con capacitaciones en derechos humanos y enfoque de género.

El Perú ratificó el Convenio 189 de la OIT y, en el 2021, aprobó la Ley 31047, Nueva ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar y, su Reglamento, a fin de, entre otros aspectos, prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo y garantizar sus derechos fundamentales.

Con relación a las medidas para fiscalizar los casos de hostigamiento sexual, desde el inicio del Estado de Emergencia a noviembre del 2021, el servicio de Orientación y acompañamiento “Trabaja Sin Acoso” brindó 671 atenciones y orientaciones. Asimismo, durante el 2021, se realizaron 311 acciones de fiscalización por casos de hostigamiento sexual y discriminación en el trabajo por remuneración y por sexo-género. Estas acciones permitieron identificar a los empleadores que incumplen la normativa sociolaboral, iniciar procedimientos sancionadores en contra de estos, y salvaguardar los derechos laborales de los y las trabajadoras.

Agradecemos su gentil atención. Quedamos atentas a las consultas que se nos puedan plantear.

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