Opinión: ¿Es factible una nueva Constitución Política para el Perú? por Ricardo Velázquez Ramírez

2 de noviembre de 2020 

 

 

¿Es factible una nueva Constitución Política para el Perú?

Por: Ricardo Velásquez Ramírez/ Abogado,  Magister en Derecho Constitucional, Doctor en Derecho, docente universitario y especialista en derecho constitucional

¿Será necesario un cambio de Constitución Política del Perú? Sinceramente no es fácil contestar esta pregunta, ya que ello implica una enorme responsabilidad, pues no se trata de cualquier documento sino del pacto más importante de una nación. Lo ideal es que la Constitución rija para siempre o el mayor tiempo posible en un país o nación determinada. Pero ello dependerá de cada sociedad, de su grado de madurez y de su propia tradición, del grado de cohesión que ha alcanzado la sociedad, del origen de la Constitución y del grado de responsabilidad de su clase dirigente.

En aquellas sociedades donde las autoridades no respetan la Constitución, ésta no es sino una norma semántica y sin eficacia, carente de fuerza imperativa y con severos cuestionamientos a su legitimidad de ejercicio. Constituciones de este tipo tienden a desaparecer y dar paso tarde o temprano a una nueva Constitución.

Lamentablemente la política de un país no siempre se mueve por nobles ideales, suelen existir en ella fuerzas e intereses a los que poco o nada les importa la nación, por lo mismo, buscan desestabilizarla no pocas veces socavando la autoridad de la Constitución. Lo más preocupante es cuando ello proviene de las más altas esferas del poder de turno. Por ello, no siempre la vigencia de una Constitución es un tema de deseo, sino de la dinámica política nacional, del grado de madurez de su clase política, del grado de memoria histórica de su sociedad o nación, así como de los intereses e ideologías en juego.

Un país más que necesitar de un sentimiento constitucional requiere de una conciencia constitucional histórica, de un compromiso con la grandeza de la nación y de una acción inspirada en los fines y valores que encierra la Constitución y los nobles ideales de la nación. Pues no se trata de una defensa a ojos cerrados de algo y de alguien cuando la base moral de una nación se degrada y cuando las instituciones son destruidas por las propias autoridades, cuando la Constitución se convierte en un papel de letra muerta que solo se le invoca cuando el grupo que está en el poder le conviene y se desacata cuando hay que defender los derechos de la ciudadanía.

Tampoco es cierto que por mantener una Constitución se resolverá los problemas de inmediato o en el mediano plazo; pueda que sí, pero es más seguro que no, sobre todo cuanto dicha Constitución no importa a los detentadores del poder. La permanencia o no de una Constitución tiene que ver con su legitimidad de origen y con su legitimidad de ejercicio. De tal forma, que la Constitución debe ser tomada como aquella posibilidad y a la vez oportunidad para cohesionar a la nación, buscando la fórmula de crear conciencia nacional, constitucional y democrática. Si algo hemos aprendido de nuestra historia constitucional es que la mayoría de constituciones tienen un origen espurio, provenientes de dictaduras.

Lo lamentable es que los órganos llamados a la defensa de la Constitución y de gestar una conciencia y tradición democrática y constitucional, no hacen sino reforzar todo lo contrario, es decir el darle continuidad y un manto de aparente legitimidad a todo aquello que precisamente es antidemocrático, inconstitucional y antinacional. Lo grave reside cuanto estos órganos públicos se valen de la historia no precisamente para afirmar los principios democráticos y constitucionales, sino más bien para debilitar estos, incluso para justificar constituciones autocráticas.

El cambio de Constitución no es un simple deseo y propósito de un grupo de aventureros, es el resultado de la salida a una crisis política generalizada y que encuentra en ella una posibilidad de superar tal situación estableciendo un nuevo pacto político, involucrando a toda la sociedad a través de la representación constituyente.

Las constituciones, no por tener instituciones que están presentes en cada una de ellas o mejor dicho no por tener instituciones que se reproducen en cada una de ellas, significa que adquieren eficacia o hay en ellas una conciencia constitucional histórica de parte de sus autores o propulsores. Es necesario, que responda a un espíritu democrático y constitucional, así como a su respeto por las autoridades públicas y por la ciudadanía, pues si ello no ocurre simplemente es una Constitución semántica o un documento carente de eficacia.

