Derechos Humanos: Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025

Mediante Decreto Supremo Decreto Supremo N° 009-2021-JUS publicado en el Diario  Oficial  El Peruano con fecha 11 de junio de 2021, se aprobó el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, como resultado de un proceso de dos años de diálogo entre 132 instituciones, sector empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, bajo el liderazgo del MINJUSDH. Perú es el 25.º país en el mundo y el 3.º de Latinoamérica en contar con un PNA a fin de  incorporar en las políticas públicas los Principios Rectores de la ONU para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales de todo tipo.

Introducción del Plan

La adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante, PR) en 2011 significó un hito internacional en la cuestión de las empresas y los derechos humanos, ello se alineó con las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales (2011) y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (2017), lo que constituyó el marco internacional de la denominada “Conducta Empresarial Responsable” (en adelante, CER), con el fin de promover la contribución positiva que las empresas puedan realizar
frente al desarrollo sostenible y ayudar a prevenir y abordar los impactos negativos.

Estos instrumentos establecen que todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura, tienen la responsabilidad de  evitar y hacer frente a las consecuencias negativas en las que puedan verse implicadas incluyendo aquellas presentes en las cadenas de suministro, mientras realizan una contribución positiva al progreso económico, medioambiental y social de los países en los que operan.

Entre los medios identificados para alcanzar este doble objetivo, destaca ampliamente la utilidad y versatilidad de los planes nacionales de acción (PNA), reflejándose ello en que 24 países en todo el mundo cuentan con este instrumento aprobado. El PNA sobre Empresas y Derechos Humanos es entendido como un marco para concretar políticas públicas que lleven al Estado y a las empresas –junto con otros actores– a hacer efectivos los Principios Rectores y el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Además, sitúa a cada país que cuenta con uno como un destino sostenible para las inversiones, pues garantiza una CER en línea con los mencionados estándares e instrumentos internacionales.

En Perú, los primeros acercamientos a la temática se remontan a la participación del “Programa País” de la OCDE, mecanismo para alcanzar los estándares y prácticas de dicha organización y servir como base para el proceso de reformas en sus políticas públicas, así como la adhesión de Perú a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en 2008, estableciendo además un Punto Nacional de Contacto para la CER en 2009. A las recomendaciones generales de los órganos internacionales de derechos humanos se sumó en 2017 la visita del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas (ONU) al país. Este reconoció la voluntad política del gobierno peruano de implementar los Principios Rectores y advirtió los beneficios de la elaboración de un PNA sobre la materia para una mayor coherencia en las políticas públicas, así como para la protección y garantía de los derechos humanos.

Fuente/ Cuenta Twitter MINJUS DH

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.pdf
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