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OIT: Respuestas de los países en desarrollo en materia de protección social ante el COVID-19

15 de mayo de 2020

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una llamada de atención que ha alertado a la comunidad mundial y a los responsables de políticas nacionales acerca de la urgencia de acelerar los progresos en el establecimiento de sistemas de protección social, en particular, de pisos de protección social.

Los responsables de políticas de los países en desarrollo deberían tratar, en la medida de lo posible, de elaborar respuestas de emergencia a las crisis con una perspectiva a más largo plazo a fin de fortalecer los sistemas de protección social y el trabajo decente, incluso mediante el apoyo a la transición de la economía informal a la economía formal.

Es necesario aplicar una serie de medidas para dar una respuesta de emergencia adecuada y desarrollar una estrategia a más largo plazo que contribuya a fortalecer los sistemas de protección social y la preparación a las crisis en los países en desarrollo:

  • Garantizar el acceso a la atención sanitaria de calidad, movilizando fondos públicos adicionales para aumentar los presupuestos en el marco de la respuesta de emergencia, y salvaguardar y ampliar la cobertura de los mecanismos de protección social de la salud durante y después de las crisis.
  • Aumentar la seguridad de los ingresos mediante transferencias en efectivo, incrementando los niveles de prestaciones y ampliando la cobertura mediante programas nuevos o en vigor, adaptando las condiciones para recibir prestaciones, las obligaciones y los mecanismos de ejecución, y asegurando que, cuando sea necesario, las transferencias de efectivo humanitarias complementen y refuercen aún más los sistemas de protección social nacionales.
  • Proteger a los trabajadores de la economía informal mediante el diseño de políticas innovadoras para llegar a ellos con rapidez, combinando los regímenes contributivos y no contributivos y, a más largo plazo, facilitar su transición a la economía formal.
  • Asegurar la protección de los ingresos y los puestos de trabajo y promover el trabajo decente mediante sistemas de protección contra el desempleo y otros mecanismos para ayudar a las empresas a retener a los trabajadores y proporcionar un apoyo a los ingresos para los trabajadores desempleados, así como adaptar los programas públicos de empleo al contexto de la pandemia.
  • Coordinar más sistemáticamente las políticas de empleo y de protección social para promover una recuperación sostenible.
  • Movilizar recursos a nivel nacional y mundial sobre la base de la solidaridad, y estudiar diversas opciones con objeto de sostener y aumentar los esfuerzos después de la crisis para asegurar la financiación sostenible de sistemas de protección social basados en los derechos.
  • Aprovechar la llamada de atención que ha supuesto la COVID-19 para acelerar el establecimiento de sistemas de protección social universal, incluidos los pisos de protección social.

La OIT destaca que si bien el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales y afirma que el acceso a una atención de salud asequible y de calidad se ha convertido una cuestión de vida o muerte.

Destaca que los encargados de la formulación de políticas deben evitar centrar toda su atención en el COVID-19, ya que ello podría reducir la disponibilidad de los sistemas de salud para responder a otras afecciones que matan a personas todos los días.

El informe recuerda que el 55% de la población mundial, o 4000 millones de personas, carece de seguro y de asistencia social y que solo el 20% de las personas desempleadas tiene derecho a una prestación de desempleo, aunque en algunos lugares la cobertura es incluso inferior.

La Organización Internacional del Trabajo también subraya que la carencia de protección social puede obligar a ir a trabajar a personas que están enfermas o que deberían autoconfinarse, aumentando así el riesgo de infectar a terceros. Señala, además, que la pérdida de ingresos aumenta el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias y que esto podría tener un efecto duradero.

Triple ventaja de las medidas urgentes

La OIT insta a adoptar medidas urgentes y a corto plazo para resolver los déficit de cobertura y adecuación de las prestaciones de enfermedad, y apunta a la triple ventaja que ello podría entrañar: apoyo a la salud pública, prevención de la pobreza y promoción de los derechos humanos a la salud y la seguridad social.

Entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación de la cobertura de la prestación de enfermedad a toda la población, asegurándose de llegar a las mujeres y los hombres con una relación de trabajo atípica o informal, a los trabajadores por cuenta propia, a los migrantes y grupos vulnerables.

También recomienda aumentar las prestaciones para que proporcionen seguridad del ingreso, acelerar la concesión de subsidios y ampliar el alcance de las prestaciones en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo pasado en cuarentena o cuidando de personas enfermas a cargo.

“La crisis del COVID-19 es un llamado de atención. Ha demostrado que la falta de protección social no solo afecta a los pobres; también pone de manifiesto la vulnerabilidad de quienes tenían una situación relativamente buena, pues el costo de la atención médica y la pérdida de ingresos puede destruir fácilmente el fruto de decenios de trabajo y los ahorros de una familia”, puntualizó Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social de la OIT.

“Los ejemplos de distintos lugares del mundo vuelven a evidenciar que los países con un sistema de protección social sólido e integral están en una posición mucho más fuerte para intervenir ante una crisis y recuperarse de ella.

Los encargados de formular políticas tienen que aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia del público sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para asegurar la capacidad de respuesta en crisis futuras”, concluyó Razavi.

Fuente/ ONU/OIT

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