La vida política, para bien o mal, siempre trascenderá más allá de lo jurídico constitucional, de tal forma, servirá para dar nacimiento una Constitución, para respetarla, para debilitarla o para destruirla. Lo ideal es que no solo sea para dar nacimiento a una Constitución sino también para consolidarla, pero la tradición y los valores de la clase política y de la sociedad, tienen que ver mucho en ello.

La Constitución para que sea democrática, al momento de su formulación y posterior aprobación, por ningún motivo debe ser de una mayoría o de una minoría, pues su esencia reside en responder a la nación entera y a cada uno de sus miembros; pues de ocurrir lo contrario, es una Constitución que tendrá serios problemas de legitimidad de origen. Ella es una de las razones de la falta de permanencia o del corto periodo de vigencia de las constituciones en Perú y en la mayoría de países de Latinoamérica. El imponer una Constitución, ya sea por una mayoría o una minoría, lo único que genera es resentimiento y resistencia de aquellos grupos y sectores que están en contra de la misma.

Es necesario que una Constitución no solo recoja los aspectos fundamentales y relevantes de una sociedad, sino también que todos sus miembros encuentren en ella los valores, principios y reglas básicas para la convivencia comunitaria o societaria, además de las demandas más sentidas y trascendentes de dicha sociedad. Para garantizar el respeto y eficacia de la Constitución, es importante que sea producto de un acuerdo de consenso nacional en la instancia de representación constituyente, llamase Convención Constituyente, Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente, según sea el caso.

Los hechos o acontecimientos políticos constitucionales que se dan en un país no necesariamente tienen impacto inmediato en otro país, así tengan similares o muy parecidos problemas o demandas, pues para que ello ocurra, mucho cuenta la correlación de fuerzas políticas, la predisposición de los grupos que tienen la hegemonía política, la disposición de la ciudadanía de luchar por la causa de una nueva Constitución, la crisis política generalizada, el descrédito o falta de legitimidad de ejercicio de la Constitución vigente y la convicción que con una nueva Constitución podrán redireccionar el rumbo de la sociedad.

Tampoco la Constitución es la vara mágica con que disponen las autoridades o las sociedades para que una vez aprobada de inmediato se resuelven los problemas, pues se necesita disposición y voluntad política de todos, en especial de las autoridades y de nuestra clase política, del mismo modo, se necesita de conciencia ciudadana constitucional, compromiso para respetarla y acciones para protegerla.

La Constitución de 1993, a pesar del cuestionamiento por la forma como se originó o aprobó, parecía que había encontrado una legitimidad temporal de ejercicio, sin embargo, los hechos provenientes de las autoridades de turno, consistentes en desacatar dicha Constitución, la convierte en una norma semántica, por lo que su futuro está cantado. Sin duda, el justificar constituciones de dudoso origen, como la actual, nos lleva desafortunadamente a ese círculo vicioso de cambiar constituciones cada cierto tiempo. Es que la forma de discutir y aprobar la Constitución es importante, pero también la de identificar y reivindicar los hechos democráticos que se han constituido en hitos históricos, más no aquellos hechos que justifican constituciones autocráticas.

Es compresible el temor a discutir una nueva Constitución, sobre todo en tiempos donde algunos  los medios de comunicación se prestan a oscuros intereses y a desinformar a la población. Pero también es legítimo que el pueblo, como titular del poder constituyente originario sea quien lo determine. Sin duda, ello no es en cualquier momento. Ello será cuando la crisis se extienda y llegue a su punto más alto, y cuando no quede otro camino que discutir una nueva Constitución. ¿Cuándo será ese momento? No lo sabemos, puede ser pronto o puede tardar, nada está dicho en política.

¿Qué es lo que estaría en juego si llegase el momento de discutir una nueva Constitución? En primer lugar, el régimen político, los fines del Estado y la sociedad, la forma de Estado y gobierno, el régimen económico, el sistema jurídico, los derechos y libertades fundamentales, las garantías constitucionales, los órganos de gobierno, la reforma constitucional, etc. Es decir, se trata de acogernos a un sistema de ideas y de Estado, a un régimen político. Por lo mismo, la lucha y disputa será de ideas y de modelos de Estado. Desde luego, hay quienes estaremos defendiendo un régimen democrático constitucional, donde se respete la dignidad humana, los derechos y libertades fundamentales, así como un orden social justo y solidario. Seguramente en la otra orilla estarán quienes propugnen un sistema autocrático o autoritario o totalitario u otro orden de ideas.

Lo importante es que la discusión sea conducida por la grandeza y prosperidad de la nación y la construcción de un Estado y una sociedad digna y democrática.

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