¿Prisión preventiva como medida de coerción personal debe entenderse como regla o excepción a la regla?

Sin duda alguna el derecho constitucional está estrechamente relacionado con el derecho penal siendo que el Estado como titular de la potestad punitiva puede hacer uso de esa potestad muchas veces de manera arbitraria o irracional, lo hemos venido observando especialmente cuando el Ministerio Público realiza requerimientos de medidas de coerción personal como la prisión preventiva y la detención preliminar bastante utilizadas últimamente sin la justificación necesaria de sus presupuestos.

Frecuentemente percibimos la aplicación de la prisión preventiva con signos y síntomas mediáticos especialmente en los delitos de corrupción donde la prisión preventiva se ha tornado la regla y no la excepción[1]   el abuso en el uso de estas mediadas no es coherente con un Estado Democrático Constitucional donde una de las características es la vigencia de los derechos fundamentales como presupuestos de una sociedad democrática, ello se refleja en el cambio de paradigmas de un sistema inquisitivo a uno de corte garantista amalgamado de principios y garantías  que tienen como propósito la limitación del poder del Estado, al menos esa es la aspiración.

Entonces se torna importante reflexionar respecto al uso de esta medida de coerción personal cual es la finalidad que persigue, su naturaleza ya que al convertirse en una medida mediática nos hace perder el sentido de su esencia además de intervenir en la restricción de la libertad personal de manera injustificada, muchas veces arbitraria vulnerando el derecho fundamental de estándar elevado al encontrarse consagrado en la Constitución y en instrumentos de protección universal y regional que exigen la justificación en su aplicación y la observancia de su naturaleza excepcional.

En esa línea[2] el Juez dictará prisión preventiva como medida de coerción personal si el Fiscal en su requerimiento sustenta la concurrencia y justifica los presupuestos materiales establecidos  en el artículo 268 del Código Procesal Penal, como son; a) que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (observar el Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, en el que desarrolla el concepto de sospecha fuerte) b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad, c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)[3]. Además de los dos presupuestos agregados por la jurisprudencia[4] la proporcionalidad de la medida y su duración que exige al Juez valorar si el requerimiento de la prisión preventiva supera el test de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sensu) atendiendo a que esta medida intervendrá en el derecho fundamental a la libertad personal[5]  asimismo que la duración de esta sea razonable.

Como se puede apreciar, la intervención de esta medida en el derecho fundamental a la libertad personal tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado a lo largo de todo el proceso, más no se trata de una condena anticipada, es por ello que su imposición es de ultima ratio, al tener la naturaleza excepcional que exige la evaluación de otras medidas menos agresivas, en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia coherente con estándares convencionales, por ello se desnaturaliza cuando se impone arbitrariamente sin la justificación de cada uno de sus presupuestos los que deben concurrir, cuando  se prolonga injustificadamente, cuando se omite la  motivación cualificada  para su imposición

Siendo ello así, no es coherente que esta medida se mediatice  y se desnaturalice al utilizarla con otros fines que no corresponden, la actuación fiscal debe centrarse en construir la estrategia necesaria que conlleve el proceso a una sentencia condenatoria justificada en medios probatorios que generen convicción en el juzgador y no se derive en una sentencia absolutoria por falta de pruebas o pruebas plagadas de nulidades que desemboquen en una verdadera impunidad.

[1] Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia, César Villanueva, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García entre muchos otros enfrentaron solicitudes fiscales de prisión preventiva

[2] Sala Penal Permanente Casación N.º 626-2013 MOQUEGUA

[3] Nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo Nª 957 del 29-07-2004

[4] Casación 626-2013, Moquegua del 30 de julio 2015

[5] EXP N ° 04780-2017-PHC/TC, EXP N ° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado), Piura Ollanta Moisés Humala Tasso y  Nadine Heredia Alarcón, fdto 31 “…De ella deriva de modo directo el derecho fundamental a la libertad personal (artículo 2, inciso 24, de la Constitución). Es decir, la libertad física, sin cuyo ejercicio se restringe una gama importante de otros tantos derechos fundamentales

como el derecho de reunión, al trabajo, a la vida en familia, etc. Cuando una persona es privada de la libertad personal se produce, pues, un fenómeno extraordinariamente perturbador en buena parte del sistema de derechos. Es por tal razón que es la sanción más grave que puede imponerse en un sistema democrático (con excepción, claro está, de la pena de muerte, allí donde aún es aplicada).

Sobre Roslem Cáceres López

Abogada, Magister en Gestión de Políticas Públicas, Magister en Derecho Constitucional y Doctora en Derecho.

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